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ONU advierte por "desapariciones actuales" de niños y adolescentes en Uruguay
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en un informe preliminar por "desapariciones que se están produciendo en la actualidad" en Uruguay, en particular en lo referente a personas de grupos especialmente vulnerables, como niños, adolescentes y mujeres.
Así lo indicó este miércoles el organismo en las conclusiones preliminares de la visita a Uruguay de su Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que se desarrolló desde el pasado 7 de julio y que tuvo encuentros con Cancillería, los ministerios de Defensa, Interior y Educación, Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y representantes de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
El informe preliminar observa que, hasta hoy, no hubo en Uruguay un ejercicio amplio de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad con respecto a los hechos que ocurrieron en el pasado reciente, y también sobre casos de desapariciones actuales.
Así, se indica, hay categorías de población en mayor riesgo de sufrir desapariciones. En ese marco el grupo de trabajo expresó su inquietud por el artículo 43 de la ley de Urgente Consideración (LUC), que llevó de dos a cuatro horas el plazo para que la policía informe a un fiscal sobre una detención. También por las alegaciones de retraso en el acceso de los detenidos a la asistencia legal, dificultado a su vez por el artículo 21 de esa norma, relativo a la facultad de los funcionarios policiales de efectuar interrogatorios de forma autónoma.
El grupo de trabajo afirma haber recibido información sobre desapariciones de niños y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales, así como la desaparición de niñas y mujeres relacionadas probablemente con casos de explotación sexual.
Consultado por El Observador, el presidente del Inau, Pablo Abdala, dijo desconocer a qué se refiere puntualmente el informe y que la institución no ha recibido información específica sobre este tema.
Proyecto de Cabildo Abierto y la Inddhh
La delegación de la ONU también remarcó su "profunda preocupación" por la tramitación del proyecto de ley que, presentado por Cabildo Abierto, propone un régimen de prisión domiciliaria preceptiva para los condenados y procesados mayores de 65 años. Dicha legislación, se afirma, sería contraria al derecho internacional relativo a los derechos humanos. En particular, a los límites impuestos al otorgamiento de amnistías, indultos, reducciones o reducciones u otros beneficios en la ejecución de las penas a los inculpados por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales, incluyendo los casos de desapariciones forzadas.
Se recuerda que el artículo 18 de declaración interamericana implica que ningún autor o presunto autor de este tipo de actos no podrán beneficiarse de ninguna ley especial o cualquier medida análoga que los exonere de cualquier procedimiento o sanción penal.
Se trata de la reafirmación de los conceptos que la ONU había vertido el año pasado en un documento enviado a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, el relación al proyecto presentado por los liderados por Guido Manini Ríos. El Partido Nacional discute desde hace semanas una redacción alternativa, que eleva de 65 a 70 años la edad prevista pero que seguirá beneficiando a algunos represores actualmente recluidos en la cárcel de Domingo Arena.
Otra de las situaciones preocupantes detectadas por el organismo ha sido el "potencial cambio de narrativa" en los discursos públicos relacionados con las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, incluidas una serie de iniciativas tendientes a "diluir la responsabilidad" por los crímenes cometidos por el Estado, lo que a su juicio a generado una percepción de deterioro de la situación entre familiares y víctimas.
La organización también expresó su preocupación en torno a una polémica que se viene produciendo por estos días: la elección de los nuevos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Un organismo que, recordó, tiene a su cargo por ley las tareas de búsqueda de la verdad y del destino de los detenidos desaparecidos.
A través de información recibida, el grupo tomó nota de la "intención de ciertos sectores políticos" de "querer controlar y politizar" a la institución mediante la elección del nuevo consejo directivo. En ese marco, la ONU subrayó la necesidad de que la selección se base en un procedimiento que ofrezca "garantías de idoneidad y competencia" de los candidatos, que deben además "representar a actores civiles involucrados con la protección de los derechos humanos".
De los 27 postulantes que se presentaron ante a la Asamblea General, once fueron promovidos por los partidos políticos que integran la coalición de gobierno. Un acuerdo prevé que los nacionalistas seleccionen a dos de los integrantes mientras que los colorados y Cabildo Abierto designarán cada uno a un director, dejando la nominación del quinto miembro del organismo en manos del Frente Amplio.
En ese marco, la ONU hizo un llamado a los parlamentarios para que la elección no afecte la independencia de la Inddhh y su tarea fundamental. La preocupación está dada además por "reiterados episodios" que tienden al "desprestigio y al cuestionamiento público" de los actuales integrantes de la institución, "formulados por algunos exponentes políticos y retomados por algunos medios de comunicación". Una situación que, a juicio de ONU, puede dificultar el desempeño de sus funciones. El grupo de trabajo considera "inaceptable cualquier ataque, amenaza o intimidación que atente contra la integridad personal o profesional de sus integrantes, y que vaya justamente dirigida a cuestionar las labores de búsqueda de desaparecidos y de protección de los derechos humanos.
El Grupo de Trabajo "agradeció al gobierno" por la invitación a visitar Uruguay y su colaboración para obtener "información de primera mano" sobre la situación del país con respecto a los derechos humanos, enfocado el período comprendido entre 1968 y 1985. La misión se sucede luego de una polémica ocasionada por la negativa de Cancillería a facilitar una visita que la oficina pretendía realizar en setiembre del año pasado.
Tras la recuperación de la democracia el país logró avanzar significativamente en la protección de los derechos humanos. La misión reconoció así una serie de avances, como la derogación de la ley de Caducidad, la tipificación del delito de desaparición forzada o la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el informe apuntó a que más de cinco décadas de ocurridos los hechos el Estado sigue manteniendo una "deuda histórica" con las víctimas y sus familiares. Asumirla, se sostiene, es una tarea impostergable.
Entre otros temas, la ONU considera preocupante que el Estado no haya dado ningún tipo de seguimiento a ninguna de las medidas de reparación ordenadas el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, así como a la falta de cumplimiento integral se la sentencia relativa a María Claudia García de Gelman. Uruguay, se recuerda, enfrenta un "inminente examen" por parte del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
"Es urgente que se adopte una política de Estado que involucre a todos los sectores políticos, que rompa el silencio y que contribuya a mejorar la obtención de información de fuentes humanas y documentales", así como tomar medidas eficientes para la conservación de los archivos existentes.
