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Proyecto de blancos sobre prisión domiciliaria también favorece a represores de Domingo Arena
El proyecto de ley que está trabajando el Partido Nacional, para responder al texto de Cabildo Abierto, sobre prisión domiciliaria para adultos mayores también beneficia a la mayoría de los represores presos en la cárcel de Domingo Arena, según informaron Búsqueda y La Diaria. Si bien el texto lo trabajaron dos senadores blancos todavía no tiene el respaldo de toda la bancada.
"Algunos quizá salgan (de la cárcel) y otros no", se deberá estudiar cada caso concreto, asumió la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín en diálogo con El Observador cuando fue consultada sobre un anteproyecto de ley que regularía el beneficio de prisión domiciliaria para mayores de 70 años, entre los que hay represores de la dictadura.
La propuesta surge del grupo de asesores de la senadora Asiaín y el senador Gustavo Penadés, luego de que Cabildo Abierto formulase un proyecto de ley con el que no estaban de acuerdo, ya que pretendía "legislar con nombre y apellido", dijo Asiaín.
El postulado del proyecto de Cabildo Abierto, era otorgar prisión domiciliaria preceptiva (automática) a los adultos mayores de 65 años. La propuesta fue duramente criticada por el Frente Amplio, por favorecer directamente a represores de la dictadura detenidos en la cárcel de Domingo Arena.
El senador cabildante, Raúl Lozano, expresó su concordancia con el primer borrador del Partido Nacional. Reconoció que "es un poco más abarcativo" que el proyecto presentado un año antes por su partido, y que seguramente debería sufrir algunas modificaciones una vez sea presentado, según dijo a El Observador.
El texto de los blancos otorgaría la prisión domiciliaria como un modo alternativo de cumplimiento de la pena a: los adultos mayores 70 años; los adultos mayores de 65 años que padezcan graves problemas de salud o discapacidad; las mujeres embarazadas con problemas de salud; las madres que tengan hijos menores de cinco años a cargo; y las madres que tengan a cargo hijos de entre cinco y diez años con problemas de salud o discapacidad grave, Asiaín explicó que el motivo de esta alternativa es para evitar que los niños vayan al INAU –una vez separados de sus madres– a pagar por delitos que no cometieron.
En todos los casos, se exigiría el informe de peritos médicos que justifiquen que la persona no puede cumplir la pena en las condiciones carcelarias, y será decisión del juez brindar este beneficio o no.
El recurso no sería aplicable para los casos de condenas por delitos sexuales, violencia doméstica, narcotráfico o delitos de lesa humanidad. "No es correcto decir que los violadores vayan a ser beneficiados con prisión domiciliaria" y tampoco se habilita la convivencia de los agresores con sus víctimas en la misma vivienda, aseguró Asiaín.
La senadora aseguró que el proyecto no es la prioridad actual de su partido y que al interior de la bancada nacionalista aún no cuenta con un apoyo total.
Una excepción
Pese a que el anteproyecto estima que el recurso no sería aplicable en casos de narcotráfico avalados por el decreto de ley 14.294, se excluyó la redacción del artículo 34 de tal decreto de ley, que estima que "será castigado con pena de dos a diez años de penitenciaría" quien "suministrare, aplicare o entregare las sustancias mencionadas en la presente ley, o promoviere, indujere o facilitare su consumo".
Asiaín explicó que la motivación de esta excepción es mantener la prisión domiciliaria como una opción de pena para las mujeres que son condenadas por el "pequeño delito" de ingresar sustancias a la cárcel, la excepción fue muy específica para no dar "un mensaje erróneo" y condenar a madres a que sus hogares se conviertan en bocas de droga.
