"El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso”, dice el recurso firmado por dos abogados de la Procuración del Tesoro. Dicho de otra manera, el juez de feria "no puede contradecir la postura que hubiera adoptado al respecto el propio 'juez natural", en este caso, Esteban Furnari, del mismo fuero Contencioso.
El fallo de Lavié Pico desarticuló el amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, indicando que cada expediente debe tramitarse por separado. El Gobierno cuestiona esta decisión y destaca los pasos procesales tomados hasta ese momento en el juzgado de Furnari y en el fuero laboral. “Las partes y los jueces, deben sujetarse al procedimiento procesal y ello marca un orden y brinda certidumbre a las posiciones adoptadas”, dice el recurso. Y agrega: “Al trastocar todas las actuaciones que se desenvolvieron en razón del proceso colectivo inscripto, la resolución aquí atacada por exceso jurisdiccional, ha devenido a foja 0, convirtiéndose la resolución atacada en un improcedente “virtual rechazo de inhibitoria”, cuando su colega, Juez a cargo de Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2 ya había sentenciado admitir la inhibitoria”.
La apelación argumenta que el fallo del juez de primera instancia "produce efectos gravísimos para la defensa del Estado Nacional, al generar la multiplicación de litigios con el riesgo de tener sentencias contradictorias". El Gobierno había abogado por acumular todo en un amparo colectivo.
Con esta apelación, el Gobierno busca que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revise el fallo de Lavié Pico. El recurso subraya la incompetencia del fuero laboral y reitera la necesidad de una inhibitoria.
La estrategia legal del Gobierno apunta a presentar un recurso extraordinario contra los fallos de la Cámara del Trabajo que frenaron el capítulo laboral del DNU. Se reconoce que la batalla final se libraría en la Corte Suprema, y se estudia la jurisprudencia del Máximo Tribunal sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia. El planteo ya fue presentado por el gobernador de La Rioja, Rodolfo Quintela.
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