El país que solo quería escuchar cosas lindas

La primera de ellas fue un fallo de la Suprema Corte de Justicia en un juicio promovido por un chofer de Cutcsa.

El caso fue relatado por el semanario Búsqueda. En 2017, al chofer Marcos Ferreira no le gustaron unas declaraciones del entonces intendente Daniel Martínez sobre la higiene de los ómnibus y publicó en Facebook un texto en el que criticó a Martínez y a los “pasajeros sucios”.

“¿Por qué no venís un día a manejar un bus y ves lo insalubre que es este trabajo?”, le sugirió a intendente. “Te puedo asegurar, intendente, que coches más limpios que los de Cutcsa en tu vida jamás vas a encontrar, gracias al sacrificio nuestro que nadie valora, me lleva casi una hora limpiar el puto bus para que la gente me lo cague”, escribió Ferreira en Facebook el 18 de octubre de 2017. “La baja de la venta no es por el servicio, es por toda la política que hacen con el boleto para ganarse un voto, el platal que levanto, ¿quién se lo lleva?”.

Por esa publicación, Cutcsa lo suspendió cuatro días. Poco después, Ferreira redobló su apuesta y, según relata Búsqueda, publicó un video de casi media hora protestando y advirtiendo que eso “no quedaría así”. Afirmó que vivía en democracia y acusó a la empresa de creerse “dueña del mundo” por estar “con el gobierno” y de “lamerle el trasero al intendente y a todo el gobierno”.

Cutcsa lo despidió por “notoria mala conducta”, sin derecho a cobrar indemnización. Ferreira inició un juicio laboral contra la compañía alegando que merecía pagársele el despido.

En primera instancia la jueza Mónica Pereira desestimó la demanda.

En segunda instancia, un Tribunal de Apelaciones de Trabajo consideró que el funcionario merecía cobrar el despido. Para los ministros Juan Carlos Contarín, Lina Fernández y Gloria Seguessa, el irritado chofer estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión, que es superior al “poder disciplinario del empleador”.

Sin embargo, la Suprema Corte, por unanimidad, revocó este fallo. Según el máximo tribunal, el trabajador hizo un “uso abusivo” del derecho a la libre expresión y transgredió de forma “flagrante y grave normas de convivencia básicas”.

El caso es discutible, como lo demuestran los fallos que se fueron alternando para un lado y para el otro.

Nadie duda del derecho de la empresa a despedir al chofer. Pero hacerlo sin pagarle el despido como castigo por algo que dijo, por expresar su opinión, deja un sabor amargo. ¿No es la libertad de expresión uno de los pilares de nuestra democracia? ¿Qué es, en este caso, un uso “abusivo” de la libertad de expresión?

Podría tratarse solo de una anécdota, pero otras noticias recientes refuerzan la preocupante sensación de que la libertad de expresión en Uruguay corre el peligro de pasar a ser un derecho de segunda.

En el proyecto de Ley de Urgente Consideración el Poder Ejecutivo incluyó un artículo que permitía que alguien fuera preso por opinar.

El artículo 11 establecía: “El que obstaculice, menosprecie, agravie, atente, arroje objetos, amenace, menoscabe, insulte o afrente, por palabras, escritos o hechos, a un funcionario policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de 3 a 12 meses de prisión”.

Muchos hicieron notar que tal artículo podía hacer que un periodista o un ciudadano común terminara preso por escribir algo en la prensa o en las redes sociales y ser acusado de menospreciar o agraviar a un policía.

Por suerte el artículo se modificó en el debate parlamentario. Se borraron como causales del delito el menospreciar, menoscabar o afrentar a un agente. Y donde se hablaba de un funcionario policial se sustituyó por “autoridad policial”.

Estos cambios son positivos, pero insuficientes. Porque en la lista permaneció la posibilidad de ir preso por agraviar por escrito a la autoridad policial.

¿Si un periodista escribe que un comisario, jefe de Policía o el ministro del Interior es un inútil, podrá ir preso? ¿Si un periodista concluye una investigación denunciando que hay corrupción en la Policía, la institución podrá sentirse agraviada y pedir que el cronista sea encarcelado?

Con seguridad esa no es la idea del gobierno. Se supone que este artículo que creó para castigar a aquellos que apedrean a los patrulleros y resisten la autoridad policial, objetivo que apoyo. Pero subsiste en la mejorada redacción una afectación a la libertad de expresión, tan inútil como innecesaria.

Un tercer episodio preocupante ocurrió en la Cámara de Representantes.

La diputada del Frente Amplio Verónica Mato estaba realizando, en la media hora previa del martes, un discurso feminista.

“Queridos compañeros varones, es que en este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras mujeres parlamentarias no es escuchada en este recinto y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra, es usted testigo señor presidente, como también lo fui yo…”, llegó a decir Mato antes de ser interrumpida por el presidente del cuerpo, el diputado Martín Lema.

“Señora diputada discúlpeme, le voy a pedir que cuide las formas en que se dirige en este recinto porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida expresamente en el reglamento”.

El reglamento de la Cámara habilita al presidente a llamar al orden un legislador si pronuncia palabras hirientes o indecorosas. Pero, repasando una y otra vez el discurso de Mato, cuesta encontrar dónde estuvo lo hiriente o indecoroso.

Tras el apercibimiento, la diputada continuó e interpeló a los hombres: “Y ustedes varones ¿qué hacen? ¿cómo se sienten cuando saben que varones como ustedes ejercen violencia física y sexual?”.

Lema la interrumpió otra vez y obligó a que se leyera a viva voz el artículo 73 del reglamento de la Cámara, el de las expresiones hirientes o indecorosas.

Estoy lejos de pensar como Mato. Su pretensión de que todos los hombres que respetamos a las mujeres como iguales tengamos alguna responsabilidad por los actos de una minoría que mata y viola, me parece absurda. Pero la diputada Mato tiene todo el derecho a plantear sus ideas sin que nadie la rezongue.

No hubo nada hiriente o indecoroso en sus palabras. Son solo sus ideas, más o menos correctas o equivocadas según quien las analice, como todas.

Un discurso como el de Mato no debe ser interrumpido. Debe ser escuchado y respondido. En vez de la lectura del reglamento, hubiera sido bueno que alguien argumentara por qué está equivocada.

De la discusión suelen emerger verdades, conocimientos y acuerdos superiores. La lectura del reglamento, en cambio, no solo no aportó nada, sino que le dio un argumento más a la teoría de que en el Parlamento hay discriminación contra las mujeres.

Cada vez más hay entre nosotros una especie de furor contra la voz del otro. Apenas alguien dice algo distinto a lo que se desea oír, las hordas salen a devorarle las entrañas.

¡Se teme incluso lo que Petinatti pueda decir en un programa de cocina! Porque según declaró el periodista y presidente del sindicato de la prensa, Fabián Cardozo, en otra de las noticias de los últimos días, durante el gobierno anterior existió una especie de patético complot para quitarle tiempo a una entrevista a Petinatti, una tarde que fue invitado al canal oficial.

Por momentos, Uruguay parece un país de niños que solo quieren escuchar lo que les gusta. Nos felicitamos a nosotros mismos por cada cosa que sale bien. Reproducimos cada elogio que recibimos en el extranjero.

Las noticias, sin embargo, hablan de pobreza, informalidad, crisis educativa, un acuerdo cuasi colonial firmado con una empresa extranjera, explotación sexual de menores, sicarios, un asesino que hasta ayer nomás revistó en las fuerzas armadas, un padre que mató a sus propios hijos para vengarse de su pareja, de un hombre que tiró a su mujer por el balcón y se tiró después detrás de ella…

De todo esto hay que hablar claro, con todas las letras y con todas las campanas.

La libertad de expresión tiene límites, es cierto, pero hay que ser muy cuidadoso con ellos.

“Libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír”, dijo el escritor y periodista británico George Orwell.

Es inadmisible castigar a alguien por decir lo que piensa y criticar lo que le parece que está mal. La expresión libre no solo es un requisito básico para una real democracia. Es también el primer paso para tratar de solucionar cualquier problema.