La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) resolvió comenzar una investigación de oficio en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por la intervención realizada en el Club Social y Deportivo Villa Española. Según la institución, el ministerio “podría haber incurrido en una eventual vulneración de derechos vinculados a la libertad de expresión y asociación”, detalla la resolución a la que accedió TV Ciudad y luego El Observador.
En junio de este año, el ministerio encabezado por Pablo Da Silveira dictó una intervención y desplazamiento de las autoridades del club por un plazo de seis meses, a raíz de una denuncia efectuada por un grupo de socios de la institución en la que afirmaron que existieron “apartamientos estatutarios por parte de las autoridades de la entidad”.
La fiscalía de Primer Turno propuso designar a un interventor. El MEC designó al Dr. Leandro Iglesias para que convocara elecciones y realizara las regularizaciones pertinentes acordes al estatuto del club. Entre algunas actividades, se instruyó a Iglesias a regular el uso de las redes sociales del club.
Según recordó la INDDHH en su comunicado, el ministro Da Silveira expresó que con esas medidas no se “pretendió nunca controlar los contenidos de lo que se sube a las redes, ni filtrar, ni hacer censura previa... ni siquiera el ministerio aspira a definir los criterios que permitan un uso civilizado y respetuoso de las redes sociales", sino que le pidió a los socios ponerse de acuerdo para "que estas cosas no vuelvan a pasar".
"Pónganse de acuerdo entre ustedes. Creen un comité de manejo de las redes, hagan lo que quieran, lo que les parezca –ni siquiera les damos sugerencias– para asegurarnos de que no vamos a encontrarnos con denuncias de este tipo, que nos obliguen a actuar", había dicho el ministro.
A juicio de la INDDHH plantear soluciones de ese estilo (regular el uso de las redes) puede “aparejar vulneraciones a la Constitución y a instrumentos internacionales”, ya que, según destacaron, el derecho a la libertad de expresión "es demasiado trascendente para dejarlo librado a acuerdos de partes, siendo necesaria una participación tuitiva del Estado”.
En ese sentido, la institución recomendó al MEC que en el empleo de sus facultades dé marcha atrás en la regulación de las redes sociales del club y le solicitó que en un plazo de 10 días hábiles se manifieste sobre lo expresado.
