El plan de ahorro de Lacalle Pou murió de coronavirus

Como me comentó Barbara Mainzer con su claridad habitual –y a quien robo algunos conceptos que ella se encargará de desarrollar en la columna que también integra esta newsletter–, estamos frente a una crisis que estalló en los sistemas sanitarios de los estados, infectó a la economía y amenaza con trasladarse a todo el sistema financiero.

Para enfrentarlas, los países cuentan con pocas herramientas porque la política monetaria es inefectiva en este caso. Las tasas de interés, ya en niveles históricamente bajos, ahora están en cero, negativas en términos reales o en descenso, según la realidad de cada país. O lo que es lo mismo, el dinero es gratis, o casi. El problema es que la gente no puede gastarlo, y por más de que nademos en piscinas de billetes y monedas a lo Tío Rico Mac Pato, la economía no se reactiva si la gente no trabaja, ni consume, ni se mueve.

Por eso, solo los gobiernos del mundo pueden sacarnos de este atolladero. Y solo los serios y creíbles van a contar con mayores posibilidades de hacerlo sin hundirse junto con sus economías.

Es la hora de la política fiscal, y la ortodoxia financiera deberá quedar para otro momento.

Uruguay parte de un punto complicado, porque en la década de bonanza de los primeros dos gobiernos del Frente Amplio se gastó cada peso extra que ingresó y más, y no se realizaron las reformas estructurales fundamentales. Cuando la economía se estancó en el último quinquenio el resultado impactó directamente en las cuentas públicas.

Un déficit fiscal del 5% del PIB es un punto de partida incómodo, pero deja de ser dramático en el contexto actual.

El gobierno de Luis Lacalle Pou tendrá que olvidarse del ajuste fiscal con un ahorro de US$ 900 millones al año que pretendía aplicar porque ese plan estalló por los aires con una bomba microscópica llamada coronavirus. Ya se trataba de una promesa de campaña electoral casi imposible de llevar a la práctica, según la casi totalidad de economistas independientes que se expresaron sobre ella, pero ahora tendrá la excusa perfecta para justificar su fracaso.

La suba de tarifas suena también a mala idea ante esta nueva realidad si no se atiende la situación de las pequeñas y medianas empresas, porque impacta en la línea de flotación de esos emprendimientos que son los que hoy están seriamente comprometidos o a un paso de bajar la cortina con el país en cuarentena. Además, la suba del dólar –que es un factor contra el que no se puede actuar demasiado, o hacerlo sería contraproducente– aumenta costos para varios sectores, contribuye a que se paralicen negocios y a que se dispare la inflación. El escenario de recesión es factible y se da en todos lados.

Miles de trabajadores irán al seguro de paro o ya lo están haciendo. Otros miles harán uso de los subsidios por enfermedad. Las empresas tendrán problemas para pagar sus impuestos y aportes a la seguridad social porque generarán menos renta. Un doble efecto nefasto sobre las arcas públicas: saldrá más plata, porque los subsidios salen del Estado, y entrará menos, porque los impuestos y los aportes a la seguridad social se verán resentidos.

El rojo en las cuentas públicas

Es la hora de la política fiscal. Pero hay una buena noticia (que no es buena, pero nos favorece).

Todo el mundo está igual. El Covid-19 hizo que la ortodoxia fiscal y financiera estallara por los aires para todos por igual.

Debemos acostumbrarnos a que se irá hacia un consenso global de mayor tolerancia al endeudamiento estatal y a los déficits fiscales elevados.

Por eso, ahora nuestro rojo en las cuentas públicas cercano al 5% del PIB se vuelve relativo siempre que el gobierno mantenga políticas creíbles y serias que permitan a los futuros financiadores confiar en que a largo plazo sus créditos serán repagados, aunque nos cobren un poco más.

Credibilidad Uruguay ya tiene, porque ni en los peores momentos de 2002 se dejaron de honrar los compromisos.

Por eso, tener un historial crediticio de buen pagador nos deja en una posición de confianza.

También las líneas de crédito de contingencia de libre disponibilidad negociadas por los gobiernos del Frente Amplio dan un colchón extra.

La liquidez de reservas y el prefinanciamiento permiten cubrir vencimientos por al menos un año, lo que da tranquilidad en el corto y mediano plazo.

Uruguay tenía al cierre de 2019 una endeudamiento bruto de US$ 29.838 millones, equivalente a 51,3% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Además, tenía activos por US$ 2.115 millones y líneas de crédito de desembolso inmediato por cerca de US$ 2.200. Nada mal, si se tiene en cuenta que menos del 6% de la deuda (unos US$ 1.700 millones) vencen este año. Y que la deuda en moneda extranjera es hoy el 56% del total frente al 88% de hace 15 años, lo que nos deja menos expuestos a las variaciones cambiarias.

¡Y celebremos ser chicos! Muchas veces nos juega en contra ser un país minúsculo en términos geográficos y económicos, pero ahora es una posición de ventaja. Prestarle plata a Uruguay, además de dar mayores garantías para nuestros prestamistas que aquella que reciben de los vecinos de la región, no le mueve la aguja a los organismos internacionales. Un plan financiero para Uruguay se resuelve con dos mangos sin trastocar los balances de riesgo de los prestamistas. Diferente si el que tiene que ser rescatado es Argentina o Brasil. Sin ir más lejos, la línea de crédito que el FMI le concedió a Mauricio Macri por más de US$ 50.000 millones -poco menos que el PIB anual de Uruguay- se fue como agua entre los dedos sin cambiar en nada la realidad económica de nuestros vecinos del plata.

Entonces, el país está en una situación compleja, pero no es el único. Se necesitará crédito para financiar ayudas extraordinarias para familias que quedarán sin empleo, empresas que no podrán asumir sus compromisos, y gastos extra en salud. Son cifras hoy incalculables porque la incertidumbre sobre el alcance y la duración de la crisis del coronavirus –que recién empieza para nosotros– es impredecible.

Pero se podrá hacer en una época en la que tomar crédito, si se mantienen políticas serias y el gobierno es capaz de transmitir confianza, no será tan oneroso.

Lo importante es que ese 40% de hogares uruguayos que está caminando por el pretil que lo separa de la pobreza, como evidenció este informe del PNUD, no caiga con este cimbronazo. Uruguay mejoró mucho en materia social en los últimos años pero son avances fácilmente reversibles. Estamos ante una prueba de fuego.