El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque la absolución de Amado Boudou en el caso de la transferencia de un automóvil Honda CRX modelo 92. Lo hizo a través de un dictamen presentado en relación a causa que se le seguió al ex vicepresidente por la falsificación de documentos públicos, específicamente tres formularios de transferencia, en el año 2003.
Boudou fue inicialmente condenado a tres años de prisión por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 de Comodoro Py en 2019, en el mismo procedimiento en el que fue absuelto por la compra de una serie de autos para el Ministerio de Economía. Sin embargo, en mayo del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal lo absolvió en el caso del Honda CRX, lo que llevó el asunto a la Corte Suprema.
Casal argumentó en su dictamen que la absolución dictada por Casación tiene "graves defectos de fundamentación" y que los jueces realizaron "un examen superficial del fallo del tribunal oral y una valoración parcial de las constancias de la causa".
El caso se centra en la acusación de que Boudou habría conspirado con un gestor, llamado Andrés Soto, para proporcionar información falsa en los formularios 04, 08 y 12, y falsificar una fotocopia de su propio Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de transferir el automóvil a su nombre. La justicia también sostiene que la titular del registro de automotor, María Graciela Taboada de Piñero, estaba involucrada en la maniobra y respaldó la transferencia en enero de 2003.
Casal afirmó en su dictamen que Boudou "acordó con Soto las falsedades que este último se encargó de anotar en los documentos correspondientes" y que ambos "convalidaron estas irregularidades". Además, destacó que Boudou, en ese momento, era gerente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que estaba bajo la dirección de Sergio Massa, actual Ministro de Economía y candidato presidencial.
La Corte Suprema ahora deberá decidir si revoca la absolución de Boudou y ordena un nuevo juicio. Este no es el primer caso en el que el exvicepresidente se enfrenta a la justicia, ya que en diciembre de 2020, la Corte Suprema confirmó su condena a cinco años y 10 meses de prisión en el caso Ciccone, que se considera firme.
Casal pidió que el fallo sea revocado “a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo de acuerdo a derecho”.
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