El relato en primera persona de una senadora cuya hija nació sin vida

Después de un proceso de más de dos años de reclamos judiciales y administrativos logró que un juez la autorizara a inhumarla. 

El relato fue citado en la última sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, una de las autoras del proyecto que propone habilitar a que los padres de hijos “nacidos sin vida” puedan sepultarlos y darles un hombre. 

Leé también

Member

Perdió a su hija antes de nacer por una agresión y llevó su caso a la CIDH

“Este asunto me remueve mucho” confesó Asiaín a sus colegas, que optó por contar su experiencia de vida. 

“Yo perdí mi primer embarazo”, contó al resto de los senadores. “Era muy joven. Fue por una infección. Fue de cuatro meses y fue como un parto. Me lo trajeron para que lo viera. También tenía un nombre, pero nunca me ofrecieron la posibilidad de enterrarlo”. 

Asiaín, que en esos momentos “estaba en shock”, tampoco pidió tener esa chance. “Pero como la mujer del relato, siempre me quedé con esa necesidad”. 

Leé también

Proponen que padres puedan despedir e inhumar a sus hijos nacidos sin vida

Al conocer que su colega colorada Carmen Sanguinetti estaba trabajando en una alternativa con su equipo, acordaron hacerlo en conjunto. 

Más allá de los 300 casos al año que oficialmente se reportan, Asiaín se preguntó cuántos casos más habrá. 

Otro proyecto

Esta semana senadores del Frente Amplio (FA) ingresaron a la Comisión de Salud otro proyecto de ley elaborado por la organización social Luz del Cielo Uruguay, que busca llenar lo que considera un “vacío legal” ante la muerte fetal, informó La Diaria este miércoles. Este proyecto se diferencia del que redactaron las senadoras Asiaín y Sanguinetti, en que se basa en la legislación vigente sobre muerte fetal (definida a partir de las 20 semanas de gestación o 500 gramos de peso), mientras que el de las legisladoras de la coalición no pone un límite en el derecho de los progenitores.

El proyecto de Luz del Cielo se apega a la definición de muerte fetal que establece el decreto reglamentario 276/019 de la Ley 19.628. Asimismo, la iniciativa “entiende por muerte de una persona nacida viva la que ocurre luego de haber existido vida extrauterina, cualquiera haya sido su duración”.

El texto establece que el certificado de defunción se emitirá de forma voluntaria y, a efectos de la inhumación o cremación del mortinato así como de la inscripción en el Registro de Estado Civil, deberá incluir en el apartado correspondiente a datos de defunción “la fecha, hora, sexo, peso, multiplicidad y orden de nacimiento y defunción fetal, edad gestacional, medidas, causas del deceso, estados mórbidos y el nombre o nombres que la persona gestante y cogestante deseen otorgarle a su hijo o hija, seguido del apellido o apellidos del o los solicitantes que previamente así lo manifestaren”.

El proyecto también crea la “licencia por maternidad y paternidad por hijos mortinatos”, que “se extenderá por el plazo previsto desde el posparto en conformidad con normativa vigente para el sector público o privado según corresponda”, agrega.

Convocan a especialistas

La senadora Asiaín justificó su iniciativa en cuanto a una ampliación de derechos. “Un reconocimiento de que, desde la psicología, se entiende que para algunas personas es necesario, sin imposiciones, celebrar este rito para poder hacer un cierre y transitar un duelo. Ese fue el ánimo que me llevó a esto”. 

Con el ánimo de avanzar rápidamente en la discusión de la iniciativa, planteó convocar a los primeros especialistas para que opinen del tema. 

En la lista incluyó a Guido Berro, perito especialista en Medicina Legal y profesor grado 5 en la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República. También a Carmen Gutiérrez, profesora agregada de Anatomía Patológica en la Escuela de Graduados de esa universidad. 

“Entendemos que esto es defender un derecho de los progenitores que no va en detrimento de ninguno de los derechos que hoy están en la práctica”, apuntó Sanguinetti, al responder a sectores que las acusaron de promover con este proyecto una “agenda anti derechos” que “ignora el criterio científico”.