El tope de la deuda pública de EEUU: un problema recurrente

Estados Unidos ha estado endeudado desde su inicio como nación independiente, cuando ya debía más de US$ 75 millones como consecuencia del pasivo contraído durante la guerra revolucionaria. Desde entonces, y cada vez con más importancia, los gobiernos se han endeudado para financiar los gastos en exceso por sobre los recursos y a la vez, han fijado un tope para la emisión de nueva deuda. 

Por ello el nivel de la deuda de hoy resulta de una responsabilidad compartida entre demócratas y republicanos, puesto que es consecuencia de las sucesivas decisiones de sus respectivos gobiernos a lo largo del tiempo. Más recientemente, responde a la baja de impuestos promovida por Donald Trump en el 2017 y ahora, en el correr de este gobierno, del programa del presidente Joe Biden de aumento de gastos para enfrentar a los daños sanitarios y económicos provocados por la pandemia. Al fin del 2020, la deuda pública era una de las más altas del mundo, equivalente a un 134.5 % del PBI, en aumento con relación al 109 % del 2019. En particular, el tope legal estaba fijado en US$ 28.4 billones.

En un proceso ordenado de aprobación presupuestal, el establecimiento de un tope para la deuda debería ser el complemento necesario para asegurar el pago de los gastos autorizados por sobre la previsión de los recursos corrientes, a la vez que pone un límite para evitar un desborde adicional no autorizado de nuevas erogaciones. Pero fuera de determinadas situaciones de excepción, si la aprobación del gasto corre por separado de la fijación de un tope para la deuda, puede desembocar en una encerrona como la que se ha dado más de una vez en estos últimos años, cuando un tope preexistente de deuda termina por impedir el pago normal del gasto ya autorizado y pone al gobierno al borde del cierre y a las obligaciones financieras próximas al “default”. 

Ello ya ocurrió en el 2011, cuando ante la falta de un acuerdo político para elevar el tope de la deuda pública, Estados Unidos se acercó al incumplimiento de pagos. Pese a que ante esa inminencia la agencia de calificación de riesgos S&P rebajó la nota de la deuda, las consecuencias fueron mínimas ya que los mercados confiaron en que el sistema político iba a votar a última hora una solución salvadora. Ella finalmente consistió en una autorización al entonces presidente Obama para elevar unilateralmente el tope de la deuda, al tiempo que los legisladores se reservaban el derecho de votar una moción de desaprobación. 

En el 2019, ante una situación similar, el Congreso aprobó una ley que declaró que el límite de la deuda “no se aplicará” durante dos años y que toda deuda acumulada durante ese período se agregaría al monto que venía del pasado. 

Este problema generado por el tope de la deuda pública volvió a plantearse en estos últimos meses. Los demócratas, ahora en el poder, pidieron un aumento del tope de la deuda para permitir un pago fluido del gasto deficitario aprobado en el pasado. Y a su vez, los republicanos ahora en la oposición, expresaron su desacuerdo con todo intento de aumento del tope en tanto se discutía por separado un importante programa de aumento del gasto pedido por el presidente Biden. 

Entretanto, estuvo en peligro el funcionamiento normal del gobierno y el pago puntual de las obligaciones financieras. Así, a principios del mes en curso, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió que en unos pocos días, la evolución de la recaudación de los impuestos no iba a alcanzar para permitir el pago normal del gasto ya autorizado. 

Entonces, tras intensas negociaciones, los republicanos replegaron su oposición, pero solo para permitir que los demócratas votaran un aumento de US$ 480 mil millones en el tope de la deuda, un monto que el Tesoro estimó permitirá financiar el funcionamiento normal del gobierno al menos hasta el próximo 3 de diciembre. Como consecuencia, el mercado accionario volvió a su tendencia alcista de los días previos y el valor de los títulos públicos se recuperó con respecto a la situación anterior. 

Por descontado, esta solución no asegura que la zozobra de las últimas semanas haya quedado atrás. Ello pese a la confianza de los mercados en que una vez más, el sistema político habrá de evitar a último momento el desastre económico y financiero que podría ocurrir ante un bloqueo de las negociaciones. 
Con una visión más de fondo, los sucesos de estos días dejan una vez más al descubierto el absurdo de un sistema presupuestal como el de Estados Unidos, que mantiene en vilo no solo al funcionamiento normal del gobierno sino más grave aún, a todo el sistema financiero internacional. Parece obvio que una vez aprobados un cierto nivel de gastos y ante una proyección más o menos razonable de los recursos, el tope de la deuda debería ser un resultado objetivo, por fuera de una negociación política cuyo proceso muchas veces puede estar pendiente de otras variables. 

Basada en un pensamiento de casi cuatro siglos atrás, a veces la política tiene una razón que la economía no entiende. Pero ya es hora que el sistema político americano esté a la altura de su importancia en el mundo.