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El Uruguay como un estado fallido

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27 de febrero de 2020 a las 05:01

Existen diversas definiciones para lo que se conoce como “Estado fallido”, entre ellas, y de acuerdo al Cato Institute, este concepto se entiende como “aquel gobierno que ya no puede brindar un nivel de seguridad básico a su población, debido a un incremento en la violencia o de la extrema pobreza, o bien, cuando pierde control de una parte de su territorio a manos de grupos terroristas domésticos o extranjeros.”  

En el Uruguay actual, la ocupación territorial por parte de grupos terroristas, no se cumple por ahora, en ninguna de sus dos posibilidades de origen. Sin embargo, la primera característica que define el Cato Institute ya está prácticamente instalada, en donde violencia y pobreza se combinan para perpetuar y agigantar un nefasto círculo vicioso. Ese mecanismo perverso viene abriendo espacios para grupos delincuenciales medianamente organizados, una etapa larvaria que puede terminar en verdaderas organizaciones criminales que sí entonces, acaban controlando zonas geográficas. Uno de los grandes elementos para este caldo de cultivo es la marginalidad social creciente e incontrolable por parte del Estado y sus recursos.

En un marco general de grandes factores, se podría considerar que la extrema pobreza puede ser definida por un conjunto de carencias “estructurales” y “funcionales”, las cuales limitan el desarrollo del segmento de la población más sometidas a éstas, y lo condenan a una situación casi perpetua, que pone en riesgo su propia supervivencia, prácticamente a diario.

Desde esta perspectiva, las carencias “estructurales” son la falta de un hogar constituido y de funcionamiento relativamente estable y previsible, organizado a través de claros roles de jerarquía, autoridad y orientación maternal y/o paternal, como así también la existencia de factores que impiden el desarrollo emocional, afectivo y moral de sus miembros, junto a la falta de interés o la incapacidad de aprovechar las posibilidades mínimas de una formación educativa estatal. Es decir, la ausencia de un ambiente favorable para una evolución integral positiva, a modo de una matriz esencial formativa y constitutiva de la persona.

Las carencias “funcionales” serían la ausencia de un conjunto básico de recursos sanitarios, alimenticios y de seguridad, o la falta de saneamiento, agua potable, electricidad, y la inaccesibilidad a una vivienda de construcción sólida y con mínimas comodidades espaciales. En términos de seguridad, las carencias refieren al habitar en un contexto de violencia casi permanente y que representa una amenaza potencial o real a la vida humana. En general, las carencias “funcionales” son factibles de solucionar mediante una gestión inteligente del Estado y de sus instrumentos.

Si bien en su conjunto, ambas clases de carencias se retroalimentan en sus correspondientes matices y densidades, y sin descartar la incidencia negativa de ciertas carencias “funcionales”,  las que predominan en su capacidad dañina son las carencias estructurales “duras”, en cuanto a las disfuncionalidades y a la fragilidad formativa presente entre hogares más pobres, unidas a la marginación del sistema educativo. Estas se ubican como obstáculos esenciales en el bienestar de una sociedad, ya que condicionan al individuo y a las familias en todas sus posibilidades de desarrollo. Dada su complejidad, presentan grandes dificultades para resolverlas. A diferencia del polio, no existen vacunas contra una anomia instalada.

Un factor determinante de estas condiciones es el rol del Estado en su calidad de prestador de servicios fundamentales. En el Uruguay, destacado como una excepción  en América Latina en ciertos indicadores, aunque lejos a los de un país desarrollado, el Estado mantiene hasta cierto nivel, un rol relativamente efectivo en algunas materias de salud, en los servicios esenciales y en educación (muy limitadas en cuanto a la calidad de lo “qué” y el “cómo” se educa).  No es efectivo en cambio, como protector de las vidas de aquellos que, expuestos a diario a la delincuencia y a entornos violentos, carecen de posibilidades de recurrir al sector privado de seguridad.

Junto a las limitadas oportunidades laborales y de generar ingresos, la seguridad tal vez sea hoy el mayor déficit del que padecen quienes componen el sector más pobre y en el cual el Estado viene fracasando en forma crónica y hasta ahora irreversible. Si bien a la amenaza de la delincuencia está hoy expuesta toda la sociedad, la primera línea de choque la ocupan, dolorosamente, los sectores en los que habitan los más pobres, por ser éstos los lugares principales en la gestación de la delincuencia y de su padecimiento, un maldito y endurecido sistema de ser su causa y su primer impacto.

El fracaso del Estado como garante natural de la seguridad pública, y la incapacidad colectiva en desactivar los circuitos de deterioro social, generan las condiciones propicias para aquellos que, afectados ya por sus carencias emocionales y afectivas, marginados de los conductos educativos ante su incapacidad para asimilar en forma rudimentaria los beneficios de un aprendizaje “intelectual” (el que nunca suplirá el afectivo), ven en la violencia un cauce liberador de sus grandes frustraciones, y, en la práctica del delito, encuentran un sentido de propósito e identidad, frente a un mundo al que no perciben como una posibilidad de pertenencia y como una alternativa salvadora de su infierno nihilista.

Así como en el África las pestes ocupan uno de los grandes vacíos estatales que es el sanitario, la principal pestilencia del Uruguay y que desmiente esa excepcionalidad continental, es la de una sociedad que se viene fragmentando y descomponiendo, ante nuestra colectiva impotencia, nuestro miedo recurrente y nuestra irresponsable resignación.

Porque en esta grave crisis, el Estado somos todos.

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