Empresas públicas y la polémica entre si dieron ganancias o pérdidas en 2019

Ante la renovada polémica suscitada el 11 de marzo después de que el gobierno anunciará una suba de tarifas en UTE (10,5%), OSE (10,7%) y Antel (9,78% promedio), el actual director de la Oficina Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, defendió el aumento de los costos al sostener que las  empresas públicas en su globalidad tuvieron una pérdida por US$ 110 millones durante 2019.  

En el programa Séptimo Día, Alfie dijo que “cuando uno ve el estado global de las empresas públicas durante 2019 dan déficit, unos US$ 110 millones".

 “Hay algunas que dan superávit, pero en el global están dando déficit”, insistió el economista.

La afirmación del jerarca con respecto al cierre de los ejercicios de 2019, provocó la rápida respuesta de quien hasta hace unas semanas ocupaba su cargo, el exdirector de OPP Álvaro García.  

García expresó en su cuenta de Twitter que “el resultado económico de las empresas públicas en 2019 fue de US$ 600 millones positivo” y que eso permitió afrontar inversiones por US$ 460 millones, lo que dio un resultado financiero antes de dividendos de US$ 140 millones. 

“Afirmar que las empresas públicas tuvieron un déficit de US$ 100 millones no hace honor a la verdad”, escribió el exjerarca.

Pero más allá del juego político entre ambas figuras, ¿cuáles fueron los resultados económicos de las empresas públicas durante estos años, y particularmente en 2019?

Según datos relevados por El Observador a partir de los estados consolidados de todas las empresas públicas en base a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas durante 2019, en total, las estatales tuvieron utilidades por US$ 150 millones, cifra similar a la que expresó García.

Los estados consolidados de las empresas públicas incluyen a: UTE, Ancap, Administración Nacional de Puertos, Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Correo Uruguayo, Antel, OSE y la Agencia Nacional de Vivienda.    

Sin embargo, una vez repartidos los dividendos, o sea las transferencias a Rentas Generales, el resultado final según los cálculos realizados por El Observador arrojó un saldo negativo de US$ 109 millones, tal como lo expresó  Alfie.

Tanto lo que dice García como lo que dice Alfie es cierto, dependiendo de qué números se tomen.

En el caso de García, consideró estrictamente los números de las empresas públicas, sin tener en cuenta los aportes al gobierno central (el accionista) que hacen, mientras que el actual director de la OPP sí lo hizo.

Antes de pagar dividendos, las estatales en su conjunto están en números verdes, pero las contribuciones en los últimos años se han reducido, contribuciones sin las cuales el déficit fiscal hubiese sido mayor.  

En total, las empresas públicas asistieron a la caja del gobierno con US$ 258 millones en 2019, por lo que ante una rentabilidad de US$ 149 millones, el saldo final para las estatales fue de US$ 109 millones en rojo. Esto implicó que en 2019 las transferencias de las empresas públicas hacia el gobierno central fueran superiores a las ganancias obtenidas por segundo año consecutivo. El déficit al que hace mención Alfie.

Las inversiones, por su parte,  el año pasado fueron por un total de US$ 499 millones, casi US$ 40 millones por encima de lo expresado por García.  

La corrección a partir de 2015      

De todas formas, después de una fuerte recuperación a partir de 2015, si se consideran las ganancias de las empresas públicas durante el último quinquenio, estas fueron cayendo sucesivamente, dotando de cada vez menos margen a las empresas propiedad del Estado para auxiliar al gobierno central.

En 2018 las utilidades totales fueron por US$ 313 millones y se transfirieron US$ 417 millones, teniendo también saldo negativo en este caso por US$ 104 millones.  

En 2017 la rentabilidad de las empresas públicas fue de US$ 471 millones, mientras que lo que se pasó a Rentas Generales fueron US$ 461 millones. 

Ese año los números después de la repartición de dividendos sí fueron positivos en US$ 10 millones, mientras que en 2016, después de unas ganancias por US$ 441 millones de todas las empresas públicas consolidadas, se pasaron a Rentas Generales unos US$ 303 millones.

Esto significó que en 2016 las empresas públicas tuvieron finalmente un saldo positivo de US$ 136 millones (diferencia entre utilidades y transferencias), tras obtener ese año ganancias por US$ 441 millones. 

Alfie, además dijo que según información enviada por las propias empresas a la OPP, el déficit de las principales empresas en 2020 sería de US$ 500 millones a tipo de cambio promedio en $ 39 si no se aumentaban las tarifas. 

Por su parte, durante 2015 los números son similares a los de 2016. Ese año hubo ganancias por US$ 432 millones y fueron transferidos US$ 132 millones, obteniendo un saldo positivo de las estatales de US$ 300 millones en lo global.

En tanto, si se considera el período 2012, 2013 y 2014, antes de volcar fondos a Rentas Generales, los resultados de los ejercicios fueron negativos, con pérdidas por US$ 240 millones, US$ 40 millones y US$ 24 millones, respectivamente.

Si bien a partir de 2015 los números finales mejoraron y hubo una importante corrección, las utilidades de las empresas públicas -previo a transferencias- pasaron de US$ 432 millones en 2015 a los US$ 150 millones de 2019, acortando cada vez más las posibilidades de transferencia a rentas generales.  En 2016 fueron por US$ 441 millones, en 2017 por US$ 471 millones y en 2018 por US$ 313 millones. 

En 2019 UTE dio ganancias por US$ 212 millones, casi un 40% menos que en 2018, según informó El País este miércoles. Por su parte, la empresa estatal Ancap cerró 2019 con ganancias por US$ 39 millones. Fue el cuarto año consecutivo en que la petrolera cierra con números positivos, luego de la capitalización realizada a inicios de 2016 por US$ 623 millones .

También se destacó que las inversiones en 2013 y 2014 (en 2012 fueron por US$ 680 millones) superaron los US$ 1.000 millones, mientras que a partir de 2015 hubo una baja sustantiva que se ubicó entre los US$ 400 millones y US$ 600 millones anuales de inversión en las empresas públicas, reduciéndose a casi la mitad.