En el Servicio Exterior hay "preocupación" e "indignación" con fiscalía por imputación del excónsul en Rusia

Entre los más jóvenes de la cancillería –los funcionarios de menor rango que suelen asumir funciones consulares en los destinos– existe preocupación porque entienden que la interpretación de la fiscal sobre la función consular cambió un paradigma que dejó en situación de vulnerabilidad total a los funcionarios que cumplen dicha función. En este sentido, señalan que se siente "desprotegidos" y que lo que le sucedió a Di Conza perfectamente podría ocurrirle a cualquier otro. 

De hecho, la fiscalía ya se comunicó con el excónsul en Rusia que está siendo investigado y que en la actualidad presta funciones en Washington para que declare. 

Los funcionarios del Servicio Exterior entienden que hasta ahora no hubo el debido "respaldo institucional" por parte de la cancillería tanto para explicarle a la ciudadanía algunos procedimientos vinculados con la labor consular y para moverse por la situación personal de Di Conza en prisión.

Una de las cosas que reclaman es que se explique de forma clara y contundente cómo es el proceso de emisión de un pasaporte común uruguayo en el exterior. En este sentido, señalan que la responsabilidad es del Ministerio del Interior, que hace la parte medular del proceso, y no de Relaciones Exteriores que tiene un rol de facilitador.

"Como el Ministerio del Interior no manda funcionarios a Moscú, Delhi o Tokio, el funcionario de menor rango hace las veces de receptor de la documentación para escanearla, subirla al sistema y mandarla de nuevo. Interior la estudia y en función de ello decide si emite o no. Y si emite la libreta la envía al exterior es el cónsul el que la entrega. Se estampa la firma del cónsul y eso hace creer que fue él el que decidió la emisión del pasaporte. Pero eso no es verdad", dijo un diplomático senior consultado.

Más allá de si Di Conza actuó con dolo o no o si integraba la organización criminal o no, lo cual se dirime en la justicia, los diplomáticos alegan que a ninguno de ellos los han entrenado para detectar documentos adulterados y no tienen los medios ni los conocimientos para ello. Las excepciones, dicen, pueden tener lugar en el caso de funcionarios experimentados y de una larga trayectoria cumpliendo el rol.

Además, señalan que en ninguna embajada uruguaya en países distantes (y en los que se hablan idiomas imposibles de manejar) cuentan con peritos calígrafos ni expertos en identificar documentos falsos, lo cual sí ocurre con embajadas de otros países.

La indignación con la fiscal y con el juez resulta fundamentalmente de la decisión de enviar a Di Conza a una cárcel –en este momento está en Punta de Rieles– en la que estuvo incomunicado. Entienden que se debe investigar y determinar responsabilidad en caso de que existieran, pero afirman que la medida cautelar es excesiva en virtud del caso. De hecho, señalaron que desde que está en prisión Di Conza no logra salir de un estado de angustia que lo ha llevado a alimentarse poco y que requiere de asistencia profesional.

La situación preocupa a la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (Afuseu) que ha estado en pleno contacto con la familia del diplomático y que planea alguna acción. 

En tanto, la fiscal Fossati volvió a pedir información a las autoridades de la cancillería tanto para que describieran procesos como para que amplíen sobre algunos casos puntuales. 

En el caso de Di Conza, la fiscal entiende que el diplomático era parte de la banda que integraban Astesiano, el escribano Álvaro Fernández, su pareja Patricia Medina y el ciudadano ruso Alexey Slivaev, todos imputados en el caso. Slivaev, fundamentalmente, lo ha señalado como responsable de la operativa en Moscú. 

Di Conza se desempeñó como cónsul en Moscú entre 2013 y 2018. El Observador se contactó en dos oportunidades con el funcionario cuando comenzó a ser nombrado en la investigación y en ambas oportunidades negó estar vinculado a la organización que falsificaba pasaportes.