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En las áreas protegidas, indígenas bolivianos luchan contra la minería ilegal
A fines del mes pasado, el gobierno boliviano aprobó las demandas de la industria aurífera para actualizar los planes de manejo de tres parques nacionales: Madidi, Cotapata y Apolobamba. El acuerdo provocó fuertes críticas de los opositores y generó un debate sobre las posibles consecuencias ambientales.
Por la presión pública, el acuerdo fue anulado días después, pero los activistas medioambientales dicen que la amenaza de una mayor invasión por parte de la industria minera sigue siendo grande.
“La minería destruirá nuestros territorios, nos obligará a irnos”, le dijo a Al Jazeera Ruth Alipaz, de la comunidad indígena San José de Uchupiamonas en el Parque Nacional Madidi. “Nuestras aldeas serán invadidas y llenas de otras personas, y simplemente desapareceremos como cultura”, expresó.
Bolivia es reconocida internacionalmente como el primer país en consagrar los derechos de la naturaleza como iguales a los derechos humanos, con los pueblos indígenas y sus territorios protegidos en la constitución. Pero los críticos dicen que todo esto es solo retórica, ya que las amenazas a las tierras indígenas continúan aumentando.
Las recientes concesiones del gobierno a la industria de extracción de oro, que según los activistas ya se ha infiltrado ilegalmente en al menos la mitad de los parques nacionales del país, fueron rechazadas por grupos indígenas y ambientalistas, quienes señalan que el sustento de comunidades enteras depende de la salud de estas áreas protegidas.
El Colegio de biólogos de La Paz señaló sobre el acuerdo finalmente anulado que “facilita el ingreso de la minería en áreas que, hasta el día de hoy, protegen el patrimonio cultural, religioso y natural del país”,
Según Alipaz, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) de Bolivia, una agencia gubernamental, “se ha convertido en un brazo operativo del extractivismo”.
Madidi, Cotapata y Apolobamba son el hogar de decenas de comunidades indígenas, donde miles de residentes dependen del entorno natural para su vida y sustento. Muchos están preocupados por los efectos de la minería ilegal en curso, y se estima que el 85 por ciento de las cooperativas mineras de Bolivia se encuentran en esta categoría. La actividad minera puede contaminar los ríos con mercurio, lo que amenaza la salud de las comunidades locales.
Antes de que se anulara el acuerdo del mes pasado, el director ejecutivo de SERNAP, Teodoro Mamani Ibarra, dijo que su objetivo era frenar la minería ilegal e instituir nuevos controles, aunque no estaba claro exactamente cómo se haría. Rechazó las críticas de que el acuerdo abriría a la explotación tres de los parques nacionales del país y le dijo al periodismo que “en cuanto al tema ambiental, el cuidado de nuestras áreas protegidas, vamos a exigir que las cooperativas mineras cumplan con la normativa vigente.”
Según las regulaciones existentes, dijo, los mineros pueden trabajar en áreas protegidas, siempre que ya estuvieran operando en esos lugares antes de que se convirtieran en protegidas, pero los activistas afirman que hay información disponible públicamente sobre qué mineros se considerarían parte de la categoría “ya en funcionamiento”.
Mientras tanto, los grupos ambientalistas cuestionan la afirmación de que el acuerdo de octubre habría instituido controles más estrictos sobre la minería.
“El marco legal para la minería en Bolivia es muy flexible y se ha vuelto cada vez más flexible”, le dijo a Al Jazeera Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Documentación e Información sin fines de lucro de Bolivia, ya que estas operaciones mineras no estarían obligadas a cumplir con todas las normas de protección ambiental.
En cuanto a la afirmación de SERNAP de que los mineros que ya estaban operando en áreas protegidas antes de que se convirtieran en protegidas, los observadores han respondido que “parece una contradicción legal, pero también conceptual”, según Rafael Anze, representante del Colegio de Biólogos de La Paz. “Un área protegida no es un área para la minería. Entonces, ¿cómo tienen estos derechos?”
Ruth Alipaz también rechazó la noción de derechos mineros preexistentes y señaló: “Nosotros existimos aquí y teníamos estos territorios mucho antes de que Bolivia fuera Bolivia. Por lo tanto, no se debe imponer ningún otro derecho”.
Al anular el acuerdo de octubre, el gobierno boliviano firmó el 7 de noviembre un nuevo acuerdo con representantes indígenas, pero a algunos activistas les preocupa que sea demasiado ambiguo y que, en última instancia, no impida las actividades mineras en áreas ambientalmente sensibles.
Alex Villca Limaco, un activista indígena de la comunidad de San José de Uchupiamonas, dice que los mineros han estado "intensificando" sus actividades dentro del Parque Nacional Madidi desde el estallido de la pandemia de COVID-19, y le preocupa que esto se intensifique aún más en los próximos días ya que los mineros ingresan en el área con el pretexto de estar cumpliendo las nuevas normas.
La oposición también también ha criticado al gobierno por acordar el mes pasado un gravamen fiscal reducido del 4,85 por ciento sobre el valor bruto de venta del oro, reforzando aún más a un sector ya privilegiado. La medida aún requiere la aprobación del Congreso.
El año pasado Bolivia exportó US$ 2.500 millones en oro, el doble de la cifra del año anterior, lo que la convierte en la principal exportación del país y representa el 6,2 % del producto bruto interno (PBI). Pero esa ganancia resultó en el pago de solo US$ 7 millones en regalías, o menos del 1 por ciento, según un informe de Reuters que citó datos del Ministerio de Minería del país.
Mariel Cabero Ugalde, experta en América Latina de la rama holandesa de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dijo que el quid del problema radica en la importante influencia económica y política de la industria minera en Bolivia.
“Históricamente, las cooperativas han estado involucradas en la política en Bolivia, un poder político y social intocable”, le dijo a Al Jazeera. “Los gobiernos siempre toman, o tienen que tomar, en cuenta los criterios de este grupo”.
A su influencia económica se suma que, desde 2014, las cooperativas mineras están protegidas por la Ley de Minería y Metalurgia, que las absuelve de obtener el consentimiento de las comunidades indígenas para sus operaciones y estipula que cualquier persona que interfiera para impedir las actividades mineras puede ser procesada.
Los críticos dicen que esta ley contradice la constitución boliviana, que protege los derechos territoriales indígenas, así como la legislación nacional que consagra los derechos al aire y al agua limpios, y el derecho de la naturaleza “a no verse afectada por mega-infraestructuras y proyectos de desarrollo que afecten el equilibrio de los ecosistemas y las comunidades locales de habitantes”.
A pesar de las dificultades, los miembros de la comunidad indígena de San José de Uchupiamonas en el Parque Nacional Madidi dicen que han rechazado los intentos recientes de los mineros de oro de explorar dentro de su territorio. Aun así, los miembros de la comunidad dicen que han sufrido envenenamiento por mercurio debido a la actividad minera río arriba.
Otra preocupación de los habitantes del área es que los mineros ofrecen sobornos para acceder a la tierra o explotar a sus hijos. Con la actividad minera en curso en la ciudad vecina de Mapiri, "hay mucho tráfico de niños", le dijo a Al Jazeera Fadi Aliaga, miembro de la comunidad de San José de Uchupiamonas. “Hay bares y hay mucha prostitución. Como madre de dos niñas, no quiero que eso venga aquí, a nuestro pueblo, a destruirnos”.
