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Entre protección y "doctrinas", el desafuero a Cristina es poco probable

Hasta que no haya una sentencia definitiva, los legisladores la mantendrán en su banca

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19 de septiembre de 2018 a las 05:04

El pedido de desafuero que el juez Claudio Bonadio emitió luego de procesar a la senadora y expresidenta Cristina Fernández este lunes como jefa de una asociación ilícita por el caso de los "cuadernos de las coimas" no tiene, por el momento, posibilidades de hacerse efectivo.

Ninguna de las dos principales fuerzas políticas en el Senado –la oficialista Cambiemos y el bloque peronista- están dispuestas a votar el desafuero para que Fernández cumpla con la prisión preventiva mientras el caso esté en etapa de instrucción, es decir, mientras no haya una condena firme.

El senador peronista Miguel Ángel Pichetto dijo que no ve posible que la expresidenta pueda ser desaforada por la causa en la que se investiga una supuesta red de sobornos durante los mandatos kirchneristas (2003-2015). "La etapa de instrucción es una etapa preliminar donde hay elementos, pero de ninguna manera configura definitivamente la responsabilidad penal. Es imposible producir el desafuero y la detención de un senador o de un presidente o de un ministro", dijo el legislador a radio Cooperativa.

Agregó que la prisión preventiva "es un tema muy peligroso" y que "mañana le puede pasar al propio presidente".

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Sobre el mecanismo, explicó que en esta etapa de instrucción el juez tomó esta decisión considerando que hay elementos que pueden involucrar a la persona, pero "luego tienen que proceder a elevar la causa a juicio y ahí hay un tribunal oral que la juzga y que al final del camino dictará una sentencia de absolución o de condena", indicó.

Y en el caso del oficialismo, explica La Nación, Cambiemos fijó una posición sobre el tema que también le garantiza a la expresidenta que por el momento mantendrá sus fueros. La "doctrina" oficialista establece como límite para que un legislador pueda ser arrestado, la confirmación en segunda instancia de la prisión preventiva. Esa decisión de Cambiemos fue adoptada luego del caso de la diputada chaqueña Aída Ayala, que tiene un pedido de detención en primera instancia por irregularidades durante su gestión como intendenta de Resistencia, asegura el diario. El bloque justicialista también tiene su doctrina. La "doctrina Menem", que establece que sólo se votará un desafuero cuando haya una sentencia firme confirmada por la Corte.

En el Senado se necesitan dos tercios de los votos para aprobar el desafuero, y ni el oficialismo ni la oposición (aunque la corriente peronista es mayoritaria) los tienen por sí mismos.

"Nunca van a encontrar nada"

En tanto, este martes la expresidenta compareció nuevamente ante los tribunales por una causa de lavado de dinero, un día después de que se solicitara su prisión preventiva en el proceso de "los cuadernos de las coimas".

Fernández entregó al juez Sebastián Casanello un texto en el que rechazó cualquier acusación vinculada con la causa conocida como "la ruta del dinero K", que indaga la presunta expatriación y posterior repatriación de unos 60 millones de dólares en un intento por legitimar esos capitales.

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"No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma", sostuvo la expresidenta.

Según la acusación, la operación ocurrió entre 2010 y 2013, cuando Fernández gobernaba Argentina.

La causa tiene en su centro a Lazaro Báez, un excajero de banco que creó un imperio de negocios en Santa Cruz (2.500 km al sur de Buenos Aires), donde ganó licitaciones petroleras y de obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). El empresario es dueño de varias decenas de departamentos, además de casas y terrenos. Entre sus propiedades figuran unos 25 campos con un total de 400.000 hectáreas en la Patagonia.

En una de sus propiedades en El Calafate se realizaron excavaciones hace diez días, por segunda vez en dos años, en busca de dinero enterrado en contenedores. Las pesquisas no tuvieron éxito.

"Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", escribió Fernández en su escrito al juez.

Antes de llegar, y como ya es costumbre, usó su cuenta de Twitter para hablar a sus seguidores. "Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita", escribió.

La expresidenta asegura que las causas en su contra tienen como fin proscribirla de la actividad política, en la que sigue siendo la principal figura de la oposición, con 30% de apoyo en las encuestas.

Kirchner había pedido postergar la audiencia de este martes, pero la solicitud no fue atendida.

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Detuvieron al único prófugo en escándalo por sobornos en Argentina

La policía argentina detuvo este martes al arquitecto Oscar Thomas, exdirector de la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá, y único prófugo en la causa de "los cuadernos de las coimas", que investiga sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Thomas fue apresado en un departamento del céntrico barrio Norte de Buenos Aires, luego de que se recibiera un llamado en el ministerio de Seguridad, que había ofrecido una recompensa para hallarlo de 500.000 pesos (12.500 dólares).

El arquitecto tenía orden de captura desde el 1° de agosto, y el juez Claudio Bonadio le había rechazado el pedido de eximición de prisión presentado por su abogado, José Manuel Ubeira.

Cristina Fernández y otras 41 personas, entre empresarios y exfuncionarios que quedaron procesados el lunes, fueron embargados por 4.000 millones de pesos (cien millones de dólares) cada uno.

Entre los procesados, a 30 se les impuso prisión preventiva, pero 13 de ellos, la mayoría empresarios, gozan de libertad por acogerse a la figura legal del "arrepentido" y colaborar con la causa.

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La trama de sobornos fue destapada por una investigación de La Nación, que descubrió una serie de cuadernos, especies de diarios cotidianos que llevó Oscar Centeno, un chofer del ministerio de Planificación y cuyas copias terminaron en manos de la justicia.

Thomas, quien fuera director ejecutivo de la represa Yacyretá entre 2003 y 2015, fue mencionado en esos cuadernos como uno de los que supuestamente pagaba sobornos.

En el proceso de construcción de Yacyretá, que comparten Argentina y Paraguay sobre el río Paraná y cuyo costo estimado fue de unos 19.000 millones de dólares desde el inicio de la obra en 1983, hubo numerosas irregularidades. En la década del 1990, el entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) lo definió como un "monumento a la corrupción".

 

Qué son los fueros parlamentarios

El objetivo de los fueros parlamentarios es que los legisladores puedan cumplir su función con independencia y sin presiones. Es decir, que ninguno pueda ser enjuiciado por sus opiniones durante su tarea, ni detenido salvo que se lo encuentre en el momento en el que comete un delito. En ese caso incluso, la Justicia debe dar aviso a la cámara correspondiente. "Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador", establece el artículo 68 de la constitución argentina. En el siguiente, indica que "ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho". En el artículo 70 agrega que "cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento".

El Observador y agencias. 

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