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Juez pide desafuero y prisión de Cristina Fernández

La procesó como jefa de una asociación ilícita por los cuadernos de las coimas

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17 de septiembre de 2018 a las 16:47

El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner por ser "jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales". El juez pidió su desafuero como senadora y su detención, por lo que su situación ahora quedó en manos del Congreso, informó Clarín. 

El juez también procesó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros exfuncionarios del gobierno kirchnerista, y empresarios de obra pública, entre otras ramas.

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Según lo publicado por Clarín, en la resolución de Bonadio (de más de 500 páginas) la investigación comprobó que "se montó un aparato complejo desde el Estado". Indicó que la maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".

Los cuadernos de las coimas

Todo comenzó el pasado mes de agosto, a raíz de una investigación del diario La Nación. Empresarios y exfuncionarios argentinos comenzaron a declarar ante la Justicia por un nuevo escándalo de sobornos, bautizado como "cuadernos de la corrupción" o "los cuadernos de las coimas" que salpicaron a la expresidenta, a su marido, el expresidente Néstor Kirchner y a una empresa vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri.

La Justicia argentina analizó desde ese momento el contenido de ocho cuadernos escolares en los cuales el chofer del exnúmero dos del Ministerio de Planificación registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015, años en que gobernaron Kirchner (2003-2007) y Fernández (2007-2015). 

De acuerdo a los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar a los 160 millones de dólares.

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Según los cuadernos, que detallan montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo, los sobornos fueron utilizados para obtener la adjudicación de obras públicas.

El chofer Oscar Centeno, autor de las anotaciones, un exsuboficial de ejército, fue detenido al igual que más de una decena de empresarios y exfuncionarios. Rindió indagatoria y optó por declararse como arrepentido, a la vez que admitió la autoría de los cuadernos. Las detenciones incluyeron a Roberto Baratta, que era un subsecretario pero en los hechos era el segundo del Ministerio de Planificación y para quien trabajaba el chofer Centeno.

Después de varias semanas de investigaciones, el Senado argentino habilitó los allanamientos solicitados por el juez Claudio Bonadio en tres propiedades de la expresidenta: en Recoleta, el Calafate y Río Gallegos. Durante su discurso ante el Senado, Fernández reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.

"Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada", dijo.

Destrozos

La expresidenta denunció el pasado domingo "destrozos" y presuntos robos en los allanamientos que se produjeron el pasado agosto en su residencia.

A través de un vídeo en su canal de Youtube aseguró que su casa fue "literalmente tomada" hace tres semanas en los allanamientos que se llevaron a cabo por orden de Bonadio, quien la acusa de recibir millonarios sobornos.

Los registros en El Calafate, que se sumaron a los que el juez mandó realizar en su domicilio del barrio de Recoleta en Buenos Aires y en su otra casa de Río Gallegos, duraron tres días y la exmandataria ya culpó a Bonadio de ser el artífice de un entramado de "persecución" e "humillación" hacia ella. Además, aseveró que muchos de sus bienes personales fueron extraídos sin tener nada que ver con la investigación.

Fernández recordó que en el debate en el Senado argentino donde se aprobó este procedimiento, ella pidió que se establecieran unas condiciones para que no se dañara ninguna de sus posesiones, algo que no se ha tenido en cuenta para la expresidenta. Según su declaración, se llevaron las bandas y bastones presidenciales de su fallecido esposo, las suyas y las de Héctor J. Cámpora, mandatario argentino entre mayo y julio de 1973.

El acusador y su vínculo con Uruguay

Ernesto Clarens, el financista ligado al kirchnerismo acusado de llevar fuera del país más de US$ 200 millones de coimas recibidas por la obra pública, aportó días atrás nueva información ante la Justicia de Argentina, que permitió avanzar en la comprensión del esquema de la corrupción.

Según informó La Nación, Clarens, que ya había admitido su rol de intermediación en el pago de estas coimas, aseguró que muchos empresarios pagaban por su propia voluntad aportes al gobierno para seguir estando incluidos en las obras del Estado. También declaró que su rol, el de cranear la logística de recaudación que llevaban adelante los expresidentes y esposos Kirchner y Fernández, no implicaba diseñar una estrategia financiera compleja, y que fue el manejo de grandes sumas en efectivo lo que hizo vulnerable la operación, declaró Clarens. Y eso posibilitó, según dijo, que toda la maniobra fuera registrada fácilmente por Centeno en sus cuadernos.

Este financista, que integró varios negocios con Néstor Kirchner desde que era gobernador en la provincia de Santa Cruz en la década de 1990, interesa a la Justicia uruguaya porque desde que el kirchnerismo tomó la presidencia argentina en 2003, Clarens viajó 164 veces a Uruguay, y en 91 de esas ocasiones lo hizo en barcos privados, pese a ser dueño de una compañía de taxis aéreos.

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Asimismo, Clarens tiene una propiedad en el barrio privado del Club de Campo El Faro, en Carmelo, en cuyo puerto exclusivo –Camacho–, cuestionado por la falta de controles migratorios y aduaneros, atracaba con frecuencia.  

Enrique Canon, director nacional de Aduanas, admitió el 24 de agosto que en ese puerto no hay funcionarios apostados que controlen los ingresos al país y cuando lo hacen no revisan las maletas de mano de quienes llegan. 

 

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