Estados Unidos: entre la inflación y la competencia

En el primer trimestre del año la inflación había sido inferior a la meta oficial del 2 % anual, en el marco de una política monetaria expansiva, con una compra mensual de valores de U$S 120.000 millones y una tasa de interés cercana a cero que se preveía mantener al menos hasta el fin del 2023. Pero en abril, la inflación anualizada trepó súbitamente hasta el 4.2 %, en mayo al 5 % y en junio al 5.4 %, niveles que no se alcanzaban desde 1998. 

Ante esta evidencia, las autoridades de la FED y hasta el Presidente Biden afirmaron  que este salto en los precios es “transitorio”. Por ello Jay Powell, el presidente de la institución, reafirmó la continuidad de la política monetaria para priorizar a la recuperación de la economía y el aumento del empleo, teniendo en cuenta que el mercado laboral “aún está muy lejos” del progreso deseado, puesto que hay unos 7.5 millones de empleos menos que en el nivel previo a la pandemia.

Entonces, el único ajuste promovido por la nueva realidad fue el anuncio de que en el 2023 la tasa de interés habrá de subir en dos oportunidades.

Hay en este manejo monetario una cuestión política no menor. En el próximo mes de febrero, el Presidente Biden deberá decidir sobre la presidencia de la FED para los próximos cuatro años. Tal como están las cosas, la continuidad de Powell será entonces muy dependiente de los resultados de los próximos meses en el aumento del empleo y el eventual retorno a una inflación en torno al 2 % anual.     

El otro tema importante del mes, con una proyección de más largo plazo, fue la orden del Presidente Biden para promover una mayor competencia a través de setenta y dos instrucciones a más de una docena de agencias federales. El fundamento básico fue que “el capitalismo sin competencia no es capitalismo”.

Una de las instrucciones busca impedir a los proveedores de internet el bloqueo de ciertos contenidos o el cobro de un precio adicional para ofrecer mejores condiciones. La orden también intenta limitar las condiciones que se les impone a los usuarios que deciden cambiar de proveedor. A su vez, se busca reglamentar el cobro de la información que suministran las empresas tecnológicas, prohibiendo la competencia desleal en el servicio para proteger en especial a las empresas que dependen de esos datos para acceder a los potenciales consumidores.

Otra de las órdenes busca actualizar las reglas sobre la fusión de los bancos, con el fin de evitar consecuencias tales como el cobro de costos abusivos a los consumidores o prácticas restrictivas en los créditos a las pequeñas empresas. También se pretende facilitar a los usuarios el cambio de bancos, permitiéndoles disponer de su información en el sistema. 

Hay una orden referida a la venta de medicamentos, para promover una mayor competencia con el fin de reducir los precios y asegurar la calidad. En particular, se busca facilitar la importación de medicamentos desde Canadá, donde son más baratos que en Estados Unidos. Entre otros puntos, se trata de evitar que las empresas farmacéuticas posterguen la oferta en el mercado de medicamentos de menor precio que los originales.

También se intenta actualizar las reglas sobre la fusión de los hospitales, que se entiende ha sido una de las razones del alza de los precios de la atención de la salud y la reducción de los servicios en ciertas comunidades, como las áreas rurales. También se desea mejorar la información a los usuarios sobre los precios de los servicios hospitalarios y ciertos costos adicionales no estipulados con anterioridad.

Otra de las reglas busca contemplar al sector agropecuario, facilitando a los productores la demanda contra las grandes industrias en caso que entiendan están siendo pagados por debajo de lo normal.  También se busca facilitar el acceso de la producción a los mercados a través de canales alternativos a las grandes distribuidoras, a fin de permitir a los consumidores una mayor libertad para elegir sus productos. En adición, se intenta prevenir que los fabricantes de equipos impidan a sus clientes reparar los bienes por su cuenta en talleres independientes, entre otros en el rubro de tractores.

En el mercado laboral, la orden intenta restringir los acuerdos entre empresas para limitar la movilidad de los trabajadores y prohibir la práctica de las que comparten información de los sueldos y beneficios de sus empleados para no competir por ellos. También busca eliminar los requisitos que puedan crear barreras para la entrada de nuevos trabajadores en ciertos sectores y facilitar la formación de sindicatos.

En la industria aeronáutica se busca controlar el cobro de ciertos servicios durante el vuelo, el cobro adicional por equipaje y por las cancelaciones. La orden procura que el cobro de estos gastos se informe por anticipado y cuando el servicio no es suministrado, el importe sea devuelto. La instrucción también intenta aumentar la competencia en el sector, propiciando el ingreso de nuevas empresas y prohibiendo eventuales acuerdos restrictivos entre las ya existentes.

Tal como podía preverse, la orden presidencial ha provocado la movilización en su contra por parte de las empresas más directamente afectadas por ella. Se ha iniciado entonces un proceso complejo, con un resultado normativo que debería comenzar a conocerse en los próximos meses.