Esto dice la ley de Presupuesto, presentada por el gobierno este lunes en el Parlamento

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, entregaron en la noche de este lunes el proyecto de ley de Presupuesto correspondiente a este período de gobierno, que estará vigente desde el año próximo hasta 2025, en el Palacio Legislativo. La normativa propuesta cuenta con 690 artículos y 296 páginas. El texto deberá ser aprobado por el Senado y Diputados, con 45 días como tope máximo de discusión en cada cámara.

En nombre del Poder Legislativo, la vicepresidenta Beatriz Argimón recibió las cajas con el texto.

Reestructura de funcionarios disponibles

Las necesidades de personal serán cubiertas con funcionarios declarados disponibles por reestructura. La Oficina Nacional del Servicio Civil, la que previo estudio del caso promoverá la redistribución del funcionario seleccionado.

Habiendo pasado un año de la inclusión en la nómina de personal a redistribuir por reestructura sin ocupar un nuevo cargo o función contratada, el funcionario ingresará al régimen de
retiro o readecuación funcional según las siguientes disposiciones.

Quienes se encuentren en la nómina de personal a redistribuir por reestructura y que no alcancen en ese año la edad de cese obligatorio, podrán optar por retirarse definitivamente de la función pública. Los funcionarios presupuestados o contratados que tengan más de dos años de antigüedad en la función pública recibirán una compensación equivalente a seis meses de remuneración, aumentada en un mes por cada año continuo de antigüedad en la función pública, hasta un tope máximo de doce meses.

Los funcionarios que tuviesen al 63 años como mínimo podrán retirarse recibiendo una compensación adicional de tres meses de remuneración.

El que no optase por abandonar definitivamente la función pública, deberá acogerse al régimen de readecuación funcional, para el cual la Administración deberá capacitarlo de modo de permitirle ocupar alguna de las vacantes existentes o definidas en la nueva carrera administrativa. La reglamentación determinará las condiciones de la capacitación, así como sus requisitos. La inasistencia del funcionario a los cursos de capacitación, en los términos que prevea la reglamentación, será considerada omisión.

Una vez aprobada la capacitación, el funcionario deberá ser reasignado por la Oficina Nacional del Servicio Civil de acuerdo con el perfil adquirido.

Salarios públicos

El proyecto de ley de Presupuesto establece un compromiso de mantener el poder de compra (salario real) de los funcionarios públicos al finalizar el período de gobierno, algo que no había quedado explícito en la pauta salarial que presentó días pasado al gobierno a COFE.

"A partir del 1º de enero 2022, los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que al finalizar la vigencia de este Presupuesto, el nivel de salario real no haya sufrido deterioro, conforme al Índice Medio de Salarios Real del Sector Público publicado por el Instituto Nacional de Estadística", dice el artículo 4 de proyecto que remitió el gobierno.

Hasta ahora, en cada enero los funcionarios públicos tenían un ajuste por inflación proyectada, a modo de adelanto (5% equivalente al centro del rango meta). Y al cierre de año un correctivo por la inflación observada en los 12 meses, menos lo adelantado en enero.

Ahora la fórmula del gobierno plantea que en enero de 2021 se pague el correctivo inflacionario de 2020 y ese sea el único ajuste de 2021. De esa manera, si la inflación al terminar este año fuera de 9,3% (proyección en mediana de la última encuesta de expectativas del Banco Central para cierre de año), el aumento será de 4,3%, por lo que se daría una pérdida del poder adquisitivo durante ese año.

Por otro lado, el artículo 4 establece que "durante el período 2021-2024 aquellos funcionarios que perciban una remuneración total nominal superior a la de un Ministro de Estado (unos $ 277 mil a valores de hoy), recibirán incrementos salariales nulos, o los necesarios para igualarlos al sueldo de un ministro en oportunidad de cada adecuación salarial".

Gestión Humana del Estado

El artículo 76 del proyecto le asigna a Presidencia de la República un programa de Recursos Humanos –a cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil– la suma de $ 84 millones para gastos de funcionamiento e inversión para el período 2021-2024, a los efectos del desarrollo e implementación del Sistema de Información Centralizado sobre Gestión Humana del Estado (GHE).

Ministerio del Interior

Policías retirados. Se permite contratar hasta 1.000 retirados policiales, por el plazo de hasta cuatro años, prorrogable por un período de hasta dos años, para desempeñar funciones en las comisarías de las Jefaturas de Policía del país. Entre los requisitos que se les piden figura: estar en situación de retiro al 1° de enero de 2020, no haber sido dado de baja o declarado cesante como consecuencia de una sanción disciplinaria o por ineptitud física o mental, ni sometido a sumario administrativo; no haber sido condenado en causa penal ni estar sometido a proceso penal en el momento de su contratación, y tener 65 años máximo.

Identificación facial. Se crea una base de datos de Identificación Facial con fines de seguridad pública. Se autoriza a la Dirección Nacional de Identificación Civil, la migración actualizada de la totalidad de las imágenes faciales de las personas mayores de edad.

Pasaporte. Se le permite a la Dirección Nacional de Policía Científica exonerar del pago del precio para la expedición del Certificado de Antecedentes Judiciales a efectos de tramitar el Pasaporte, en determinados casos.

Construcción de cárceles. El porcentaje de lo recaudado por concepto de la venta de inmuebles se destinará a la construcción de tres nuevas cárceles en Treinta y Tres, Tacuarembó y Artigas; la construcción de un establecimiento carcelario de máxima seguridad de hasta 300 plazas; y la remodelación y acondicionamiento de las ya existentes. El Ministerio del Interior priorizará las obras a ejecutar a medida que se le asignen los recursos presupuestales.

Contrataciones. En el marco de la reformulación de las estructuras organizativas que los Incisos de la Administración Central deberán presentar al Poder Ejecutivo, el MI podrá contratar: hasta 750 cargos de Guardia Republicana; hasta 500 cargos de Agente, en el INR; hasta 750 cargos de Agente en el programa Prevención y Represión.

Abigeato. Se le asigna un presupuesto de $ 10 millones (US$ 234 mil) a la Dirección Nacional de la Seguridad Rural.

Se crea una base de datos de "Identificación Facial" para su administración y tratamiento con fines de seguridad pública, y se autoriza a la Dirección Nacional de Identificación Civil a que migre los rostros de todos aquellos mayores de 18 años con cédula uruguaya, actualizados.

Fiscalía General de la Nación

Responsabilidad civil. Se le adjudica responsabilidad civil a los fiscales por actos propios de su función. Se le permite al Estado. Si los daños y perjuicios provienen de dolo o culpa grave, el Estado podrá repetir contra los fiscales para el reembolso respectivo.

Ministerio de Educación y Cultura (MEC), ANEP y Udelar

Centros MEC. Se suprime la Dirección de Centros MEC, cuyas atribuciones, competencias, bienes y funcionarios, entre otras cosas, pasarán a formar parte de la Dirección Nacional de Cultura.

Creaciones. Se crea el Consejo Consultivo de Formación en Educación Universitaria, así como la Unidad Especializada en Género, dentro de la Dirección General de Secretaría del MEC.

Acreditación. Se posterga hasta el 1° de enero de 2022 la puesta en marcha del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (Inaeet), creado por ley en diciembre de 2019. Su cometido principal es evaluar las instituciones y programas de la educación terciaria a nivel nacional.

Museos. Los museos podrán establecer “precios diferenciales en función de variables tales como época del año, edad del visitante, ingreso de grupos, entre otras”. Las tarifas serán formuladas por la Dirección Nacional de Cultura, a propuesta de cada museo y aprobadas por el Poder Ejecutivo. Los ingresos irán a Rentas Generales.

Ciencia y Tecnología. Se suprime la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que pasará a ser la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Asignación. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tendrá una asignación presupuestal para servicios personales durante el ejercicio 2021 de $ 255.276.930, es decir US$ 5.992.416 al valor actual. A eso se deberán sumar, únicamente para el ejercicio 2021, otra partida de $ 500 millones (US$ 11.737.089).

PPP. Se deroga el artículo 308 de la Rendición de Cuentas y Balance de la Ejecución Presupuestal del año 2012 que refiere a la modalidad de contratos de Participación Público-Privada.

Equipo de adicciones, fiscalización en el MSP y Hospital del Cerro

Adicciones. El Poder Ejecutivo dispondrá de US$ 2,3 millones anuales ($ 100 millones) para financiar la conformación de equipos especializados en el área de adicciones. Por su parte, para la creación de cargos en el proyectado Hospital del Cerro, el gobierno prevé destinar US$ 1,8 millones anuales ($ 80 millones) en 2021 y otro monto adicional idéntico en 2022.

Sanciones. La administración también promueve la creación en la órbita del Ministerio de Salud Pública de una Dirección General de Fiscalización que centralice la ejecución del control de la normativa sanitaria de competencia de la cartera, así como la aplicación de las sanciones que correspondan. Según establece el proyecto, el MSP llevará un registro de infractores de las disposiciones sanitarias vigentes con multas que van desde el apercibimiento a los 50 mil Unidades Reajustables ($ 51.264).

En caso que el infractor sea una persona jurídica, la cartera podrá sancionar a los “directores, administradores, representantes o directores técnicos que, obrando con culpa grave o dolo, hayan tenido responsabilidad en la infracción, sin perjuicio de las disposiciones legales que regulan especialmente la responsabilidad personal de los directores técnicos”.

Junasa. El gobierno también promueve el cambio del nombre de la Junta Nacional de Salud por el de “Dirección General del Sistema Nacional de Salud”.

Ministerio de Trabajo

Multas. Lo recaudado por las multas que pagan los empleadores por no entregar “una constancia de la situación laboral” del empleado cada vez que paguen el salario pasa del BPS a Rentas Generales.

Licencia médica. Flexibiliza los criterios para acreditar la discapacidad de un hijo y poder pedir licencia para acudir a consultas médicas. Lo mismo sucede con los enfermos terminales

Fondes. Cambia la forma de seleccionar el fiduciario del dinero que maneja el Fondes. Se podía hacer de forma directa hasta $ 200 mil y ahora se hará por procedimiento competitivo (Licitación)

Ministerio de Transporte

Obras portuarias. Permite al Poder Ejecutivo vender bienes muebles del MTOP (incluyendo buques, embarcaciones y equipos). El 30% de esas enajenaciones irá para financiar estudios y obras portuarios y el otro 70% para Rentas Generales.

Supresiones. Suprimen la Dirección Nacional de Planificación y Logística y el cargo de particular confianza que tenía, los recursos humanos y materiales pasan a despacho de la secretaria de estado. A su vez, derogan el Órgano de Control de Transporte de Carga y pasan sus recursos y tareas a la Dirección Nacional de Transporte.

Multas. El 100% de lo recaudado de las multas de radares en rutas nacionales se destinará a la Dirección Nacional de Vialidad par hacer inversiones.

Ministerio de Industria

Gas por cañería. El gobierno queda facultado de otorgar de forma directa una nueva y única concesión para la construcción y explotación del gas por cañería durante 30 años, según establece el artículo 300 de la ley de Presupuesto. Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo el contrato con Montevideo Gas y con Conecta, las empresas de gas por cañería que en octubre pasaron a manos del Estado tras la salida de Petrobras.

Parques industriales. Se deroga el artículo de la ley que crea la comisión asesora de parques industriales.

Ancap. Se autoriza a Ancap a arrendar su infraestructura y prestar servicios a terceros, en todas las actividades menos en la infraestructura del refinado de petróleo.

Presidencia y OPP

Nuevo censo. El Instituto Nacional de Estadística dispondrá de una partida de US$12,9 millones ($550 millones) para la planificación y ejecución del Censo previsto para 2023. El organismo deberá comunicar el detalle de la distribución de ese gasto para iniciar su ejecución.

Relevamiento de edificios. Además todos los organismos estatales dispondrán de 60 días desde el inicio de cada año para enumerar los edificios que disponen y sus funciones. Por su parte, en el artículo 64 del proyecto de ley se promueve la creación del Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, que “tendrá por cometido el relevamiento de los inmuebles del Estado para identificar aquellos que son prescindibles” con el objetivo de ponerlos a disposición del Ministerio de Vivienda o para su venta. Del dinero de las eventuales ventas, hasta un máximo del 75% será para el Programa Mejoramiento de Barrios" y el resto al organismo que tenía ese inmueble.

Cargos. Se crea el cargo del director de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que tendrá un sueldo equivalente al 60% del de un Senador de la República. El organismo fue creado en la ley de urgente consideración.

Además la OPP propone la creación del Registro Nacional de Intervenciones Públicas con “una base de datos de todas las intervenciones públicas y sus evaluaciones”.

Supresión de cargos. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se propone suprimir los cargos de directores de Descentralización e Inversión Pública, el de Planificación, el de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión y el de Coordinador General.

Deporte infantil. El proyecto de ley promueve la creación de la Organización Nacional de Deporte Infantil (ONDI) para “desarrollar y profundizar la práctica de otros deportes que no sean fútbol infantil” para niños de hasta 13 años. Además prevé destinar $17 millones para remodelaciones en la pista de atletismo de Montevideo y en 2022 una partida de $34 millones para una piscina de calentamiento en el Campus de Maldonado al lado de la piscina olímpica.

Ministerio de Vivienda

Emergencia habitacional. El ministerio podrá declarar la “emergencia habitacional” en asentamientos irregulares y llevar adelante una “intervención”, que no podrá superar los 24 meses y que se podrá ampliar por única vez durante un lapso de 12 meses.

La intervención consiste en la ”realización de obras de infraestructura y mejoras edilicias, regularización de la titularidad de la tierra, y el fomento de la integración de las familias participantes y su entorno”. Las obras realizadas durante este período gozarán de beneficios tributarios.

Creaciones. Se crea la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, así como una Unidad Especializada en Género dentro de la Secretaría General del ministerio.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Madera. Se crea la Comisión Honoraria de la Madera, con el objetivo de elaborar, coordinar y monitorear la ejecución de un plan para la promoción y el desarrollo, tendientes a incrementar la incorporación de la madera de origen nacional en la construcción de viviendas y edificios, su uso en carpintería de obra y mueblería.

En el artículo 270 se manifiesta la declaración de interés general de la promoción del uso de la madera con fines constructivos de vivienda, carpintería de obra y mueblería.

Entes

Los entes autónomos “deberán formular sus presupuestos de forma tal de cumplir con estándares mínimos de retorno sobre su patrimonio”, los que serán establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Las empresas públicas también deberán presentar cada año un informe explicativo de sus planes y, según establece el proyecto de ley, contemplarán “la política económica proyectada por el Poder Ejecutivo”.

A continuación, el proyecto de ley completo:

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