"Éticamente, el Poder Judicial no puede ampararse en la falta de recursos para no cumplir con su obligación", indicó la presidenta de la Corte

En el marco de la Rendición de Cuentas, el Poder Judicial envió al Poder Ejecutivo un proyecto de 32 artículos, del que solo incorporaron tres en el proyecto enviado al Parlamento. Pero al ser consultada por estas valoraciones, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, dio una respuesta que generó desconcierto en algunos diputados de la oposición. 

"Tengo casi cuarenta años de jueza, he trabajado en miles de circunstancias, desde 1989 para acá, y casi siempre con pocos ingresos. Para mí, como jueza, eso nunca fue un obstáculo para el acceso a la Justicia. No existían obstáculos, a mi modo de ver, en el acceso a la justicia (...) A veces nos olvidamos, pero los abogados tienen la obligación ética de defender a personas que no tengan bienes", comenzó diciendo, de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió El Observador, refiriéndose a la falta de recursos para los juzgados de Género y el "acceso a la Justicia". 

A lo que continuó: "Obviamente, la falta de recursos siempre va a tender a la dificultad en el acceso a la justicia, pero sigo creyendo en la ética y en la moral de los jueces, de los defensores y de los abogados (...) Por un lado, si es posible, se debe buscar tener la mayor cantidad de ingresos económicos para cumplir con la tarea y, por otro, hay que tener la suficiente entereza como jueces, como defensores, como abogados o desde cualquier otro lugar donde nos toque cumplir con nuestra función ética, para respetar y hacer que los derechos de todos los ciudadanos sean defendidos".

Momentos más tarde, cuando se hizo hincapié sobre el nivel de saturación de trabajo de los defensores públicos, indicó que el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Judicial recogía varios de sus reclamos. Aunque insistió: "Más allá de que pueda parecer demagógico, me cuesta escuchar que se diga que estos problemas pueden sobrepasar la verdadera obligación a la que somos llamados los jueces y los defensores, es decir, a defender, en el caso de los defensores, a las personas que piden defensa". 

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"Obviamente, no voy a pensar que todos somos superhéroes que podemos pasar por alto un número de trabajo excesivo pero, por un lado, en nuestro proyecto se piden cargos y, por otro, sin duda, casi siempre los cambios en la legislación —leyes nuevas, como la que se menciona de la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y demás— implican un aumento de trabajo,", complementó, advirtiendo que gran parte de eso está contemplado en el proyecto que el PJ propuso.

En un sentido similar, se refirió al reclamo de los jueces, a quienes no se les incrementa las partidas para cursos y especializaciones desde 2013 (calculan que para actualizar el monto deberían aumentar más de 100%). "Más allá de que hay cursos de especialización en el Poder Judicial, no podemos estar esperando siempre que nos den, que nos den. Es decir, nuestra obligación moral —insisto, de jueces, defensores— es la de procurar nosotros mismos, entre otras cosas, el conocimiento, que si bien está bien que nos lo den, nosotros tenemos otro deber más allá del: 'Si no me dan, no cumplo'", indicó. 

"Nosotros tenemos el deber de aggiornarnos y estudiar. Es lo que hemos decidido quienes somos jueces —y espero que también los defensores— para nuestras vidas: muchas veces anteponer los intereses de los defendidos a los propios", cerró sobre el punto. 

Una de las legisladoras en plantear reparos fue la frenteamplista Bettiana Díaz, quien indicó que no tenía intenciones de "generar ninguna polémica" pero creía que costaba "compatibilizar el discurso" que partía de una visión ética con el cumplimiento de las metas que se fija a sí mismo el Poder Judicial. "Hoy aparecen algunas medidas que indican que hay un deterioro en la calidad de la atención y el acceso a la justicia, sobre todo para quienes menos tienen", sostuvo.

Sobre ese punto, la presidenta aclaró que no quiso decir que con el presupuesto que les asignó el Poder Ejecutivo era suficiente para funcionar y que por eso, de hecho, presentaron uno propio con muchas diferencias. 

Agregó que en su experiencia "cada vez hay más cosas que le piden al Poder Judicial y cada vez hay menos cosas que se le dan al Poder Judicial" pero ellos siempre han cumplido. "Por eso digo que éticamente el Poder Judicial no puede ampararse en la falta de recursos para no cumplir con su obligación, lo que no quiere decir que esté bien que no tengamos los suficientes medios para hacerlo", aclaró. 

"Sigo insistiendo, defendiendo y poniendo la cara por los jueces: con o sin un presupuesto adecuado vamos a cumplir nuestra función, porque es la que tenemos como integrantes de un Poder del Estado al que debería reconocerse más en cuanto a dinero", resumió, por otra parte.

Luego, el director de los Servicios Administrativos, Marcelo Pesce, detalló las solicitudes que el Poder Judicial espera que los legisladores tengan en cuenta de cara a esta Rendición de Cuentas y lamentó que con la ley de corresponsabilidad en la crianza haya sucedido lo mismo que con la ley de violencia de género. "Se aprueba el texto y después empezamos a pensar en los recursos", sintetizó. 

También insistió en que les preocupa la situación de la Defensoría Pública y por eso impulsan la creación de 45 cargos de defensores para el interior y 18 para Montevideo. 

Tribunales de Apelaciones de Familia estudian más del doble de casos que los de Civil y Laboral

Otra solicitud que se reiteró este año fue la de presupuesto para la creación de un nuevo turno para los Tribunales de Apelaciones de Familia. Para ilustrar la sobrecarga laboral de los dos que hay actualmente, Pesce explicó que en 2022, entre los siete tribunales en materia Civil, se analizaron 2.251 asuntos. Es decir, un promedio de 322 por turno.

En los tribunales laborales, que son cuatro, fueron 1.605 asuntos. Lo que permite calcular un promedio de 401 asuntos por turno.

Esa cifra se duplica cuando se analiza los tribunales de familia, que actualmente son dos y en 2022 atendieron 1.685 asuntos, con un promedio de 843 asuntos por turno. 

"Acá hay temas de complejidad, de lo que trata el expediente; son expedientes complejos y con decisiones, realmente, muy importantes. Es decir, uno puede evaluar lo numérico, pero también está lo cualitativo del expediente y no nos cabe la menor duda de esta necesidad que se respalda, claramente, por los números", valoró el jerarca.