Suprema Corte de Justicia, pasaje de los Derechos Humanos

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Juzgados de Género en Rivera y Salto se inaugurarán este año, afirmó la presidenta de la Corte

De esa forma, se cumplirá con el artículo 542 del presupuesto 2020-2024 que preveía la creación de tres juzgados especializados en esta materia en el interior del país
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18 de julio de 2023 a las 17:08

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, indicó en su comparecencia al Parlamento en el marco de la Rendición de Cuentas que, si bien la apertura de los Juzgados de Género en Rivera y Salto estaba prevista para 2022 y no se logró, se inaugurarán durante el transcurso de 2023. 

De esa forma, se cumplirá con el artículo 542 del presupuesto 2020-2024 que preveía la creación de tres juzgados especializados en esta materia en el interior del país. En 2022 se inauguraron dos turnos en la ciudad de San Carlos (Maldonado).

Por su parte, el director de los Servicios Administrativos de la Suprema Corte de Justicia, Marcelo Pesce, señaló –según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador– que esperan estar inaugurándolos "en breve".

Morales también destacó que se realizaron gestiones para instalar uno en Paysandú y se estima que comenzará a funcionar en 2024. El Ministerio de Salud Pública dio un inmueble en comodato al Poder Judicial por 20 años y ese acuerdo, del que participaron el mencionado ministerio y la Intendencia de Paysandú, se firmó el año pasado. 

Para lograr su inauguración en 2024, en su propio proyecto de rendición de cuentas, en el artículo 18 piden presupuesto para funcionarios. Ese artículo no fue recogido por el Poder Ejecutivo, pero en su comparecencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta les solicitó a los legisladores que por favor lo consideraran. 

En la ley de presupuesto votada en el 2020, el gobierno se comprometió a abrir tres nuevos juzgados de género en el interior del país, un tema que tuvo a la vicepresidenta Beatriz Argimón al frente de las negociaciones para lograrlo, y que ocurrió tras varios idas y vueltas.

La ley no garantizó los recursos para ponerlos completamente en funcionamiento, razón por la que desde el Poder Judicial, Inmujeres y Argimón realizaron gestiones en busca de locales que pudieran ser cedidos para instalar los juzgados.

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