FA pide destitución de directora de Cuidados por causa que Justicia indagó y se archivó

En un comunicado emitido en la noche del sábado, los legisladores también anunciaron que citarán al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, a la comisión de derechos humanos, equidad y género, y solicitarán a la Fiscalía General de la Nación, que reabra la causa.

Durante cinco años, entre 2012 y 2017, la ONG implementó un programa de “familias articuladas” que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin que el trámite pasara por el INAU ni por otros organismos estatales. Fueron seis los niños que participaron del programa, cuatro fueron entregados a familias que no eran las biológicas y dos se frustraron.

La causa, en la que también estuvo involucrado Interpol, fue archivada en el año 2017 tras el pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco. El fiscal argumentó que no encontró “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva” y que la resolución en todos los casos “se basaba jurídicamente en lo previsto en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia” que establece que cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño. “En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”, consideró Pacheco.

"Grave denuncia que involucra a la Directora de Cuidados - MIDES. Adopciones ILEGALES - encubiertas;  atropello y un abuso a mujeres  pobres y discapacidades", señaló en su cuenta de Twitter el senador del Frente Amplio, Charles Carrera.

El legislador anunció que la bancada del FA estaba analizando la situación junto a sus asesores y que el lunes definirá acciones.

En tanto, Liliam Kechichian dijo estar "horrorizada" y esperando una respuesta del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol.

Por otra parte, la Red Pro Cuidados solicitó formalmente la "inmediata destitución" de Bazzano. "A partir de esta alarmante información, la Red Pro Cuidados resolvió suspender su participación en el Comité Consultivo de Cuidados, presidido por la secretaría en cuestión, hasta tanto se proceda a la designación política de una nueva autoridad, cuya actuación esté alineada con la normativa nacional e internacional en la materia", señaló el grupo en un comunicado.

Quien también exigió su destitución fue la exdirectora adjunta de la Secretaría Nacional de Cuidados, Patricia Cossani. "Lo que parece una serie de terror es pura realidad. Las políticas públicas de discapacidad y de cuidados de nuestro país, con el disparate que implicó mezclarlas, no merecen estar en estas manos. Debemos exigir la renuncia inmediatamente, por el bien de todo el pueblo uruguayo", subrayó en Twitter.

Según supo El Observador a partir de fuentes del Mides, Bazzano se comunicó este sábado con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, a quienes les manifestó que estaba "tranquila" con su actuación porque tenía un fallo favorable de la Justicia y el apoyo de las familias.

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El caso fue denunciado en el año 2015 por el el INAU y el hospital Pereira Rossell ante un juzgado de familia. La denuncia se radicó porque una mujer que era asistida por la ONG Seamos, encabezada por Bazzano, se retiró del sanatorio tras dar a luz sin el alta médica y con la niña con una vía colocada. Durante todo el período, de acuerdo a la denuncia, la mujer había sido acompañada por otras dos mujeres que integraban la ONG, una de ellas la "madre articulada".

La investigación relata diversos casos y menciona que Bazzano ejerció presión a las madres para que entregaran a los recién nacidos a las "familias articuladas". "Yo no quería firmar los papeles, pero tenía a Gabriela al lado diciéndome que mi hija iba a estar mejor con Sonia, que yo no la podía tener donde estaba. Gabriela me decía que Julia no podía estar conmigo porque yo tenía problemas, y a mi hermana le hizo lo mismo, le decía que era una loca que siempre tenía un problema. Gabriela dice que fue con Sonia a una jueza, pero yo nunca fui al juzgado”, señala.

La primera jueza de la causa fue Adriana de los Santos y el fiscal fue Juan Gómez, pero ambos fueron trasladados en junio de 2016 y la investigación quedó en manos de María Helena Mainard y María de los Ángeles Camiño, quienes tomaron las declaraciones durante ese año. En febrero de 2017, Camiño fue trasladada y el caso quedó en manos de Pacheco, quien solicitó el archivo.

Finalmente, la jueza suplente Gabriela Araujo decretó el archivo del caso.