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FA investiga a Robert Silva y Talvi acusa de maniobra con aires "fascistas"
El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, respaldó a su compañero de fórmula Robert Silva y rechazó la posibilidad de solicitarle que su caso sea analizado por la Comisión de Ética y Conducta Política del partido, luego que el Frente Amplio denunciara que estuvo de los dos lados del “mostrador” mientras fue secretario general de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y trabaja en la empresa Abengoa-Teyma.
“No vamos a pedirle nada porque todo esto es una grotesca maniobra política del MPP y del senador Carrera. Tiene un aire fascista”, dijo al ser consultado por El Observador.
En mayo de 2005, Silva ganó un concurso e ingresó a la Ursea como secretario general, aunque no fue hasta noviembre de 2006 que quedó efectivo en el cargo. En ese período también se desempeñó como asesor jurídico de la gerencia de recursos humanos de la constructora Teyma.
Mientras ocupaba ambos cargos, la filial de la multinacional española ganó licitaciones de UTE y OSE, dos empresas que la Ursea debía controlar, y el organismo emitió resoluciones respecto a compañías que subcontrataban a la constructora, informó el semanario Búsqueda y confirmó El Observador.
El 8 de setiembre de 2005, el directorio de la Ursea resolvió pedirle a Gaseba, la adjudicataria del servicio de distribución de gas en Montevideo y la zona metropolitana, que realizara un plan para reparar una serie de fugas que habían sido detectadas por la Gerencia de Fiscalización del organismo. El texto está firmado por la entonces presidenta, Christina Vázquez, la directora Esther Yáñez y Silva como secretario general. La empresa que había sido contratada por Gaseba para la realización de las obras era Teyma, según consta en la memoria anual.
En julio de 2006, Silva volvió a firmar otra resolución en la que el organismo advirtió a Gaseba por incumplimientos en las obligaciones al contrato.
En tanto, el 31 de agosto de 2006, el directorio de UTE adjudicó a Teyma Uruguay S.A. los trabajos de remodelación y ampliación de la red de distribución en Montevideo, una obra por más de $21 millones. Fuentes del organismo dijeron a El Observador que hasta el 2014 era “común” que la empresa fuera adjudicataria de estas licitaciones, ya que estaba especializada en estos servicios.
Este miércoles, Carrera elevó un pedido de informes a la Ursea en el que consultó si se había dispuesto una investigación administrativa para “aclarar las presuntas irregularidades que involucran” al abogado y profesor colorado. El pedido será analizado por la dirección de jurídica del organismo, el cual elevará un informe al directorio, explicaron a El Observador desde la reguladora.
El senador frenteamplista dijo que investigará junto a su equipo si Silva incumplió el decreto 30/003 que regula la conducta de los funcionarios públicos, así como si hubo una conjunción de interés público y privado.
El artículo 27 de este decreto prohíbe a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior ser “dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de que aquellos dependan”. El texto extiende la prohibición “a todas las contrataciones de servicios o de obra, realizadas a solicitud de la administración controlante, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros”.
Carrera también solicitó saber si Silva presentó una “declaración jurada de implicancias” en la que explicó que trabajaba en una empresa sujeta a controles de la Ursea, tal como lo solicita el artículo 29.
La semana pasada, Silva negó a El Observador haber participado de alguna reunión de la Ursea en la que se hablara de Teyma o en una de Teyma que tuviera vinculación con la Ursea. “Son ámbitos absolutamente distintos. La reguladora regula servicios de energía y agua. Y Teyma Construcción construye obras civiles, públicas y privadas. No tiene ningún punto de conexión”, dijo.
Este jueves, Talvi agregó que Carrera puso a “funcionarios públicos a estudiarle la vida a la gente” y manifestó que primero inventó “una incompatibilidad en 2010 y 2011, y ahora una en 2005”.
“La próxima incompatibilidad va a ser de cuando era un adolescente y estudiaba en el liceo”, sentenció el candidato.
