Falta de acuerdo y de coordinación trancan agenda de la coalición en el Parlamento

Más de seis meses después de aquel encuentro, ninguno de los proyectos mencionados, tanto en la conferencia posterior como puertas adentro en la reunión, avanzó en el Parlamento. “No hay acuerdo. Es tan sencillo como eso”, dijo a El Observador el senador Gustavo Penadés para explicar el poco avance de la agenda legislativa. 

En la conferencia de prensa posterior a aquella reunión de febrero, Argimón tomó la palabra y mencionó una serie de proyectos que la coalición había decidido priorizar en su trabajo legislativo. La ley de medios, la reforma de la seguridad social que enviaría el gobierno, proyectos vinculados a la usura y las deudas de las personas físicas, otros vinculados a las políticas de frontera y también el proyecto de ley sobre la política forestal, presentado por Cabildo Abierto pero rechazado por el Poder Ejecutivo, fueron algunos de los mencionados. 

En el oficialismo señalan que en los grandes temas –Ley de Urgente Consideración, Presupuesto y Rendición de Cuentas– los legisladores se han alineado y la agenda del gobierno avanzó. Sin embargo, reconocen problemas para coordinar en otros asuntos tanto entre los socios en el Parlamento como con el Ejecutivo. 

La ley de medios es el caso más representativo de esa falta de acuerdo. Tras más de un año de intercambios, entre los socios y con el Ejecutivo, el proyecto no ha logrado ser aprobado en la Cámara de Diputados a pesar de que los legisladores se autoimpusieron varias fechas límites que no lograron cumplir. Es el más icónico porque el gobierno tenía especial interés en que se aprobara, y siguió las conversaciones de cerca, pero se transformó en el único proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que, hasta ahora, no tuvo el respaldo del oficialismo. El resto son de iniciativa parlamentaria. 

Algunos legisladores oficialistas se apoyan en que la LUC, que abarcó temas muy variados, contenía buena parte de la agenda de la coalición y también en que la pandemia afectó el trabajo legislativo durante varios meses. Pero todos reconocen las dificultades. 

“No han salido proyectos de importancia desde el legislativo. Hay algo que falta, que yo lo planteé en la bancada de Cabildo, que es la coordinación multicolor”, aseguró en diálogo con El Observador el diputado cabildante Álvaro Perrone. 

La intención de reinstalar la coordinación entre los partidos oficialsitas en el Parlamento, tal como funcionaba el año pasado, ya estuvo sobre la mesa en junio. Pero la idea se diluyó con el paso del tiempo y los problemas que manifestaban los legisladores siguen presentes. 

“Nos está haciendo un daño terrible no tener esa coordinación”, agregó Perrone. Cabildo Abierto es el socio oficialista que más iniciativas ha planteado. A tal punto que sobre internación compulsiva de adictos presentó dos textos distintos, impulsados por legisladores diferentes. 

Perrone también cuestionó que el Ejecutivo enviara un proyecto de ley sobre la personería jurídica de los sindicatos sin consultar a los legisladores que ya habían presentado tres proyectos sobre este tema. 
Con la mesa de coordinación instalada en Torre Ejecutiva, de la que participa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, los legisladores tienen cierta esperanza de que el intercambio sea más fluido pero al sesionar solo una vez al mes tampoco tienen grandes expectativas. 

La mesa se reunió este viernes y los partidos volvieron a poner en consideración proyectos en los que tienen interés de avanzar. Se trata del segundo encuentro de una instancia que es mensual y que, según algunos legisladores, puede ayudar a solucionar los problemas de coordinación. “Hacía falta una coordinación más institucionalizada. Esperemos que dé los frutos esperados”, dijo a El Observador el diputado colorado Conrado Rodríguez. 

Un tema, varios proyectos

En algunos asuntos, incluso, hay proyectos presentados por legisladores de distintos partidos oficialistas, lo que demuestra el interés de legislar en el tema, pero no logran ponerse de acuerdo en un texto común. Este es el caso de la política de fronteras, los proyectos vinculados a la usura y la tenencia compartida. 

Este último tema fue abordado por Cabildo Abierto y también por la senadora blanca Carmen Asiaín, a pedido expreso del presidente Luis  Lacalle. Si bien las negociaciones entre ellos han tenido avances, los reparos se generaron en el Partido Colorado y también en la interna del Partido Nacional, ya que Argimón tiene diferencias con algunos puntos.  

Pero hasta en temas en los que parecen estar de acuerdo en el fondo se generan problemas entre los socios. El diputado blanco Álvaro Viviano presentó en febrero un proyecto de ley para que el Ministerio de Desarrollo Social disponga de un mecanismo de “intervención inmediata para solventar situaciones críticas” ante “situaciones extraordinarias”. Es decir, que la cartera pueda darle un voucher a una persona que tenga problemas en la vivienda por un temporal en un plazo no mayor a 48 horas. 

La primera reacción en Cabildo Abierto fue que se trataba de un tema relacionado al Ministerio de Vivienda y que no debería estar en el Ministerio de Desarrollo Social. El texto descansa en un cajón de la comisión especial de Población y Desarrollo. 

Agenda afectada

En el Parlamento varios legisladores ya tienen asumido que a partir de ahora buena parte de la agenda política va a estar copada por el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y, por lo tanto, la gestión parlamentaria se va a ver aun más enlentecida. 

La Corte Electoral todavía tiene que validar las firmas presentadas por el Frente Amplio y las organizaciones sociales pero por la cantidad entregada es casi seguro que el organismo va a habilitar la instancia de referéndum. Y esto también afecta a la agenda de gobierno. 

La reforma de seguridad social que el Parlamento esperaba para el segundo semestre de este año, y que fue mencionada por Argimón en aquella conferencia, fue postergada para después del referéndum. 

Los plazos de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que pidió varias prórrogas, obligan al Ejecutivo a postergar el texto para el próximo año y para no interferir en el momento más intenso de campaña, que estiman se dará sobre fines de marzo, lo dejarán para más adelante. 

Esta postergación se suma a la ya decidida sobre la reforma de la carrera, los estatutos y la escala salarial de los funcionarios públicos que se incluirá en la próxima Rendición de Cuentas. El objetivo era enviarlo para discutir este año pero por falta de tiempo decidieron postergarlo para 2022. 

A su vez, en el Parlamento esperan el proyecto de ley vinculado a las certificaciones médicas que desde hace meses trabaja una comisión conformada por sindicatos y varios organismos públicos. La Oficina Nacional de Servicio Civil espera elevar el proyecto a Presidencia en las próximas semanas y ahí se evaluará cuándo será trasladado al Parlamento. Se trata de un tema que ya estuvo en discusión en el Palacio Legislativo durante el debate presupuestal y generó importantes diferencias entre la bancada y el Ejecutivo. 

Sin grandes proyectos en el horizonte, más allá de la Rendición de Cuentas que avanza en el Senado, y con el referéndum sobre la LUC cada vez más cerca, la agenda de la coalición a nivel parlamentario no parece que se vaya a destrabar.