Fiscal de Corte descartó sanción a subalterno que permitió a vándalo vacacionar en Valizas

El joven de 21 años, uno de los imputados por los disturbios en la marcha -que incluyeron pintadas a edificios públicos y agresiones a periodistas- ya tenía planeadas sus vacaciones de verano en Valizas, por lo que el fiscal Romano y el abogado defensor acordaron que se suspenda la pena por dos semanas. En concreto, el joven deberá presentarse en la seccional de su barrio una vez por semana a lo largo de cuatro meses. 

Romano reconoció en diálogo con El Observador que se equivocó al evaluar el acuerdo con el abogado defensor. "Reconozco que para la opinión pública puede verse mal, pero si yo no accedía a la suspensión, el joven igual podía ir y venir en el día desde Valizas para firmar, porque no iba a quedar encerrado en la seccional", argumentó.

El mensaje hacia la opinión pública es lo que "más le preocupa" al titular de la Fiscalía General de la Nación (FGN), Jorge Díaz, quien aseguró en conferencia de prensa que la decisión de Romano fue una "muy mala solución" para el caso. En este sentido, el titular de la FGN señaló que existían "muchas" posibilidades para resolver el caso, que no incluían la habilitación para que el joven pase dos semanas de enero en Valizas. 

Sin embargo, el fiscal de corte defendió la "independencia técnica" de Romano y aseguró que desde el punto de vista jurídico no había cometido ningún error. "Desde el punto de vista jurídico penal no puedo decir absolutamente nada porque la decisión es ajustada a derecho", explicó Díaz, por lo que descartó tomar algún tipo de medida sancionatoria contra Romano, el mismo fiscal que también cometió un error en el caso del delincuente Jairo Sosa. 

En esa investigación de octubre, Romano pretendía imputarle a Sosa (sobrino de la líder de la banda Chinga, Mónica Sosa) un delito de amenazas agravado, luego de que asegurara ante allegado y a través de un video que circuló por Whatsapp que mataría al director de convivencia del Ministerio del Interior y responsable del operativo contra la banda criminal en Los Palomares, Gustavo Leal.

El juez, Gonzalo Arsuaga, aceptó la imputación solicitada por la Fiscalía, pero se negó disponer prisión preventiva contra Sosa debido a que el delito de amenaza se castiga con pena de multa de 25 a 700 unidades reajustables (que en ese momento eran entre $ 27.075 a $758.100), y no con privación de libertad. De haber querido solicitar la prisión preventiva, Romano tendría que haberlo formalizado por violencia privada.