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"Me equivoqué": la versión del fiscal que permitió ir a Valizas al manifestante del G20
El fiscal Fernando Romano reconoció su error al permitir que uno de los hombres condenados por los disturbios durante la marcha contra el G 20 se fuera de vacaciones a Valizas antes de que empiece a regir su pena. Es el segundo error que comete el fiscal que beneficia a los investigados.
"Me equivoqué en la evaluación del acuerdo con el abogado defensor", aseguró Romano a El Observador, pese a entender que "no modifica en nada" la suspensión o no de la pena que permite al joven irse de vacaciones."Reconozco que para la opinión pública puede verse mal, pero si yo no accedía a la suspensión, el joven igual podía ir y venir en el día desde Valizas a firmar, porque no iba a quedar encerrado en la seccional", sostuvo.
En noviembre, un grupo de jóvenes con la cara cubierta grafiteó cámaras, agredió a periodistas, pintó edificios públicos, rompió vidrios y tiró bombas de pintura el 30 de noviembre en rechazo a la cumbre del G20. Aunque la policía no actuó en el momento, algunos de los manifestantes fueron detenidos.
Este martes, dos de ellos declararon ante el fiscal Fernando Romano, quien acusó a uno de los jóvenes de haber cometido un delito de violencia privada agravada. De este modo, con el visto bueno del juez, el hombre de 21 años fue obligado a pedir una disculpa “formal” al periodista de canal 12 Diego Castro, agredido durante los disturbios, y a presentarse en la seccional de su barrio una vez por semana durante cuatro meses. Sin embargo, para que pudiera vacacionar en el balneario de Valizas Romano accedió, nuevamente con el aval del juez, a aplicar la suspensión condicional de la pena durante las dos primeras semanas de enero.
Romano entiende que su evaluación fue "ajustada al derecho" porque el joven quedó formalizado por dos delitos. "Con la locura" y "la trascendencia", más el cansancio de las nueve horas trabajadas el martes, según el funcionario de la fiscalía de flagrancia del noveno turno, se apuró a llegar a un acuerdo con el abogado defensor.
Por otra parte, en diálogo con El Observador Romano relativizó la culpabilidad de este manifestante: "No había suficientes pruebas, en la filmación se lo ve tapando la cámara, nada más. No vandalizó, amenazó ni golpeó a nadie".
El segundo error
Fernando Romano pretendía imputarle a Jairo Sosa un delito de amenazas agravado, luego de que asegurara ante allegados y a través de un video que circuló por Whatsapp que mataría al director de convivencia del Ministerio del Interior y responsable del operativo contra la banda criminal en Los Palomares, Gustavo Leal.
El juez, Gonzalo Arsuaga, aceptó la imputación solicitada por la fiscalía, pero se negó disponer prisión preventiva contra Sosa debido a que el delito de amenaza se castiga con pena de multa de 25 a 700 unidades reajustables ($ 27.075 a $758.100), y no con privación de libertad. De haber querido solicitar la prisión preventiva, tendría que haberlo formalizado por violencia privada.
