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Vacaciones en Valizas y amenaza de muerte: los casos polémicos del fiscal Romano
En apenas meses, el fiscal Fernando Romano ha tomado dos decisiones polémicas en sus actuaciones ante la Justicia que dejaron como consecuencia penas más leves para los investigados.
El último fue este martes, cuando Romano decidió, con aval del juez, aplicar la aplicar la suspensión condicional de la pena durante las dos primeras semanas de enero, porque el hombre acusado por los disturbios durante la marcha contra el G 20 ocurrida en noviembre alegó que ya tenía coordinadas sus vacaciones en Valizas.
El hombre de 21 años fue obligado a pedir una disculpa “formal” al periodista de canal 12 Diego Castro, agredido durante los disturbios, y a presentarse en la seccional de su barrio una vez por semana durante cuatro meses. Sin embargo, para que pudiera vacacionar en el balneario, Romano accedió a que la pena empezara a regir después de las vacaciones del imputado.
"Me equivoqué en la evaluación del acuerdo con el abogado defensor", aseguró Romano a El Observador, pese a entender que "no modifica en nada" la suspensión o no de la pena que permite al joven irse de vacaciones."Reconozco que para la opinión pública puede verse mal, pero si yo no accedía a la suspensión, el joven igual podía ir y venir en el día desde Valizas a firmar, porque no iba a quedar encerrado en la seccional", sostuvo.
El otro caso fue en octubre. En ese momento, Romano pretendía imputarle a Jairo Sosa (sobrino de la líder Chinga Mónica Sosa) un delito de amenazas agravado, luego de que asegurara ante allegados y a través de un video que circuló por Whatsapp que mataría al director de convivencia del Ministerio del Interior y responsable del operativo contra la banda criminal en Los Palomares, Gustavo Leal. El juez, Gonzalo Arsuaga, aceptó la imputación solicitada por la fiscalía, pero se negó disponer prisión preventiva contra Sosa debido a que el delito de amenaza se castiga con pena de multa de 25 a 700 unidades reajustables (que en ese momento eran entre $ 27.075 a $758.100), y no con privación de libertad. De haber querido solicitar la prisión preventiva, tendría que haberlo formalizado por violencia privada.
Consultado acerca de por qué no se lo acusó del delito de violencia privada en esta audiencia, Romano explicó que el denunciante Gustavo Leal había presentado una denuncia por “amenazas”, por lo que fue ese delito el que se persiguió. Sin embargo, la abogada que ofició como defensa por el Ministerio del Interior explicó a El Observador que los denunciantes señalan hechos y que es la fiscalía quien debe definir qué delitos corresponden.
