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Fiscal de Corte pidió “evitar filtraciones” tras conocerse la amenaza a Mónica Ferrero
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se mostró crítico con las filtraciones a la prensa de los detalles de las investigaciones criminales y de los juicios penales.
El jerarca publicó un hilo en su cuenta de Twitter algunas horas después de que se conociera parte del contenido de la amenaza de muerte realizada contra Mónica Ferrero, la fiscal de Estupefacientes de 1º Turno, a mediados de mayo.
"Hola, Mónica Ferrero. ¿Cómo le va? Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida...", comienza el mensaje, que fue difundido por el periodista Gabriel Pereyra, y confirmado por El Observador con fuentes del caso.
La amenaza está firmada por un cártel internacional cuya sigla es PCU. Estas letras, según indicaron los informantes, han aparecido marcadas en varios ladrillos de cocaína incautada en el último tiempo.
Díaz señaló que los medios de comunicación llegaron a las puertas de la justicia penal “para quedarse” y por razones de interés público o de mercado, las noticias criminales y su investigación ocupan “cada vez más espacio en los medios”.
“Los periodistas buscan ‘descubrir’ detalles de las investigaciones criminales y de los juicios penales y cuando los encuentran, si consideran que son noticia, los publican”, reflexionó el jerarca.
Para Díaz, la filtración del contenido de las investigaciones criminales afecta o puede afectar “su resultado”, razón por la cual las son “legalmente reservadas”.
Las filtraciones “deben ser evitadas por quienes tenemos la responsabilidad de llevarlas adelante”, escribió y enseguida agregó: "incluso sancionando severamente a quienes ilegalmente las realizan. Lo que no podemos pretender es que un medio no publique una noticia ilegalmente filtrada por un operador infiel. Sería negar la esencia misma de una prensa libre en una sociedad democrática”.
El mensaje de WhatsApp que recibió Ferrero dice también: “estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo".
El "susto" refiere al atentado que recibió la sede de la Brigada Antidrogas el 9 de mayo, en un ataque en el que se usó una granada militar que destruyó cuatro vehículos oficiales y otro particular.
El fiscal Diego Pérez, que investiga la amenaza, dijo a El Observador que le "sorprende" que se haya filtrado el mensaje de WhatsApp con los detalles de la denuncia, lo que le lleva a preguntarse "qué objetivo se persigue, más allá de la veracidad o no del contenido del mensaje y de los posibles partícipes". Agregó que "sería importante considerar que cualquier información podría estar repercutiendo en los resultados y suerte de la investigación".
"Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades, a cargo de usted, ni contra usted! Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos! Usted me entiende, no tengo que explicarle mucho... Acuérdese que todo tiene un límite! Usted Sabe... Saluda atte PCU", concluye la amenaza.
Los informantes agregaron que, además de este mensaje, hay una segunda amenaza de parte de la misma banda criminal dirigida también a Ferrero.
Ferrero dirige varias investigaciones que apuntan contra grandes bandas de narcotraficantes que están actualmente en curso, como el caso de 4.500 kilos de cocaína que fueron incautados en junio de 2019 en el puerto de Hamburgo (Alemania), en un contenedor que había salido de Montevideo semanas antes. Por esta investigación fue imputado Martín Mutio por un delito de asistencia al narcotráfico, en principio con prisión preventiva, luego bajo arresto domiciliario, pero ahora, luego de una audiencia del 4 de mayo, aguarda el juicio oral en su casa sin ninguna medida cautelar.
También indaga los vínculos de la banda brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) con delincuentes uruguayos. Este caso comenzó a investigarse en julio del año pasado, a raíz de una información aportada por la Agencia Brasileña de Inteligencia, en cuyos datos figuraba el nombre y el número de teléfono de Fernando Otalivio Frabasil Gómez, líder de la célula uruguaya del PCC, y que fue imputado de un delito de asociación para delinquir a fines de 2019, junto con otras tres personas.
