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Fiscal de Corte dijo que reserva del caso en Operación Oceáno se debió a "resolución judicial"

La fiscal declaró que tanto ella como la defensa de los imputados solicitaron la reserva ya que se había filtrado información

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29 de mayo de 2020 a las 10:55

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se refirió a la Operación Océano por la que fueron imputadas 11 personas en las últimas semanas por retribución a menores de edad a cambio de sexo y aclaró por qué la última audiencia de formalización se declaró reservada.

"La Fiscalía tiene una política muy clara de transparencia, la ha aplicado siempre, salvo que existan disposiciones judiciales que dispongan la reserva", dijo en conferencia de prensa este jueves. 

Díaz explicó que en la primera formalización, la fiscal solicitó la reserva de la investigación para preservar la identidad de la víctima y evitar que otras personas involucradas en el caso eliminaran pruebas. "Como se sabía que iba a haber una segunda, una tercera y una cuarta etapa de la investigación, la fiscal no quería que se divulgaran elementos que permitieran alertar a las demás personas involucradas", señaló.

Luego de la audiencia, se publicó en la página web de Fiscalía la solicitud de formalización, sin demasiados detalles.

Díaz dijo que en la segunda formalización, que terminó con seis hombres imputados, la fiscalía solicitó lo mismo pero una resolución judicial estableció la reserva de todas las actuaciones. "Hay una resolución judicial que lo establece", explicó. Por otra parte, dijo que no hay "ningún grado de empatía y de simpatía con los imputados".

A la salida de la segunda audiencia, la fiscal Darviña Viera, evitó hacer declaraciones. Sin embargo, al día siguiente explicó por qué se reservó la investigación y, a diferencia de lo que expresó Díaz, sostuvo que esa decisión se tomó a pedido de ella y de los abogados de los indagados, ya que se había "filtrado información" que afectaba a las partes. "Se pidió la reserva y por eso no se va a subir a la web de Fiscalía la formalización, ayer se pidió específicamente que no se subiera (...) en estos casos que son tan delicados se editan y se sacan cosas que no quiere que se conozcan", concluyó.

En la primera de las dos audiencias, que tuvo lugar el miércoles 13 de mayo, fue imputado un exjuez de Adolescentes, uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas, el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz, un arquitecto y un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.

En la audiencia del miércoles 20, se divulgó que se trata de seis personas, profesionales y empresarios, y que entre los imputados se encuentra un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró "como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo", según un comunicado del sector en el que anunció la desvinculación del indagado del grupo político.

Diferenciar delitos

Díaz diferenció los distintos tipos de delitos sexuales hacia menores y específicamente por el que se investiga a los imputados en este caso. "Las imputaciones no son de explotación sexual, salvo una. Son por este delito, (cuando) una persona adulta que por remuneración o promesa mantiene relaciones sexuales con una persona menor de edad", señaló.

El fiscal de Corte dijo que hay "diferencias con algunas organizaciones sociales" respecto al número y la calificación jurídica de los delitos. "Una cosa es la retribución de dinero, otra es la explotación sexual, que es el proxeneta, y otra es la trata. No podemos meter todo en la misma bolsa. Quizás desde el punto de vista cultural si, desde el punto de vista jurídico no".

El delito por el que fueron imputados la mayoría de los hombres está contemplado en la ley 17.815 de violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces. En el artículo 4 tipifica la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo –por el que fueron imputados la mayoría de los hombres–. que será castigado con pena de dos a 12 años de prisión.

En el artículo 5, en tanto, se castiga la contribución a la explotación sexual, con la misma pena de dos a 12 años de penitenciaría, con la posibilidad de elevarla de un tercio a la mitad "si se produjere con abuso de las relaciones domésticas o de la autoridad o jerarquía, pública o privada, o la condición de funcionario policial del agente". 

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