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Justicia imputó a seis hombres más por el caso de explotación sexual a menores
La Justicia imputó a los seis hombres que habían sido detenidos este martes por presunta contribución a la explotación sexual de menores, aunque no se estableció prisión preventiva para ninguno, sino solo prohibición de acercamiento y de comunicación con las víctimas como medida cautelar.
Los seis hombres imputados este miércoles se suman a otros cinco que fueron llevados a la Justicia el miércoles 13 de mayo. La Justicia resolvió para esos cinco casos acusar a los indagados de los delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad, y todos fueron enviados para sus casas, al igual que en esta oportunidad..
La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera se retiró del juzgado sin hacer declaraciones porque el caso se declaró como reservado. "Nada va a decir la Fiscalía", declaró, mientras caminaba por la calle Juan Carlos Gómez hasta su vehículo, sin responder a ninguna pregunta de los periodista.
Según dijeron a El Observador fuentes judiciales, la reserva de la investigación fue un pedido de la propia fiscal, así como de los abogados de todos los imputados. Los defensores plantearon en la audiencia su malestar por "la filtración" de la información respecto a los imputados del miércoles anterior, y querían evitar ese antecedente. Entre los datos que se divulgaron, se mencionó que el 13 fue imputado un exjuez de Menores, uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se re realizan fiestas electrónicas, el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz, un arquitecto y un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.
Entre los imputados de este miércoles, ya se informó que se encuentra un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró "como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo", según un comunicado del sector en el que anunció la desvinculación del indagado del grupo político.
Esta investigación comenzó en marzo, cuando la policía ubicó a una amiga de la joven de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el arrollo de Solís Chico. Luego de que la policía interrogara a la amiga de la fallecida, los investigadores supieron que ella era explotada sexualmente en Punta del Este, y que existían denuncias de ambas contra un hombre mayor de edad por abuso sexual. Por contrapartida, el hombre había denunciado que era víctima de extorsión, porque habían subido a internet un video de él manteniendo relaciones sexuales.
La policía incautó luego el celular de la joven en Maldonado y surgieron contactos y posibles listas de clientes de servicios sexuales.
Según dijeron fuentes del caso a El Observador, hay "más de cinco adolescentes" que fueron víctimas de esta explotación, y que aún resta detener a varias personas que tuvieron sexo a cambio de dinero con las menores.
"Trabajamos semana a semana, mantenemos reuniones en fiscalía y, en función de lo que vamos recabando, se genera una estrategia de intervención", agregaron los informantes sobre la forma de investigar hasta el momento. Por eso se estima que en los próximos días habrá más allanamientos y detenciones. Y, en todos los casos, los sospechosos son profesionales o empresario con un "un alto poder adquisitivo".
Víctor Della Valle criticó la investigación de la fiscal Viera al salir de la audiencia. Dijo que manejaba "pruebas escasísimas", y que por esa razón apeló la formalización de la investigación penal contra su cliente.
De acuerdo a lo informado por Viera la semana pasada respecto de los imputados del 13 de mayo, las retribuciones a las menores eran regalos, pagos en efectivo y se investiga el uso de drogas.
El delito de explotación sexual de menores tiene una pena de 2 a 12 años de prisión y es inexcarcelable.
