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Fiscal de Corte termina una gestión de reformas y tensiones con el respaldo del gobierno
El principal proyecto de Jorge Díaz cuando empezó abril –a un año exacto de dejar el cargo de fiscal de Corte– era tomarse licencia para hacer un viaje al exterior. Se iba a desconectar por algunos días y descansar de los más de 12 meses de trabajo en el contexto de un nuevo gobierno –el tercero desde que asumió el cargo en 2012– y en el que debió resistir un pedido de destitución de Cabildo Abierto y arduas negociaciones en el Parlamento para que no quitaran recursos al Ministerio Público, lo que de todas formas terminó ocurriendo en la ley de Presupuesto aprobada el año pasado.
Pero se dio cuenta de que su pasaporte estaba vencido, y que los días de trámite más los de cuarentena en el destino eran más de lo que quería. Quienes lo rodean, destacan su adicción al trabajo. “No aguanto”, comentó el fin de semana pasado en su círculo cercano al avisar que volvía a la oficina antes de tiempo.
Díaz encara el último año de su mandato sin el peso de una “mochila” que siente que se quitó al haber hecho lo que se planteó cuando asumió. “Hice lo que dije que iba a hacer”, escribió el 17 de abril en sus redes sociales, al cumplir nueve años en funciones. Y allí puntualizó que, entre otros cosas, logró que se aprobara por ley la transformación de la fiscalía en un servicio descentralizado; la implementación del nuevo Código del Proceso Penal –que “funciona y es más eficiente y garantista”–; la creación de una Unidad de Víctimas, y la instalación del sistema informático que integra a la Fiscalía con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.
Lucía Topolansky, que representó al Frente Amplio en las negociaciones llevadas adelante en 2012 y que culminaron con la designación de Díaz con consenso partidario –cuando José Mujica era presidente– agregó a esa lista la introducción de concursos para el ascenso de los fiscales.
“Es un profesional, que no ha actuado nunca con sesgo político. Yo no tengo la menor idea de lo que vota”, valoró a El Observador la exvicepresidenta y actual senadora del MPP. “Ha actuado con un enorme profesionalismo, y esa es la seguridad que da Díaz. Además es un tipo que estudia; ojalá continúe en algún lugar judicial, porque tiene un capital acumulado de formación que no muchos tienen”, agregó.
El senador blanco Gustavo Penadés, que también participó en las negociaciones de la designación por la entonces oposición, destacó de Díaz que “siempre mantuvo diálogo con todos los partidos desde el punto de vista institucional, lo cual es una condición que habla bien de él”.
Sin embargo, hay matices. Díaz mantiene con los jerarcas del actual gobierno un relacionamiento público más fluido al que mantuvo con la anterior administración.
Esta semana el presidente Luis Lacalle Pou lo recibió en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. El mandatario le entregó –junto con el ministro de Defensa Javier García– los archivos de la dictadura encontrados en un depósito militar, y en rueda de prensa el fiscal de Corte destacó que la información entregada por Defensa era “valiosa” y “relevante” a los efectos de profundizar en las causas de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
Dos días después compartió una conferencia de prensa con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, luego de que la policía y fiscalía imputaran a dos líderes de una banda de narcos (Betito Suárez y su hermano), y allí Díaz reiteró una frase que se hizo costumbre en sus discursos: “Tanto en la Fiscalía General de la Nación como en el Ministerio del Interior seguiremos trabajando conjuntamente porque, como hemos dicho más de una vez, nuestra suerte está acollarada”.
Estas ruedas de prensa coordinadas por ambos jerarcas se realizaron con frecuencia casi semanal en el último año. Los Jorges –que mantienen una comunicación casi diaria– reúnen a los periodistas para dar detalles de operativos en conjunto, algo que no ocurría durante la gestión de Eduardo Bonomi.
Con el anterior ministro del Interior, Díaz mantuvo varios cruces debido a que el extitular de la cartera de seguridad culpaba al CPP y al trabajo de los fiscales –vigente desde noviembre de 2017– del récord de delitos en 2018, y a Díaz eso le molestaba.
En uno de esos intercambios, el fiscal de Corte le respondió: “Los fiscales en este país tenemos los pantalones largos hace mucho tiempo y no necesitamos que ningún ministro de la Corte o del Ejecutivo nos diga lo que tenemos que hacer”. O también: “Zapatero a tus zapatos. Quien decide quién tiene que estar preso y quién tiene que estar libre no es el ministro, la policía, ni siquiera yo. Son los jueces”.
Consultado sobre el vínculo entre ambos, Bonomi dijo ahora que tenían “un buen relacionamiento” fuera de micrófonos, pero que sigue pensando que el aumento de los delitos obedeció a la implementación de la reforma procesal y que de hecho “era algo que estaba previsto “.
Díaz da por concluida esa discusión basado en el aumento de la cantidad de presos –hoy hay más de 13.500– y en el récord de imputaciones fiscales, lo que a su criterio demuestra que si hay algo que no es el CPP es benigno con los delincuentes.
Pedido de destitución
Domenech, que espera “pacíficamente” a que Díaz termine su mandato, dijo a El Observador que el jerarca mantuvo un muy buen vínculo con el gobierno del Frente Amplio, y se remitió a su experiencia como escribano de Presidencia de Tabaré Vázquez. “Yo vi cómo concurría asiduamente al despacho de Miguel Ángel Toma”, comentó.
