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Fiscal de Homicidios: quienes atacan al nuevo código "desprecian la inteligencia popular"
Para la presidenta de la Asociación de Fiscales, Mirta Morales, la posición del Ministerio del Interior de señalar al nuevo Código del Proceso Penal como la principal variable en el aumento récord de los delitos en 2018 significa "un desprecio a la inteligencia popular muy grande" porque implica suponer que la motivación de la delincuencia se reduce al marco legal de una sociedad.
"Me hago cargo de mis palabras: no logro comprender cómo se piensa que los delincuentes estuvieron leyendo el código en octubre (de 2017) para después salir en noviembre a delinquir. No lo logro comprender", dijo la fiscal de Homicidios en diálogo con El Observador. "Porque los delincuentes que yo veo son muchachos jóvenes, adictos, sin educación y con un gran problema de analfabetismo", agregó Morales, ya que parte del entendido de que el fenómeno de la delincuencia tiene "múltiples causas".
El Ministerio del Interior dio a conocer este lunes las últimas cifras de los delitos, que indicaron un incremento histórico. Entre 2017 y 2018, las rapiñas subieron 53,8% –pasaron de 19.441 a 29.904– y los homicidios aumentaron 45,8% –de 284 que hubo en 2017, el año pasado se registraron a 414– y durante la presentación de los datos las autoridades volvieron a remarcar en el concepto de "efecto noviembre", en alusión al mes en que empezó a funcionar el nuevo proceso penal.
A mediados de diciembre, el presidente Tabaré Vázquez presentó un estudio elaborado por el profesor Spencer Chainey de la University College of London, que concluyó en forma determinante que el principal responsable en la última suba de los delitos fue la implementación del nuevo sistema penal. Ese estudio es la base que el ministro Eduardo Bonomi y el director nacional de policía, Mario Layera, usan para referirse una y otra vez al "efecto noviembre" como el motivo fundamental del aumento de la inseguridad.
Y este miércoles Layera volvió a atacar al código para justificar el incremento de los delitos. "El nuevo sistema les produce a ellos (a los delincuentes) una facilidad" para delinquir, dijo el jerarca, entrevistado por Informativo Sarandí. Y explicó luego que, a su criterio, "la conducta criminal busca derramarse en lo que se supone, para ellos, que (algo) es más débil", en referencia a las condiciones procesales que enfrentan hoy los delincuentes.
Morales, que opina en la misma línea que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, discrepa de plano con Layera. Dijo que el actual proceso penal es en realidad "un código durísimo" y "mucho más" severo que el proceso penal inquisitivo que sustituyó a fines 2017 y que "ahora no hay bromas, no hay procesamientos sin prisión o condenas de papel, como había antes, en donde el imputado no siempre iba a la cárcel". "Ahora hay condenas efectivas que se cumplen en cuanto se dictan, y es algo que todos lo saben", insistió.
Parte de las críticas de las autoridades del Ministerio del Interior se han dirigido en las últimas semanas al beneficio de las libertades vigiladas que muchos fiscales acuerdan con los delincuentes en los llamados procesos abreviados. En esas negociaciones, es frecuente que los fiscales pacten que los delincuentes cumplan las condenas en forma mixta: una parte en sus casas y otra en prisión. Sin embargo, la ley que da esa ventaja, de 2016, no se elaboró teniendo en cuenta que al año siguiente entraría en vigencia el proceso penal vigente, y que fue creado con una "lógica distinta" a la de ese instituto, según dijo el fiscal de Corte a El Observador este miércoles, quien además adelantó que entiende necesario reformular.
De todos modos, Morales advirtió sobre el peligro de "usar de chivo expiatorio" al sistema procesal para justificar el crecimiento de la delincuencia porque tiene por consecuencia "demonizar al código en función de intereses" que entran en juego en un año electoral.
"Tenemos gente que busca protagonismo y sectores que no están de acuerdo, y me molesta que se intente crear un relato que no es tal", dijo la fiscal de Homicidios.
Tortas fritas
En los últimos meses también han sido cuestionadas algunas actuaciones de los fiscales que, haciendo uso de las nuevas reglas de juego, aplicaron beneficios a imputados que habían cometido delitos leves y que fueron ridiculizados por la opinión pública.
Semanas atrás, en el pueblo de San Ramón, la fiscal Alicia Schiappacasse acordó con un hombre de 63 años, sin antecedentes penales, que cocinara 100 tortas fritas, como él propuso, a cambio de suspender el proceso penal. El hombre había comprado una desmalezadora que había sido robada y había cometido así un delito de receptación.
"Yo hablé con esa fiscal y lo que hizo fue muy bueno", opinó la presidente del gremio de los magistrados. "Estamos hablando de una persona sin antecedentes, un trabajador muy humilde que cuando se enteró que lo que había comprado era robado fue a la comisaría voluntariamente y lo devolvió. Nadie fue a buscarlo". Para Morales la decisión de la fiscal fue "jocosa" y dijo que por eso fue "caricaturizada", pero que de ese modo se aplicó una sanción que antes, con el código anterior, ni siquiera se hubiera resuelto. "Este caso antes era excarcelable y la persona hubiera quedado afuera porque ningún juez hubiera hecho nada", añadió.
En un mismo sentido se expresó al respecto Jorge Díaz en declaraciones a El Observador. El fiscal de Corte consideró ajustado a derecho la definición del caso, aunque sugirió que lo mejor hubiera sido "una redacción distinta" de la medida, algo que hubiera evitado las burlas. "Si se hubiera acordado tareas comunitarias aunque esas tareas sean hacer las tortas fritas no se hubiera caricaturizado".
Otra resolución que fue objeto de críticas ocurrió en diciembre del año pasado, cuando la fiscal Graciela Perazza definió que pesara contra un hombre que atacó un cajero automático la prohibición de acercarse a ese dispositivo a menos de 500 metros.
"Acá pasó lo mismo: era una persona que no integraba ninguna banda, un borracho que se calentó con el cajero y lo entró a matar a patadas porque no pudo sacar plata, y entonces la fiscal cometió el pecado de caer en el exceso de trabajo y le impuso una medida por embromar a la sociedad, además de tareas comunitarias", evaluó Morales.
Días atrás, Gustavo Leal, asesor del ministro Bonomi declaró que los operadores judiciales cada vez que aplican sanciones hacen "pedagogía ciudadana", es decir, que envían mensajes ejemplarizantes a la sociedad y que si los fallos son benévolos no se da la señal adecuada para combatir la "impunidad".
"Yo lo que veo", dijo en cambio Morales, "es que se agarran de casos anómalos, porque no observan la normalidad, y una parte de los casos, y así generan un relato paralelo que daña una herramienta que es muy buena".
