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Díaz a Bonomi: "Al sistema procesal no se le puede exigir que evite que se cometan los delitos"

Buscan que fiscales no acuerden libertades vigiladas

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27 de marzo de 2019 a las 05:04

La cantidad de delitos en Uruguay alcanzó un récord en 2018 y, como viene haciéndolo desde el 1° de noviembre de 2017, el Ministerio del Interior volvió este lunes a acusar al nuevo Código del Proceso Penal de explicar en buena medida este “cambio de tendencia” que aleja a la cartera dirigida por Eduardo Bonomi de la promesa de campaña de bajar las rapiñas y los homicidios un 30% entre 2015 y 2020. Pero el fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostiene que no hay elementos suficientes para atribuirle al cambio del sistema penal los 414 homicidios y las 29.904 rapiñas registradas en 2018, que significaron un aumento respecto a 2017 de 45,8% y 53,8% respectivamente.   

En entrevista con El Observador, el fiscal de Corte contó detalles de lo cambios que la Fiscalía propondrá para las libertades vigiladas, al tiempo que expresó su deseo de restringir la aplicación del beneficio de la suspensión condicional del proceso. Además, se trabaja en la reasignación recursos para crear este año una tercera fiscalía de Homicidios en Montevideo.

¿Cómo evalúa el funcionamiento del nuevo CPP?
En primer lugar está funcionando. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, tuvimos un comienzo con dificultades, lo que se vio reflejado en el número de imputaciones que se hicieron en los primeros meses. Sin embargo, se fueron resolviendo esas dificultades y las imputaciones subieron rápidamente y hoy podemos decir que en el promedio de los últimos seis meses del funcionamiento del CPP tenemos alrededor de 1.150 formalizaciones, lo que es un número superior a los procesamientos que se dictaban en el sistema anterior. El tema es que como las denuncias aumentaron, tenemos un porcentaje de imputaciones sobre denuncias que es prácticamente igual al que tenía el sistema anterior, que asciende a 4,5% y subiendo.

Pero también persisten algunos problemas.
Algunos institutos que provenían del sistema anterior, pero que siguen vigentes, como las libertades anticipadas, nos complican la vida. Eso no viene del nuevo CPP, pero al no haberse derogado estas libertades siguen vigentes. Ese es un nudo gordiano que tenemos que resolver.  Otro nudo es la baja cantidad de casos que se llevan a juicio oral. Actualmente poco menos del 3% de los casos llegan a juicio oral, mientras que los países que tienen un sistema penal más maduro, como los anglosajones, Colombia o Chile, la cifra asciende a entre 8% y 12%. Un tercer talón de aquiles es la suspensión condicional del proceso, que si bien se acomodó porque al principio teníamos un porcentaje cercano al 30% y hoy ya bajamos al 20% (del total de volumen de casos que incluyen las distintas variantes, como el  juicio oral, proceso abreviado, acuerdo reparatorio), sigue siendo un problema. En mi opinión, este beneficio (que permite que personas queden sin antecedentes si cumplen con una condición) debería ser para aquellos que sean primarios de solemnidad, quienes nunca hayan cometido delitos. Hoy no es estrictamente así, y quienes no cometieron un delito en los últimos cinco años pero sí antes, también se pueden ver abarcados.

También han sido cuestionados otros beneficios, como las libertades vigiladas, que regían antes de que comenzara a funcionar el nuevo código. ¿Por qué fueron criticadas recién ahora si, como usted ha dicho, es una ley que el Ministerio del Interior impulsó años atrás para atender el hacinamiento de las cárceles?
Porque no estaban previstas en el CPP. Entonces tenemos un sistema que se supone que tiene una determinada lógica y este es un instituto que rompe con esa lógica. Si me preguntan a mí, o la vigilada desaparece o si queda -que en algunos casos puede quedar- no tiene que ser como está prevista ahora que puede ser acordada por el fiscal o dictada por el juez. Creo que la libertad vigilada debería definirse en sede de ejecución de sentencia. Es decir, primero que se defina la pena y la cantidad de años, y luego, cuando el individuo está cumpliendo la sentencia, recién ahí, previo a un informe que diga que el sujeto está en condiciones de salir, solo entonces sustituir la medida.

¿Lo está manejando como una iniciativa concreta?
Es una propuesta que estamos impulsando. Implicaría eliminar la posibilidad de acordar las libertades vigiladas durante la negociación de un acuerdo abreviado y en la sentencia de un juicio oral por el juez, y llevarla a la fase de ejecución y que sea mucho más restringida. No hay que olvidarse que la ley permite aplicarla hasta en penas de hasta cinco años.

El presidente Tabaré Vázquez y el ministro Eduardo Bonomi han insistido en que el principal responsable del alza de los crímenes es el nuevo sistema penal, mientras que usted rechaza esa explicación. Sin embargo, ellos se sostienen en un estudio académico que encargaron al profesor Spencer Chainey de la University College of London y que señala que esa vinculación. ¿En qué se basa usted para decir que es incorrecto señalar al nuevo sistema penal como un factor de incremento de la cantidad de delitos?
Estoy un poco cansado de este debate porque estamos hablando de lo que pasó, y lo que está pasando hoy es que tenemos un volumen de imputaciones por rapiñas y por hurtos superiores al código anterior. Al sistema procesal no se le puede exigir que evite que se cometan los delitos. A lo sumo, se le puede exigir que en definitiva logremos mayores imputaciones y condenas, que reduzcamos la brecha de impunidad. Eso es lo que le podemos exigir al sistema procesal y a eso está respondiendo hoy. El delito es un fenómeno multicausal y si nosotros analizamos, por ejemplo, las imputaciones por homicidios, crecieron en relación al sistema penal y los porcentajes de aclaración se mantienen, pese a que la tasa de asesinatos sube. Y en el caso de los homicidios, cada vez que se dispone una imputación, se lo hace con prisión preventiva. Entonces, el argumento de que ese homicida sigue cometiendo homicidios porque está libre, se cae. Si miramos la evolución de la tasa de homicidio, hay un crecimiento constante hasta 2011. Del 2011 al 2012 hay un escalón. Pasamos de más de 190 a 260, y digo un escalón porque se mantuvo ahí. Y ahora lo que tenemos es otro escalón.

Pero la suba tan clara a partir de noviembre, que llevó a que Bonomi, Vázquez e incluso el director nacional de Policía, Mario Layera, hablaran del “efecto noviembre”, ¿cómo se explica?
Esa es una buena discusión. En los primeros meses la tasa de imputaciones bajó, pero luego se recuperó y con ese argumento la cantidad de delitos debería haber bajado ahora, porque si asociamos cantidad de imputaciones a cantidad de delitos, en la medida que las primeras suben las segundas deberían bajar. Pero esta es una discusión de lo que pasó y deberíamos concentrarnos en lo que está pasando. Pero sin embargo se dio un escalón a partir de noviembre. Y en su momento se habló que el nuevo código se preparó para una cantidad de noticias criminales de alrededor de 224.165 denuncias al año -18.680 por mes- y que luego resultó ser bastante mayor. Ese es un dato de la realidad y lo hemos dicho: nosotros planificamos el funcionamiento de la Fiscalía para una determinada realidad y volumen de denuncias. Pero en noviembre de 2017 nos enfrentamos a una realidad que no era lo que habíamos previsto.

¿Cómo se dio ese desajuste? ¿Se les dio alguna explicación desde el Ministerio del Interior que es quien les pasaba esos datos?
Sí, salía del sistema de gestión de seguridad pública. Nos encontramos con una realidad distinta. A poco de que nos encontramos con esa realidad lo que hicimos, responsablemente, es solicitar más recursos. Y en la Rendición de Cuentas del año pasado pedimos $ 300 millones solo para el sistema penal. Nos dieron cerca de $ 80 millones, bastante menos a lo que habíamos pedido.

¿Qué ocurre con los procesos abreviados? El ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak dijo que a su juicio se debería dejar afuera de los acuerdos a aquellos que cometan delitos de rapiña, por ejemplo.
Si se llevara todas las rapiñas a un juicio oral el sistema colapsaría. Por lo menos con estos recursos humanos. Estaríamos hablando prácticamente entre 1.700 y 2.000 juicios orales más por año y no hay cantidades de fiscales suficientes para hacer eso. Y la Defensa Pública tiene menos recursos que nosotros.

¿Cree que las víctimas deberían poder oponerse a los acuerdos entre delincuentes y fiscales?
Uruguay no reconoció la figura del querellante, por lo que actualmente terminamos notificando a la víctima de que existió un acuerdo. Si se incluyera esa figura se eliminarían todas las discusiones, porque si la víctima no estuviera de acuerdo con resolver su caso por un juicio abreviado entonces acusaría.

¿Qué hace falta para incluir esta figura?
Nosotros lo propusimos en el debate de la aprobación del código. No se necesitan más recursos y es una herramienta profundamente democrática, aunque también un arma de doble filo. Hoy no tenemos querella, por lo que, cuando el fiscal tiene que tomar una decisión que no va en línea con lo que la víctima pide, se produce un conflicto. Pero por otro lado, si la víctima tuviera la posibilidad de acusar impidiendo la realización del acuerdo, la víctima se empoderaría, pero también se haría responsable si después ese juicio se pierde. Creo que gran parte de los cuestionamientos a los procesos abreviados se resolverían con la figura del querellante. Pero esto no se aprobó porque no hubo acuerdo político y distinguidos impulsores del código, como (el ministro de la Suprema Corte de Justicia) Jorge Chediak, no estaban de acuerdo.

En el interior hay fiscalías que tienen una sobrecarga de trabajo, ¿cómo se está atendiendo esta situación?
Abrimos una cuarta fiscalía en Maldonado, una cuarta en ciudad de Ciudad de la Costa. Una cuarta en Las Piedras. Una cuarta en Paysandú y una cuarta en Salto. Tenemos la duda de si agregar una cuarta en Rivera. Todo esto lo estamos haciendo con los recursos que tenemos. Lo que hicimos fue rascar la lata y distribuirlo. Además estamos analizando reubicar a aquellas fiscalías que tienen menos trabajo en otros lugares con mayor carga de casos. Ciudad de la Costa y Atlántida continúan siendo de las que tiene más.También enviamos para el interior a la enorme mayoría de los 30 abogados que ingresaron a la fiscalía para ocupar roles técnicos de nexo entre fiscal, la sede judicial y la policía. Además entraron 25 psicólogos y asistentes sociales para la Unidad de Víctimas que fueron distribuidos en el interior para llevar esta unidad a distintos puntos del país.

¿Es posible pensar en fiscalías especializadas por delito como hay en Montevideo pero en el interior del país?
Hoy tenemos una semi especialización en Maldonado. De esta forma la primera parte del caso la lleva el fiscal que esté de turno y después la agarra un fiscal especializado. Estamos evaluando lo que se hace en Maldonado para ver si lo podemos extender al resto del país.

¿Ante el aumento de delitos es posible esperar más fiscalías especializadas en Montevideo?
Estamos analizando de dónde podemos sacar fondos para una tercera fiscalía de homicidios. Tenemos que hacerlo con reasignación de recursos, pero lo estamos estudiando para este año seguro. Queremos suprimir la fiscalías de código viejo. Ahora suspendimos una en Pando. La de Ciudad de la Costa se va a transformar en una del nuevo código. Vamos a ir apuntando a eliminar fiscalías del código viejo.


Acuerdo de intercambio de bienes

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, valoró positivamente el acuerdo en el que trabajan las cancillerías de Uruguay y Argentina para el intercambio de bienes decomisados del crimen organizado, y que podría quedar sellado el próximo 2 de abril cuando representantes de ambas naciones se vuelvan a reunir. “Nos interesa que salga un acuerdo porque es justo y porque lo que se busca es que los países estén unidos en la lucha contra el crimen trasnacional”. Si bien el acuerdo comenzó a tratarse a partir del caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo (a quien se le incautaron bienes en Uruguay por US$ 20 millones), la idea es que abarque todos los casos actualmente en investigación, así como los que podrían llegar en el futuro.  

 

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