Fondo de Solidaridad: no hubo votos para derogar adicional pero sí para darle un sueldo a su presidenta

Tanto el naufragio de las pretensiones iniciales como la sorpresiva votación de la remuneración para la presidencia –o más aún, el hecho de que pasaran ambas cosas a la vez– fue motivo de fisuras en la interna de la coalición en la cámara baja, y la discusión en torno al Fondo de Solidaridad se convirtió así en uno de los asuntos más espinosos que dejó en el oficialismo el tratamiento de la Rendición de Cuentas.

Los principales impulsores de la derogación del adicional cuestionaron que el tema quedara por el camino luego de arduas negociaciones y fueron especialmente críticos con quienes incumplieron el acuerdo político al que se había llegado entre los socios. 

Al mismo tiempo, varios diputados de la coalición expresaron su desconcierto y malestar por la inesperada votación de un aditivo que fijó un sueldo para la actual presidenta del Fondo, pese a que esa iniciativa había sido descartada en dos instancias: primero en una reunión interna de coordinación y luego cuando –también de forma sorpresiva– había sido sometida a la votación de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, tal como informó El Observador. 

Derogación que naufragó

Sobre las 7:40 de la mañana de este viernes la Cámara de Diputados finalizó la votación de la Rendición de Cuentas. Luego de extensas jornadas en la cámara baja, los diputados aprobaron el texto con varios cambios respecto a lo que llegó del Poder Ejecutivo, pero en algunos puntos no lograron acuerdo. 

Uno de los más discutidos fue la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. El Poder Ejecutivo había establecido su derogación pero sin plantear una compensación para los recursos que perdía la Udelar. A lo largo del tratamiento parlamentario se manejaron varias opciones: primero se habló de quitarle recursos hoy destinados al Fondes, pero hubo dudas respecto a la disponibilidad de ese dinero –que surgía de utilidades del Banco República– y la discrecionalidad para volcarlo a la Udelar. Desechada esa opción, la coalición acordó acudir a lo recaudado por un impuesto que hoy en día se destina al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), pero eso motivó varios cuestionamientos –internos y externos– por la quita de recursos del campo.

Esa alternativa no contaba con los votos de Ciudadanos (sector mayoritario del Partido Colorado) y generaba resistencias en el Partido Nacional. A raíz de eso algunos legisladores retomaron la idea de acudir a los recursos del Fondes, pero esa moción no tuvo el apoyo de Cabildo Abierto, por lo que la derogación del adicional quedó por el camino.   

En medio de las idas y vueltas, en el oficialismo ganó espacio un debate respecto a la importancia misma de derogar el adicional. Legisladores como el senador blanco Sebastián Da Silva o el diputado cabildante Álvaro Perrone plantearon –cada uno a su modo– críticas al reclamo de los egresados. 

“Lo que es del campo queda en el campo”, dijo Da Silva luego de que se planteara quitarle recursos al INIA. “Se confisca plata del campo para alivianar la carga tributaria de dentistas, abogados e ingenieros”, agregó. 

Perrone, por su parte, dijo que “Cabildo Abierto se paró en la defensa de la Universidad, para que muchos puedan seguir estudiando, sobre todo en el interior del país”. “Lamentamos que algunos pocos que son egresados de la misma se nieguen a aportar unos pocos pesos para las generaciones futuras. ¿Solidaridad?”, cuestionó el cabildante.

Ese tipo de comentarios fueron respondidos desde otras filas. Por ejemplo, el colorado Conrado Rodríguez, diputado de Batllistas e impulsor de la derogación del adicional, dijo que se trata de un “impuesto injusto e inconstitucional” y señaló que quienes “descalifican” a los egresados universitarios deberían dar las explicaciones. 

“Algunas explicaciones fueron más excusas que otra cosa. No aceptaban ninguna fuente de financiamiento que se ofrecía porque en realidad no querían votar, a pesar de los acuerdos previos. Siempre dijimos que la mejor fuente era el Fondes, aunque estuvimos abiertos a considerar otras. Cuando se propuso la del INIA (en lo personal no la prefería) empezó el relato. Dicen que el campo no puede financiar algo distinto que no sea el campo. ¿Entonces cómo explican que la sociedad también financia al INIA con aportes del Presupuesto Nacional? El Uruguay es uno solo”, dijo Rodríguez.

El sueldo para el Fondo

Pero la discusión no quedó únicamente en el fracaso de la derogación del adicional, sino que se vio más tensionada por la aprobación de una remuneración para el cargo de presidenta del Fondo de Solidaridad. 

“Un hecho lamentable”, lo describió el representante del Partido Independiente, Iván Posada. El sector colorado Ciudadanos había planteado esa iniciativa en una reunión de coordinación de la coalición pero en ese momento fue rechazada. Luego, durante la votación de más de un centenar de aditivos en la comisión de Presupuesto, esa propuesta volvió a aparecer, para sorpresa de varios diputados, pero al ser detectada se quitó del camino. 

Sin embargo, en la mañana de este viernes el aditivo estuvo nuevamente arriba de la mesa. Posada dijo que no se encontraba en sala. “Si no, hubiera nuevamente saltado”, aseguró. Tampoco se encontraba ya en cámara el diputado de Cabildo Sebastián Cal, que consultado por El Observador se mostró muy sorprendido porque sus correligionarios hubiesen apoyado la propuesta. “Qué increíble. Se había acordado no votarlo”, aseguró. Cal hizo referencia a que el aditivo lo redactó la diputada de Ciudadanos María Eugenia Roselló, que fue quien propuso el nombre de la actual presidenta del Fondo de Solidaridad, Rosario Cerviño, un cargo de Ciudadanos.

Rafael Menéndez, también diputado de Cabildo —y que sí estaba en sala— señaló que fue el coordinador de su bancada, Eduardo Lust, quien les explicó por qué debían votar el aditivo. 

La diputada Roselló, días antes de que se votara el aditivo, dijo a El Observador que había llegado a un “acuerdo con el Partido Nacional”. Según la legisladora, el cargo de la presidenta del Fondo de Solidaridad fue puesto por Ciudadanos y gestionarle un salario fue parte del compromiso que asumieron en esa negociación. La presidenta –afirmó Roselló– “va al fondo tres veces por semana, firma cheques por millones de pesos, y no cobra”. “Necesitamos un control ejecutivo en el Fondo de Solidaridad, y por eso se buscó ese cambio de rosca, un cambio ejecutivo. No se consigue que alguien trabaje gratis y sea profesional”, agregó. El salario votado asciende a unos $ 135 mil pesos nominales.

La reunión de Da Silveira

Pero en la inclusión del artículo tuvo un rol decisivo el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Este miércoles, el jefe de la cartera fue al Palacio Legislativo y se reunió con los diputados del PN “para hablar del conjunto de los artículos”, explicó el ministro. “Se discutió este punto entre otros”, subrayó Da Silveira consultado por El Observador.

“Es una iniciativa que se toma con el apoyo del Ministerio de Educación y con el visto bueno del Ministerio de Economía para subsanar un problema de diseño institucional. Hasta ahora el Fondo de Solidaridad tiene un directorio honorario, –incluyendo al presidente–, un staff profesional, –con un gerente que recibe muy buenas remuneraciones–. Esto ha conducido a que los que están todo el día ahí presentes en la organización son los funcionarios rentados. Los no rentados tienen que dedicarse a otras cosas, apenas tienen poco tiempo más allá del que requieren las reuniones de directorio”, señaló .

“Conduce a una cosa poco saludable: que la orientación del funcionamiento de la organización termine en manos de funcionarios rentados y no en manos las personas que fueron designadas por los ciudadanos para que asuman la responsabilidad de conducción”, continuó. La idea es que el presidente cobre un sueldo “para tener una mirada ciudadana sobre lo que el staff técnico está haciendo y para informar al resto de directores sobre lo que se está votando”. 

El diputado Posada opinó que en todo caso debería ser el MEC –quien pone el cargo– quien retribuya con su presupuesto al presidente del Fondo, en lugar de los egresados. Consultado al respecto, Da Silveira sostuvo que “nunca se discutió porque el conjunto de los sueldos del fondo de solidaridad salen de lo recaudado por el fondo de solidaridad”.

El Fondo de Solidaridad es un organismo deficitario.