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Gasoil sin biodiésel: ¿cuánto deberá pagar ALUR si deja de producir este biocombustible?
En el marco de la reforma integral del mercado de combustibles, una de las medidas que impulsa el Poder Ejecutivo es la eliminación de la mezcla de biodiésel en el gasoil, que hoy rige por ley. La iniciativa tiene por objetivo sacar ese sobrecosto para abaratar el precio de comercialización al público.
La posibilidad de discontinuar la producción de biodiésel en la planta de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en Capurro, ha generado diferencias con los socios de la coalición (Partido Colorado y Cabildo Abierto). También es un camino que es rechazado desde el Frente Amplio.
Un informe elaborado por la asesoría técnica del representante del Frente Amplio en el Directorio de Ancap, Walter Sosa, sostiene que dejar de producir biocombustibles significará mandar a pérdida contable toda la inversión realizada aun no amortizada. A su vez, se deberán pagar los contratos vigentes con la aceitera Cousa, y se eliminarán puestos de trabajo “altamente calificados”.
En detalle, el informe al que accedió El Observador dice que la planta de biodiésel en Capurro implicó una inversión de US$ 18,7 millones, de los cuales resta amortizar US$ 12,7 millones. La planta tiene una vida útil de 17 años más.
Por otro lado, explica que ALUR tiene contrato vigente con Cousa -para la molienda de grano y obtención del aceite- hasta el 2030. Según Sosa, si se interrumpe ese contrato y hoy se deja de operar habrá que pagar US$ 63 millones. En caso de decidir la rescisión del contrato más adelante, por ejemplo en 2026, se estima una penalidad de unos US$ 12 millones.
En el contrato (13 años de take or pay) figura un compromiso al pago de 2.210.000 toneladas molidas de granos que ocurriría en mayo de 2028 aproximadamente. Es decir, el comprador está obligado a pagar al proveedor aunque no haya molienda para la extracción de aceite y refinar biodiésel.
Además, dice que si se considera solo la planta de ALUR Capurro, la operativa involucra 42 puestos laborales calificados. A esto se agrega la pérdida de los puestos laborales que podría suponer la planta de Cousa (por suspensión de contrato con ALUR) y puestos laborales vinculados a la cadena logística.
Según el informe, la afectación en la producción de biodiésel además del impacto directo en los puestos laborales especializados, perjudicará a un gran número de productores agropecuarios que suministran cereales y sebo vacuno; y que deberán abandonar su producción de materia prima.
En esta actividad productiva son 38 los puestos laborales directos de ALUR, más 15 indirectos. En Cousa trabajan 352 empleados directamente y 600 indirectos asociados a la producción de aceite de ALUR. Y en servicios de transporte, acopio, mantenimiento de la operación, entre otros se estiman otras 75 personas. A ese se suman unos 160 proveedores y 40 actores en el mercado, entre productores, cooperativas, acopiadores y exportadores, según Sosa.
“El Poder Ejecutivo quiere cerrar la planta de biodiésel de Alur en Capurro para bajar $ 1,6 el litro de gasoil”, afirmó el jerarca Pero según sostiene, ninguno de estos aspectos está dimensionado ni evaluado. “Procurando complacer intereses corporativos se destruirá investigación, capital y trabajo”, afirmó en el documento.
En otro punto dice que el MIEM está proponiendo la eliminación de los biocombustibles cuando por el contrario en el mundo se los revaloriza. Explica que en muchos países, la producción de biocombustibles es subsidiada y dicho sobrecosto es financiado con impuestos que promueven la reducción de las emisiones de gases contaminantes. Se estima que por la eliminación de la mezcla de un 5% de biodiésel en el gasoil se emitirán al año 73 mil toneladas más de anhídrido carbónico.
El primer informe sobre el mercado de combustibles elaborado por un comité de expertos en diciembre pasado señaló que el Poder Ejecutivo debería considerar tres elementos antes de tomar una decisión: los 40 puestos de trabajo asociados a la mezcla en la planta de Capurro, los compromisos asumidos de cambio climático que establecen los porcentajes de mezcla, y el contrato que existe con Cousa. Con esta empresa privada está vigente un contrato take or pay (toma o paga) por unos US$ 8 millones anuales hasta 2026. El Poder Ejecutivo pretende negociar las condiciones y uso de este contrato en caso que se ponga fin a la producción de biodiésel con ALUR. Hasta ahora no fue enviado al Parlamento un proyecto de ley específico para modificar la ley de agro combustibles sancionada en 2007.
