Leonardo Carreño

Gobierno busca apurar ley de medios aunque no tiene los votos asegurados

Desde Torre Ejecutiva le propusieron a Cabildo Abierto votar en comisión los artículos que ya están acordados y negociar en paralelo los que no reúnen consenso

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27 de mayo de 2021 a las 05:03

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El gobierno insiste con la necesidad de avanzar con el proyecto de ley de medios que desde hace un año está a estudio de la Cámara de Diputados pero que no ha logrado unanimidad dentro del oficialismo. La gran mayoría de los 93 artículos del último borrador tienen el respaldo de todos los partidos de la coalición pero todavía quedan algunos que siguen generando dudas en Cabildo Abierto. 

Este miércoles, el senador cabildante Raúl Lozano recibió una llamada desde Torre Ejecutiva en la que le propusieron que el texto empiece a ser votado en comisión la próxima semana y que en paralelo se continúen negociando los artículos que todavía faltan definir.

Es una propuesta y la estamos estudiando. Nosotros tenemos dudas con algunos artículos todavía”, aseguró Lozano a El Observador

En ese intercambio, Lozano dejó claro que Cabildo Abierto tiene interés en que otros proyectos de su autoría avancen en el Parlamento. Tal como informó El Observador este sábado, los cabildantes son los que han demorado la aprobación de la nueva ley de medios y, al mismo tiempo, reclaman que avancen proyectos como la ley forestal o la ley de tenencia compartida que están a estudio de distintas comisiones.

Camilo dos Santos
Lozano es el senador que ha negociado con el Poder Ejecutivo este tema

A pesar de que todavía no hay acuerdo, el oficialismo decidió dar el primer paso para votar la semana que viene en comisión. El diputado blanco y presidente de la comisión de Industria de Diputados, Eduardo Lorenzo, le envió al Frente Amplio el último borrador acordado por blancos y colorados. El acuerdo con la oposición era que iban a recibir el proyecto final al menos una semana antes de votar en comisión. 

“De aquí al miércoles nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a arreglar las diferencias antes de votar”, dijo a El Observador el coordinador de la bancada blanca Rodrigo Goñi. 

Entre los nacionalistas entienden que es necesario avanzar y que el texto pase al Senado para que continúe la discusión en la cámara alta. “Desde hace un año estamos con idas y vueltas y todavía no votamos en comisión. Avancemos y si se precisan más cambios que se hagan en el Senado. Ya está”, agregó el diputado blanco Juan Rodríguez e insistió que el texto tiene un año en la cámara baja. 

Ya sobre fines del año pasado, legisladores nacionalistas le trasladaron al Poder Ejecutivo que el margen de negociación en el Parlamento era escueto y que era necesaria la intervención de Presidencia para llegar a un acuerdo, dijeron a El Observador fuentes blancas. 

El gobierno ha insistido en varias oportunidades con el tema y el objetivo inicial era aprobar el texto en la cámara baja antes de terminar el 2020. La falta de acuerdo obligó a postergarlo para este año y aun no han logrado cerrarlo. 

La idea de los blancos es que el próximo martes haya una reunión entre los diputados y senadores oficialistas que integran la comisión de Industria y que en ese ámbito se terminen de limar algunas diferencias. De todos modos, el miércoles podrían empezar a votar, si Cabildo Abierto está de acuerdo, y dejar los artículos más polémicos para el final. 

Camilo dos Santos
El gobierno ha insistido en varias oportunidades para aprobar el texto

Las diferencias

Cabildo Abierto mantiene diferencias con, por lo menos, cuatro artículos. El principal desacuerdo está en la cantidad de licencias que puede tener una persona física o jurídica. La ley actual establece un máximo de tres y el último borrador del nuevo proyecto eleva a cinco ese número. 

Sin embargo, Cabildo entiende que lo ideal es diferenciar Montevideo del interior del país y propone que sean cuatro para la capital y seis para el resto del territorio. Los blancos están dispuestos a ceder en este punto para que el tema avance. 

El borrador enviado al Frente Amplio este miércoles también recupera algunos artículos que habían quedado por el camino en las negociaciones iniciales. Tanto el artículo 40 como el 48, que en la última reunión con el Ministerio de Industria el oficialismo había decidido sacar, vuelven a estar en el texto. 

Esos dos pasajes recuperan la última versión antes de ser eliminados. El 48 es el referido a la posibilidad de las empresas de cable de poder ofrecer internet a los hogares. 

Como la coalición había acordado eliminar la obligatoriedad a Antel de arrendar su infraestructura para que los cableros pudieran ofrecer el servicio, los legisladores entendían que el artículo perdía sentido. Este proyecto deroga la ley de medios vigente que establece una prohibición específica sobre brindar internet para los cableoperadores. 

Al caer la ley actual, la prohibición también lo hacía. Sin embargo, blancos y colorados entienden que lo mejor es que se habilite expresamente a las empresas de cable y, por lo tanto, retomaron el artículo. De esta forma quedan por fuera las empresas de televisión satelital. 

“Los titulares de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet dentro de su actual área de servicio. Lo podrán hacer mediante el empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros”, dice el texto al que accedió El Observador. 

El artículo 40, en tanto, se refiere a la obligatoriedad de los cables de tener a los canales de televisión abierta. Este artículo se había eliminado y dejaba libre la negociación entre las partes. Sin embargo, ahora vuelve al proyecto porque entienden que de esta forma están obligados a negociar hasta llegar a un acuerdo. Sin el artículo podría llegar a no haber acuerdo y los canales de aire del interior se podrían ver perjudicados, según plantearon desde el Partido Colorado. 

Esos dos artículos también generan dudas en Cabildo Abierto al igual que el número 14 que se refiere a la posibilidad de que una empresa extranjera compre las licencias de una empresa de cable local y pueda ofrecer internet. El texto a discusión dice que solo el Poder Ejecutivo podrá habilitar una transferencia de este tipo y con un informe fundado a la Asamblea General. 

Este último borrador también recupera la objeción de conciencia para los periodistas que permite negarse a asociar su imagen o su voz a trabajos de su autoría que hayan sido “sustancialmente modificados”, así como también algunas limitaciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

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