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1 de febrero 2023 - 5:03hs

En el último mes el Poder Ejecutivo adoptó una serie de decisiones tarifarias que apuntan directamente a focalizar los subsidios del supergás (GLP) y la energía eléctrica en las poblaciones más vulnerables.

Así, la garrafa de 13 kg aumentó $ 130, y pasó a tener un costo al público de $ 953,55 (sin envío) para la mayoría de la población. Este energético que utilizan las familias tenía su precio congelado desde abril del año pasado.

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Desde hace varios años la tarifa de este energético ha estado fuertemente subsidiada y se ofrece un mismo precio a todo público. Por otro lado, Ancap  resigna ingresos, en la medida que el precio final no acompasa el incremento de los costos. Buena parte del supergás es importado y depende del precio internacional del petróleo. El subsidio acumulado en 2022 fue de US$ 88 millones, según datos del ente.

Las últimas medidas del Poder Ejecutivo buscan concentrar el subsidio en la población de menos recursos que utiliza el energético para cocinar y calefaccionarse. La idea central es pasar desde un subsidio al producto  a un subsidio de parte de la demanda. Esto es apoyar a los que necesitan comprar el supergás más barato y no a todos los sectores sociales ni a todos los usos.

Y al mismo tiempo ir “sincerando” los precios de manera progresiva. Aún con la corrección de $ 10 (15,8%) el valor del supergás está por debajo de la última referencia internacional que marcó el informe PPI de Ursea ($ 93,72 por kilo).

Las autoridades ya habían dado algunas señales en dirección a comenzar la reducción del subsidio. Durante 2021 y 2022 se aplicaron aumentos diferenciales en el supergás envasado y el supergás a granel. Esta modalidad a granel representa el 20% de la demanda de GLP en Uruguay, y es utilizado en distintos rubros, desde hoteles, restaurantes y hospitales, hasta la industria cerealera y las avícolas, entre otros grandes clientes.

Los cambios en el subsidio del supergás son parte de la revisión integral del mercado de combustibles que impulsa el Poder Ejecutivo junto con la revisión de otros aspectos vinculados a la cadena de envasado y distribución de este producto que están en marcha.

La tarifa eléctrica

En el caso de la energía eléctrica, a partir de enero se dispuso un ajuste de 26% en la Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCB) que comercializa UTE, muy por encima del aumento promedio que estuvo entorno a 3,5%, como explica esta nota de El Observador.

Se trata de una tarifa fuertemente subsidiada que ya el año pasado había tenido modificaciones, no en sus precios, pero sí en su diseño. Esa vez, UTE decidió eliminar la posibilidad de ingreso para nuevos usuarios y quedó disponible únicamente para los que ya la tenían contratada. Incluso en 2017 durante la gestión del Frente Amplio, la Dirección de Energía de esa época había sugerido al ente que dejara de promocionarla.

Ahora el cambio apuntó directamente al precio. El cargo mensual con derecho hasta 100 kWh, que era de $ 387,5, aumentó $ 100 hasta $ 487,5. Durante los últimos años los clientes que tenían contratada esta tarifa pagaron la energía entre un 35% y un 40% promediamente más barata que los clientes que tienen contratada la tarifa Residencial Simple y que son la gran mayoría de los hogares.

En los papeles esta nueva medida busca adecuar el esquema tarifario para que exista mayor equidad en los precios, y que, por ejemplo, los usuarios que hoy tienen Residencial Simple no terminen subvencionando a los que están en la TCB sin necesitarlo, como han planteado desde la empresa.

Es que originalmente la TCB cuando fue diseñada durante el gobierno de José Mujica en 2010 tenía como único requisito para contratarla el consumir poca electricidad, pero sin requisito previo de nivel de ingresos económicos. Así hasta 2021 cualquiera podía contratarla y se aplicaba un “subsidio al barrer” como mencionó en alguna oportunidad el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini.

El bono social

“Promovemos el Bono Social y no la TCB”, escribió Paganini en su cuenta de Twitter. El ministro considera que la TCB tiene un subsidio “mal diseñado e injusto”.

 “Haremos converger a los usuarios que pueden pagar hacia valores más equitativos. Los usuarios vulnerables migran al Bono Social, y se sube $ 100 el cargo fijo para quienes quedan en la TCB, por no ser de la población objetivo”, escribió Paganini en su cuenta de Twitter.

El Bono Social de energía está operativo desde 2022 y apunta a focalizar el subsidio en clientes vulnerables por su situación socioeconómica. Por esa vía se otorgan descuentos de entre 60% y 90% en el precio de la energía eléctrica. Durante el año pasado ese producto implementado entre UTE y el Mides llegó a 140 mil hogares en situación de vulnerabilidad.

“Este gobierno busca focalizar los subsidios en las poblaciones vulnerables, evitando situaciones donde todos, vulnerables o no , pagan el producto por debajo de los costos”, afirmó el ministro Paganini.

“Si algo se cobra por debajo de los costos se genera déficit, que luego hay que cubrir, por ejemplo, cobrando otros productos más caros. Quienes compran, sean o no poblaciones vulnerables, están siendo subsidiados por otros. No es lo correcto”, añadió.

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