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La reforma que busca el gobierno para el mercado del supergás
El gobierno pretende introducir cambios en el mercado del supergás y promover con ellos mejores normas de libre competencia en el sector. Con ese fundamento exhortó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) a aprobar una regulación que rija a partir del 1º de marzo del 2023.
Un decreto del Ministerio de Industria del 21 de octubre dejó en claro la intención que ya había deslizado el gobierno para mercado del supergás: que Ancap ceda terreno a las empresas privadas.
Tomando en cuenta un informe de la Dirección Nacional de Energía, el Poder Ejecutivo entendió necesario continuar con la reforma del mercado de combustibles líquidos y, por tanto, transmitir a la Ursea los criterios y parámetros para la nueva regulación del sector de envasado y distribución secundaria de gas licuado de petróleo (GLP).
El texto recordó que las actividades de envasado de supergás son efectuadas por las empresas Gasur (40% propiedad de Ancap, 30% de Acodike y 30% de Riogas) y Megal.
Los contratos vencen el febrero del año próximo y ya se anunció que no serán renovados en las actuales condiciones. La cadena del supergás también se compone de pequeños transportistas, subdistribuidores y fleteros. Pero lo claro es que el Poder Ejecutivo no tiene intención de que Ancap continúe en Gasur.
El pedido del Poder Ejecutivo a la Ursea es que apruebe una regulación que contemple condiciones y principios que deben atenderse, al menos, entre el suministrador (Ancap) y las empresas envasadoras y de ellas con los distribuidores del mercado de supergás.
En esa regulación, la Ursea deberá incluir el cumplimiento de los principios y normas de libre competencia en el sector, mecanismos de penalización equitativos para ambas partes por incumplimiento de contrato, mecanismos transparentes de nominación y asignación del producto por punto de entrega y transparencia en esquema de pagos, facturación y plazos.
Añadió que particularmente para los envasadores deberá contemplar la necesidad de la existencia de una red de distribución, propia o acreditada a través de contratos con terceros.
La Ursea también deberá establecer antes del 1º de diciembre de 2024 los precios máximos intermedios de venta de supergás envasado por parte de Ancap a distribuidores y de los márgenes de distribución eficientes.
Con este punto se trata de provocar cambios en los costos de producción y distribución del supergás. La empresa estatal ya ha dicho que el supergás le genera pérdida de ingresos por más de US$ 100 millones. La semana pasada, el presidente de la empresa pública, Alejandro Stipanicic, dijo que entre enero y setiembre de este año, el ente resignó ingresos por US$ 73 millones por comercializar supergás por debajo de los costos de producción.
Esa posición se contrapone con lo que entienden las empresas distribuidoras. Para las compañías, la cifra anual de pérdida que maneja Ancap no es tal.
Los privados afirman que ese número surge de un ejercicio teórico y con el supuesto de cuánto ganaría como monopolio de supergás.
La visión de algunos distribuidores es que Ancap no ha transparentado cuáles son los costos reales que específicamente tiene por extraer supergás durante el proceso de refinación, algo que también demostraría que la pérdida no es la que públicamente maneja.
Competencia de la Ursea
El exhorto del Poder Ejecutivo a la Ursea es porque al organismo le “compete específicamente, regular el mercado de combustibles líquidos, contemplando las políticas que pueda encomendarle el Poder Ejecutivo, y dicha regulación admitirá incluir, entre otras disposiciones, la posible fijación de precios máximos intermedios”.
También podrá disponer posibles limitaciones de participación en más de una de las etapas de distribución de combustibles, así como plazos máximos en las vinculaciones entre agentes u otras condiciones de estructuración o prestación que razonablemente lo justifiquen conforme al interés público.
Plantas de envasado
Hace meses en una reunión convocada por el Ministerio de Industria, Ancap anunció a las empresas distribuidoras de supergás, Acodike, Ducsa, Megal y Riogas, que iba a desarrollar un proceso competitivo y abierto para alquilar las dos plantas de envasado de garrafas en La Tablada.
Desde que se construyeron, esas pantas —propiedad de Ancap— fueron operadas por Acodike y Riogas a partir de contratos de alquiler, que también incluyen conceptos que regulan la relación entre los actores de la distribución de supergás.
La licitación aprobada por el Directorio de Ancap fue impugnada por las empresas a través de un recurso administrativo.
La semana pasada, Stipanicic informó que el recurso había sido levantado y por tanto la empresa continúa con el proceso licitatorio para alquilar las plantas de envasad y que eso forme parte de una nueva etapa para el negocio del supergás a partir del 1º de marzo de 2023. Esa nueva etapa del negocio es la que el gobierno busca con el decreto emitido en octubre pasado.
