Gobierno tuvo que adaptar beneficios tributarios para que "calce" con UPM

Para el socio de PricewaterhouseCoopers (PwC), Daniel García, asesorar a UPM en su negociación con el gobierno para la instalación de una segunda planta de celulosa en el país era cosa conocida.

García brindó sus servicios cuando se negoció la instalación de la primera planta de la multinacional finlandesa en Fray Bentos (ex Botnia) y también formó parte de otros dos procesos similares: las tratativas para el desembarco de Montes del Plata en el departamento de Colonia y los sondeos que en su momento hizo Portucel.

Sin embargo, según reconoce García, este caso presentaba algunas diferencias sustanciales. En primer lugar, tanto la empresa como el gobierno habían acumulado una experiencia que le daba una nueva dimensión a las negociaciones. Más importante aún, la locación geográfica de la nueva planta (la primera de todas en Uruguay sin estar próxima a un puerto) hacía que nuevas variables formaran parte de la negociación.

"En este tipo de proyecto la logística y, sobre todo, los costos de logística son muy relevantes. En este caso particular había necesidades de infraestructura muy diferentes y así se discutió. La empresa podría haber decidido construir la planta en otro lugar pero eso también habría traído otras implicancias", dijo García a El Observador.

El gobierno se comprometió a hacer un conjunto de inversiones en materia de infraestructura. El Ejecutivo anunció este lunes durante el Consejo de Ministros abierto en la localidad de Pirarajá que el próximo lunes se lanzará el llamado internacional para licitar la construcción del nuevo ferrocarril, un elemento clave para que se concrete la inversión de UPM.

García asesoró a la multinacional finlandesa en temas de infraestructura y sobre asuntos tributarios. Acerca de este último punto dijo que el gobierno no le dio a UPM ningún beneficio que no estuviera contemplado en el marco legal vigente en el país. "Los beneficios tributarios –regímenes particulares que están en el acuerdo– son normas legales que estaba disponibles en el país", señaló.

El especialista hizo referencia particularmente al régimen de zona franca vigente y a la ley de inversiones a la hora de nombrar cuales son esos tratamientos tributarios específicos que incorporará UPM en caso que decida hacer la inversión.

Sin embargo, García explicó que hay veces que se debe "bajar a tierra" regímenes generales para que "calce" con los "requerimientos particulares" del proyecto. Por ejemplo, en este caso se debió contemplar que son varias entidades jurídicas las que intervienen en el proyecto de UPM y no solamente una empresa.

García entiende que la firma del acuerdo marco entre el gobierno y la empresa es la prueba fehaciente de que las dos partes quedaron conformes y señaló que lo logrado es muy importante para las dos partes. "Son acuerdos de colaboración que tienen un fin común: que se concrete un proyecto de inversión", dijo el asesor.