Hacete amigo del juez

Parece que dos juezas y tal vez una fiscal, amigas entre sí, hicieron una fulgurante exhibición de fuerza y arbitrariedad en Treinta y Tres, un pago chico de la deprimida frontera uruguaya con Brasil. Así, por ejemplo, según las denuncias que examina la Suprema Corte de Justicia, la jueza en lo Penal, Mariela Tejera, en connivencia con la jueza de Paz, Virginia Bajac, inventó un muerto, un caso urgente, para “dilatar (otro) proceso y molestar” a una abogada. En otra ocasión ambas juezas hicieron detener a una persona que se aventuró a estacionar su vehículo en el mismo sitio que ellas solían utilizar frente a un restaurante.

La investigación también podría incluir a la fiscal de Treinta y Tres, Sandra Fleitas, según lo decida el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Es posible ver el asunto desde su costado ridículo, de humor involuntario –un grupo de dos o tres amigas poderosas que toman un pueblo a carterazo limpio– si no se tratara del Poder Judicial, hasta hace poco uno de los mitos preferidos de los uruguayos, y si no estuvieran en juego la justicia, la libertad, el honor y los bienes de las personas.

Siempre y cuando las denuncias resulten ciertas, porque las tres mujeres al fin podrían resultar inocentes o casi, se habría escrito una nueva página de estereotipos sobre el abuso de poder en el terruño, que suele incluir a jueces incompetentes y corruptos, caudillos prepotentes, pulperos usureros y ladrones, comisarios abusadores, curas acomodaticios.

El caso de Treinta y Tres inevitablemente remite a los versos que José Hernández escribió hace un siglo y medio: “Hacete amigo del juez / no le des de qué quejarse / que siempre es bueno tener / palenque ande rascarse”.

Claro que siempre, en cada pueblo, también hay gente decente y levantisca que se planta ante el poder y le pone límites. En este caso de las juezas y la fiscal, si al fin resulta cierto, el honor del pago chico habría sido salvado por los denunciantes: el Colegio de Abogados local y un comerciante que es defendido por Leslie Van Rompaey, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Ellos bien podrían tomar prestados para la ocasión algunos versos de Orejano, ese himno libertario que escribió Serafín J. García, paisano de Cañada Grande, paraje cercano a la laguna Merín.

Según la denuncia del Colegio de Abogados, en Treinta y Tres “hay personas indagadas, procesadas y privadas de libertad como consecuencia de procesos arbitrarios y no garantistas”, porque las juezas Tejera y Bajac y la fiscal Fleitas son amigas “y no se recusan de actuar” por ello. “No se están dando las garantías suficientes a los justiciables, a la población en general, a los abogados y a los funcionarios judiciales en cuanto existe una connivencia y una falta de garantía absoluta”.

Sería otra confirmación de que un puñado de jueces –entre ellos la patota de magistradas olimareñas– está empecinado en acabar con el prestigio de la profesión, como mucho antes un montón de personas acabó con el mito de la buena voluntad de la profesión médica.

Sin embargo, Jaime Sapolinsky, abogado de las juezas Tejera y Bajac, niega los abusos, aunque admita asuntos “de menor importancia”. Afirma que es otro caso de un modus operandi del denunciante, el Colegio de Abogados de Treinta y Tres, un pueblo chico en el que, como en todo pueblo chico, las inquinas personales son de lo poco que sobra.

La jueza penal Mariela Tejera llegó hace dos años a Treinta y Tres, uno de los departamentos menos poblados, más envejecido y económicamente más deprimido de Uruguay. Poco después procesó por conjunción del interés personal y público al médico socialista Gerardo Amaral, quien fue intendente del departamento entre 2005 y 2010. Al contratar a una empresa del esposo de una jerarca municipal, Gerardo Amaral “no desarrolló una conducta enmarcada en los principios de probidad y transparencia”, sostuvo entonces Mariela Tejera. Sin embargo ese fallo fue dejado sin efecto por un Tribunal de Apelaciones.

Desde hace muchos años y en innumerables ocasiones el Poder Judicial semeja una marmota burocrática: un viejo chocho en busca de su bastón mientras deniega justicia, además de acomodaticio, según soplen los vientos políticos.

La Suprema Corte de Justicia podrá arrancarse los pelos con este caso, establecer un ejemplo de rigor e incluso divertirse a lo grande, in pectore, según el talante de cada ministro, y según la claridad de unas pruebas que pueden estar contaminadas por inquinas de aldea.