Jerarcas y diputados dispuestos a "revisar" penas de adolescentes

El 2012 fue el año en el que los gritos que reclamaban inseguridad sonaron más fuertes. Se registró el pico en la participación de adolescentes en homicidios y hubo dos crímenes que generaron una gran repercusión: el homicidio de Gastón Hernández, el planchero de La Pasiva, el 11 de mayo; y el de Soledad Barrios, la joven murió por una bala perdida disparada por un adolescente durante un enfrentamiento entre hinchas de Welcome y Cordón. Ese año, las marchas en reclamo de seguridad ganaron la calle, llegaron a Torre Ejecutiva y la participaron de adolescentes en homicidios alcanzó el récord de los últimos años: en el 15% de los casos hubo un menor involucrado.

En ese contexto se aprobó en diciembre de 2012 la ley 19.055, que aumentó a un año la pena mínima para ciertos delitos graves: homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada y secuestro.

Unicef propne ahora derogar esta ley y otras dos (la 18.777 y la 18.778) "que han endurecido el tratamiento penal adolescente en contra de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".

Jerarcas del gobierno vinculados a estos temas están de acuerdo en que debe "revisarse" la legislación al respecto.

La presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, dijo a El Observador que está "de acuerdo en general" con las recomendaciones planteadas por Unicef. Consultada especialmente sobre la propuesta de derogar la ley 19.055, la jerarca del sistema de reclusión de adolescentes también expresó su concordancia.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, también considera necesario repensar las sanciones impuestas a los adolescentes infractores. Olivera no es ajeno a esta problemática. Durante el gobierno pasado, fue el coordinador de Jóvenes en Red, del Ministerio de Desarrollo, y en ese cargo desarrolló un programa para apoyar a los menores que terminaban de cumplir su pena. "La privación de libertad no es un buen camino para el trabajo con adolescentes infractores. puede ser una medida in extremis, pero en Uruguay se ha convertido en la medida habitual", advierte Olivera.

Otra de las principales recomendaciones de Unicef es, precisamente, "disminuir la aplicación de la prisión preventiva y privilegiar la aplicación de medidas cautelares en el medio libre y penas no privativas de libertad como principio y no como excepción". "Sin duda que Uruguay tiene un déficil en medidas alternativas a la prisión de la libertad y en la calidad del proceso socioeducativo cuando se dispone privación de libertad", reconoció el jerarca. "Hay dos problemas con la privación de libertad: los efectos psicológicos que genera el encierro sobre el desarrollo adolescente, y además se aplica en malas condiciones, en situaciones de reclusión que son penosas, con lo cual se potencia el efecto nocivo del encierro sobre el desarrollo de los adolescentes; necesitamos una normativa más integral", concluyó Olivera.

En busca de una solución integral

Gonzalo Civila (Partido Socialista, 31 años) y Macarena Gelman (Ir, 39 años) están entre los diputados más jóvenes del Frente Amplio y coinciden en la necesidad de revisar la legislación sobre penas a adolescentes.

Civila recordó que los movimientos sociales de Uruguay plantearon la necesidad de modificar el aumento de las penas para los adolescentes desde hace mucho tiempo. "El endurecimiento de las penas, la lógica punitivista que ganó terreno en las políticas criminales tanto de adultos como de niños y adolescentes, no redunda en mejores resultados desde el punto de vista de la seguridad y por otra parte puede afectar nocivamente algunas posibilidades de generar estrategias de reinserción", advirtió el diputado. "Es mucho más adecuada una estrategia que tiende a medidas alternativas y trabaja en la reeducación de los sujetos que la lógica punitiva que nunca termina de conformarse: primero aumentemos esta pena, después aumentémosla un poco más, y más y más, porque siempre se llega a la noción que nunca es suficiente", agregó Civila, quien expresó su acuerdo con "el espíritu que rige las recomendaciones" de Unicef pero aclaró que antes de pronunciarse sobre la necesidad de derogarla le gustaría "revisar la ley y analizarla en profundidad".

Gelman también está dispuesta a "revisar" la ley aprobada en diciembre de 2012 pero con un agregado que llevó a un año de prisión la pena mínima de los adolescentes que cometieron delitos graves. "La discusión debiera darse sobre una ley general sobre el sistema penal juvenil que queremos, adecuándolo a los estándares específicos del derecho internacional de los derechos humanos y en particular de los adolescentes en conflicto con la ley", dijo Gelman.

El gobierno del Frente Amplio ganó una gran batalla en octubre de 2014, cuando fracasó el plebiscito que proponía bajar la edad de imputabilidad penal de los menjores. Para lograr el triunfo, el Frente Amplio cedió terreno a los que pedían mano dura. A