Juez imputado por abuso sexual a menor pidió acceder a antecedentes judiciales del denunciante y tribunal lo concedió

La jueza de Florida, María Victoria Abraham, había fallado en sentido contrario por entender que "el objeto del proceso es determinar la eventual responsabilidad penal del imputado" y "no se investiga la situación de la víctima". Sin embargo, el tribunal lo revocó por entender que la defensa debe tener acceso a todos los elementos para construir su teoría del caso y en una etapa posterior la Justicia determinará si esos elementos incorporados hacen a la causa o no. 

El hecho que origina la denuncia sucedió en febrero de 2021. Una noche, la víctima de 17 años caminaba en las inmediaciones del Hospital de Florida en dirección al Prado Piedra Alta, donde tenía previsto reunirse con un grupo de amigos. Pero en el camino notó que una camioneta se le acercaba y desde adentro un hombre le preguntó la hora. En ese momento se abrió la puerta de atrás y –según el relato de la Fiscalía– salió Leiva, quien lo metió a la fuerza adentro del vehículo. 

De acuerdo a la reconstrucción de la fiscalía, luego fueron hasta la casa del juez, quien bajó a la fuerza al menor y lo obligó a ingresar. Mientras lo golpeaba en la espalda, lo forzó a subir las escaleras hasta llegar a su cuarto, donde lo sujetó, le bajó los brazos y lo violó. Después lo echó del lugar, lo amenazó para que no contara lo sucedido y con el mismo fin le ofreció $ 1.000, afirmaron desde el Ministerio Público. 

La víctima denunció poco tiempo después, cuando se escapó de un hospital en el que estaba internado por un intento de suicidio. Se fue a su casa y le relató a su madre que había sido abusado. Cuatro meses después del hecho, un médico forense lo examinó y determinó que tenía algunas heridas, aunque menores. Pero de su historia clínica se desprende que desde ese momento el joven cambió su actitud atentando contra sí mismo y otros. Los peritos psicológicos informaron que cuenta con síntomas propios de una persona que fue abusada. 

Tras la denuncia, la víctima señaló al juez en una rueda de reconocimiento. Le mostraron varios hombres y el joven no dudó en apuntar a Leiva como la persona que lo violó. Más tarde, la Policía logró situar al magistrado en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el delito, vestido de forma similar a la descripta por la víctima. 

El juez no ejerce desde que fue imputado y espera el juicio en prisión domiciliaria.

¿Por qué quieren acceder a los antecedentes de la víctima?

El abogado de Leiva, Gianni de Palma, pidió que la Fiscalía le informe sobre las causas y expedientes del denunciante (el menor) en la Justicia de Familia Especializada, de Adolescentes y Penal.

El Ministerio Público, representado por Daniela Revello, confirmó que existe un Expediente en Familia, pero "no es relevante para la averiguación del hecho denunciado" y si en esas circunstancias hubiera habido pericias, incorporarlas a esta nueva causa sería "revictimizarlo". 

De Palma afirmó saber que existen esas pericias y argumentó que si de ellas surgiera que la víctima "es un mentiroso contumaz, de personalidad fantasiosa, etc. tendrían repercusiones al menos para evaluar la contundencia de la evidencia". A su vez, afirmó que el denunciante fue violento en dos oportunidades: una vez frente a una persona discapacitada –lo que, según él, le habría suscitado una causa penal– y una pelea con otro adolescente. 

"Esa investigación (sobre el primer episodio) no está abierta", contestó por su parte Revello. De la otra, dijo no estar enterada, aunque subrayó que "no puede abarcar hechos posteriores sin vinculación con el investigado". 

Sobre las pericias psicológicas que se dice que constan en el expediente de Familia –y a las que manifestó no tener forma de acceder–, Revello dijo que la familia de la víctima sostiene que no existen. "Fiscalía (tiene) la obligación de completar su investigación del hecho, no de la víctima", valoró.

Por su parte, el tribunal de apelaciones zanjó que lo vedado por ley es investigar la conducta sexual de la víctima, pero lo solicitado puede a llegar a aportar elementos sobre "la credibilidad del adolescente y su imposibilidad de resistir el acometimiento relatado en la formalización". 

"La persona imputada tiene el derecho de ofrecer prueba propia para sostener su hipótesis de los hechos en función de la investigación que haya realizado de forma independiente a la del Ministerio Público", advirtieron.