Jueza embargó nueve propiedades de Figueredo, citó a dirigentes y a Casal como testigos

La Justicia uruguaya indaga a Figueredo por supuesta estafa, lavado de dinero y apropiación indebida mientras fue vicepresidente y presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), cargos que ocupó entre 1993 y 2013. Luego asumió como vicepresidente de FIFA, donde estuvo hasta el pasado 27 de mayo, cuando fue detenido en Suiza junto a otros dirigentes de FIFA, por supuesta corrupción y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que investigó a la cúpula de la Conmebol y la FIFA, pidió la extradición de Figueredo, que se resiste a la medida desde una prisión en Suiza.

La investigación de la Justicia uruguaya se inició antes, a raíz de una denuncia presentada el 24 de diciembre del 2013 por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y siete clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Sin embargo, la causa quedó congelada debido a que el abogado de Figueredo, Gustavo Bordes, apeló que la jueza haya asumido competencia, por considerar que si existieron delitos, no fueron cometidos en este país, sino en Paraguay, donde la Conmebol tiene su sede. Un Tribunal de Apelaciones resolvió el 8 de junio que la Justicia uruguaya puede investigar al dirigente y, de esa manera, la jueza De los Santos avanzó en los últimos días en la causa.

La magistrada, que había dispuesto el embargo de las cuentas bancarias de Figueredo, ordenó además como medida cautelar el embargo de los bienes que están a su nombre, el de su esposa o el de sociedades anónimas que controla.

Figueredo, que fue presidente de la AUF entre 1997 y 2006, tiene cuatro propiedades en Punta del Este y cinco en Montevideo. Además de un apartamento sobre la rambla de Pocitos, la Justicia determinó que el dirigente compró cuatro apartamentos más en un edificio que está en construcción también sobre la misma rambla. Una sociedad anónima presidida por su esposa y controlada por Figueredo es la propietaria de esos cuatro apartamentos.

A su vez, Figueredo tiene acciones en dos sociedades anónimas que desarrollan el proyecto inmobiliario. Para ese proyecto en la rambla de Pocitos, Figueredo aportó US$ 2,9 millones, informaron fuentes del caso a El Observador.

Aunque hubo un pago en efectivo, la mayoría del dinero fue girado por el dirigente desde cuentas bancarias en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y Panamá. Figueredo operaba en ambos países: tiene nacionalidad estadounidense, varias propiedades en ese país, y una de las sociedades anónimas que controla es panameña.

Edificio en Pocitos

En los últimos días, el fiscal Gómez y la jueza De Los Santos le tomaron declaración a otros inversionistas del edificio que se está construyendo en la rambla de Pocitos. Los empresarios declararon que Figueredo ganaba mucho dinero como vicepresidente de FIFA y que podía justificar el origen de los fondos con esos ingreso. Sin embargo, la inversión del dirigente del fútbol, que se eleva al menos a US$ 2,9 millones, fue anterior a que asumiera el cargo en FIFA, en agosto de 2014.

Figueredo tiene 11,1% de las acciones de las dos sociedades anónimas que desarrollan el proyecto inmobiliario: una compró el terreno en US$ 10 millones y se encarga de la construcción del edificio y la otra de la venta de las unidades.

La jueza ordenó como medida cautelar que no se innove en el traspaso de acciones. En definitiva, dispuso que el dirigente no puede vender ni ceder estas acciones. En caso de que Figueredo sea procesado por lavado de dinero, todos los bienes que haya obtenido producto de delitos serán confiscados por la Justicia.

Dirigentes y empresarios

Si bien la denuncia contra Figueredo y Julio Grondona, expresidente de la Conmebol fallecido en julio de 2014, fue presentada por la mutual de futbolistas y siete clubes, solo fue ratificada por la mutual de futbolistas uruguayos, luego de que la Conmebol amenazara con sancionar a los clubes denunciantes.

La mutual denunció que por los derechos televisivos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la Conmebol aceptó la oferta más baja entre las dos presentadas, "por lo que desde el año 2011 al año 2014 la Confederación, las federaciones, los clubes y los jugadores se habrán visto privados de esa gran diferencia que alcanza los U$S 68 millones", expresa la denuncia, que fue redactada por los abogados Jorge Barrera y Víctor Della Valle.

"Dicha situación se estará agravando a partir del año 2015 puesto que la Conmebol ha rechazado una propuesta de Global Sports (empresa de Francisco Casal) para adquirir los derechos de TV correspondientes a los años 2015 a 2020 por U$S 805 millones, aceptando otra sensiblemente inferior de la misma empresa T&T (dirigida por el empresario argentino Alejandro Burzaco, detenido en Argentina a pedido de la Justicia de Estados Unidos por pago de sobornos a dirigentes de la Conmebol)". Esa maniobra "generará una pérdida para la Conmebol y los clubes de U$S 433 millones", agregan los denunciantes.

Por esa razón, la jueza citó como indagado a Burzaco y a su socio, Eladio Rodríguez. Además, citó como testigo a Casal, titular de Tenfield y Global Sports, y a Nelson Gutiérrez, vicepresidente de Tenfield, empresa que adquirió durante la presidencia de Figueredo en la AUF y hasta 2021 los derechos televisivos del fútbol uruguayo, y ofertó por los derechos televisivos de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores.

La jueza citará como testigo además al anterior Consejo Ejecutivo de la AUF, presidido por Sebastián Bauzá, y al actual, presidido por Wilmar Valdez, para que los neutrales expliquen cómo se negocian los derechos televisivos y cuáles fueron los ingresos de la AUF por estos derechos.

También serán citados como testigos los presidentes de los clubes de Primera División de la AUF para que expliquen el negocio de la televisación. Todas las audiencias serán luego de la Feria Judicial Menor, que termina el 15 de julio.