El fiscal que investiga la causa de los cuadernos de las coimas en Argentina, Carlos Stornelli, solicitó dejar sin efecto el acuerdo que firmó con el ex financista, Ernesto Clarens, acusado de sacar del país grandes sumas de dinero en efectivo proveniente de sobornos pagados por empresarios, por el que recibiría una pena menor a cambio de aportar información a la causa. Además solicitó al juez Claudio Bonadio que le dicte prisión preventiva, informó Clarín.
Clarens, quien intentó sin éxito ser considerado un arrepentido en la causa, es investigado por recaudar fondos ilegales por más de US$ 200 millones. Este financista vinculado a Néstor Kirchner y al empresario K Lázaro Báez tenía una casa en el barrio privado El Faro (Carmelo, Uruguay) a la que viajó en embarcaciones particulares unas 90 veces.
La Justicia uruguaya y la argentina intentan determinar si en esos viajes Clarens llevó bolsos con dinero de coimas.
Según informó Clarín, la aparición de nuevas pruebas lo comprometieron aún más en la causa, lo que hizo que el fiscal cambiara de opinión respecto a declararlo imputado colaborador. Asimismo, la información que ofreció para ganar el beneficio de una pena más leve no fue suficiente para el fiscal.
El papel de Clarens en la maniobra de corrupción montada por el kirchnerismo es uno de los puntos de mayor interés para el juzgado del Crimen Organizado a cargo de la jueza Dolores Sánchez y el fiscal Luis Pacheco, que llevan adelante las investigaciones por la ruta del dinero K en Uruguay.
Entre las pruebas señaladas, según Clarín, está el cobro de un “soborno con factura” que fue pagado a Clarens por un empresario de la construcción para que el gobierno lo pusiera como prioridad a la hora de pagar las deudas que la administración tenía con distintas compañías que participaban de la obra pública. En la factura, que fue presentada ante el fiscal, el soborno figuraba como un pago por un “movimiento de tierras”.
Esta situación, sumado a los sospechosos viajes del ex financista K hacia Uruguay en lanchas rápidas y los ingresos al país a través de Puerto Camacho, donde la Dirección de Aduana uruguaya admitió que no se revisan bolsos de mano, llevaron a que el fiscal descartarlo como imputado arrepentido.
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