Justicia inicia investigación por supuesto complot contra jerarca

Leonardo González, jefe del Departamento II de la Dirección General de Información e Inteligencia, estaba a cargo de investigar la operativa en Uruguay de una organización de narcotraficantes vinculada a Vladimiro Montesinos, exasesor del presidente de Perú Alberto Fujimori.

González y su equipo trabajaron sobre la hipótesis de que el grupo de narcotraficantes lavaba dinero en Uruguay a través de los dueños de un cambio. La investigación avanzó hasta un punto en el que comenzaron a aparecer en las escuchas telefónicas nombres de políticos. El exoficial de Inteligencia relata en la denuncia penal que "en la investigación se recabaron escuchas telefónicas y testimonios que mencionaban a personas públicas, algunos con cargos de relevancia en el gobierno nacional, entre ellos, el contador Ferreri", entonces director de DGI.

Ferreri había trabajado en el cambio de uno de los involucrados. Por esa razón, fue citado a declarar a la sede de Inteligencia.

"Recibí la orden de mis jerarcas de detener al contador Ferreri y vincularlo a los hechos", expresa González en una de las tres denuncias que presentó en el juzgado el sábado 6 de agosto.

Ferreri dijo a El Observador que espera que la Justicia vaya "hasta el fondo" en este caso porque si lo que plantea el denunciante es cierto se trata de un hecho "gravísimo" de "corrupción policial".

Los primeros movimientos

Tras recibir la denuncia, la jueza Canessa formó un expediente que derivó a la fiscal Silvia Porteiro, pero la fiscal no asumió competencia por considerar que los hechos denunciados se concretaron en la sede de Inteligencia, ubicada en Maldonado y Paraguay, zona que está a cargo de otra fiscal.

La jueza Canessa derivó entonces el expediente a la fiscal Castelli, que pidió al Ministerio del Interior el sumario iniciado al exoficial que presentó la denuncia (ver apunte).

Ante esta situación, la jueza resolvió de oficio tomar otras medidas, en particular, enviar por escrito un interrogatorio al juez Néstor Valetti y al fiscal Juan Gómez, quienes estuvieron a cargo de la investigación en la que supuestamente se intentó involucrar a Ferreri.

De todas maneras, el exdirector de DGI declaró ante la Policía pero no llegó a ser citado a declarar al juzgado, ni como indagado ni como testigo.

En el marco de esta causa, el juez Valetti procesó con prisión por lavado de dinero a los dos dueños y al oficial de cumplimiento (encargado de los controles antilavado) del cambio que recibía los giros enviados desde Perú, y sin prisión, a la esposa de uno de los dueños del cambio.