Las exoneraciones fiscales, una vieja pugna de los gobiernos del Frente Amplio que vuelve a tomar fuerza para 2025

En la coalición de izquierdas cobra fuerza un reclamo de larga data para acotar las exoneraciones fiscales que el Estado puede otorgar para promover inversiones a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Fue una batalla política en la que el astorismo supo plantar bandera desde la conducción económica, aunque con idas y vueltas a lo largo de 15 años de gobiernos frenteamplistas. 

"En Uruguay tenemos exoneraciones fiscales –que yo comparto– para promover inversiones. (...) Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es si está bien que gastemos en eso seis puntos del PBI", anticipó en Desayunos Informales el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez. 

El novel referente del sector que impulsa la precandidatura de Yamandú Orsi advirtió: "En vez de perder seis puntos del PBI en exoneraciones fiscales cuando tenemos un problema de seguridad social, capaz que hay que ajustar esas perillas para financiarla".

El MPP tendrá en junio un Plenario para delinear sus propuestas hacia el programa, cuya discusión dentro del Frente Amplio deberán ordenar Ricardo Ehrlich y Álvaro García. Con vistas a profundizar una vieja proclama de José Mujica para desarrollar el interior –incluso a instancias de una posible reforma constitucional– los emepepistas ven en el régimen de inversiones "una herramienta hábil". 

"Hay que hacer cambios sin lugar a dudas. Tenés por ejemplo que las pelotitas del club de golf fueron exoneradas. ¿Qué retorno genera eso para el país? Hay que pensar en generar puestos de trabajo, relocalizar empresas, ayudar al interior con inversiones genuinas de calidad para que la gente no termine siempre en Montevideo", dijo el senador Charles Carrera a El Observador.

El otro peso pesado de la interna, el Partido Comunista, adelanta un posicionamiento similar. "No vamos a entrar en el contenido del detalle, pero conceptualmente compartimos que eso debe revisarse de forma permanente en función de los objetivos de desarrollo", declaró el responsable de Programa, Bruno Giometti. 

Foto: Leonardo Carreño.

Ambos sectores pulsearon en distintos momentos con la cúpula del gobierno del FA por revisar dicha política. Así se discutió, por ejemplo, dentro de la bancada oficialista en la antesala del primer presupuesto del segundo mandato de Tabaré Vázquez.

Los representantes del MPP calculaban que –ante la escasez presupuestal que empezaba a gestarse– el Estado podía rever su renuncia fiscal, y el comunista Óscar Andrade (entonces diputado) decía en Brecha que habría que "graduar" el mecanismo de exoneraciones.

Años antes, en 2012, esos mismos sectores perdían la pulseada con Danilo Astori ante una nueva reglamentación de la promoción de inversiones, para la que reclamaban –respaldados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno de Mujica– una política más selectiva de las industrias a incluir entre las beneficiarias.

Al año siguiente Fernando Lorenzo, ministro de Economía, era consultado por los "ruidos" y las señales de "incertidumbre" dentro del propio oficialismo, a lo que resaltaba la "institucionalidad" y la "calidad" de los proyectos en cartera: “Nada de lo que esté promovido perderá sus beneficios", diría, añadiendo que "cuando se aterriza la discusión de cómo" limitar las exoneraciones, se llega "a la conclusión de que no es fácil encontrar el mecanismo idóneo”. 

A lo largo de sus mandatos el Frente Amplio modificó el régimen tres veces por decreto, mientras que el gobierno de Luis Lacalle Pou introdujo nuevas flexibilizaciones a un sistema que otorga a los inversionistas beneficios tales como la exoneración del IRAE, del impuesto al Patrimonio, de tasas y tributos a la importación y devoluciones de IVA en determinadas actividades de interés. 

El debate en la izquierda tuvo puntos de alta tensión, como la renuncia en 2017 del director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, ante sus discrepancias a las concesiones que la OPP de Álvaro García negociaba con UPM para concretar la instalación de la nueva planta, una política que el gobierno de Vázquez defendió como una carrera contra la creciente industria brasileña. 

La mirada revisionista también encuentra ecos en la flamante corriente Izquierda y Libertad –del Partido Socialista, Casa Grande, PVP y lista 5005– que en su carta fundacional consideró que una "revisión integral de la renuncia fiscal del Estado es fundamental para limitar la concentración del capital y volcar recursos" para reducir "las brechas de desigualdad"; la Vertiente Artiguista también habla de "cambiar criterios" y "exonerar lo que añade valor". 

La revisión de las renuncias fiscales fue también una proclama del PIT-CNT que atravesó todos los gobiernos frenteamplistas, bajo la premisa de que el régimen del 1998 fue concebido para un nivel mucho más bajo de inversiones. Al frente de esas conversaciones estuvo Fernando Pereira, hoy presidente del FA. 

Leonardo Carreño

La cautela de la excúpula económica del FA

El exministro de Economía, Danilo Astori, defiende lo actuado en ese terreno: "En las circunstancias en que se dispusieron esos estímulos eran absolutamente necesarios; y al mismo tiempo se practicaban otras medidas simultáneas que elevaron sustancialmente las retribuciones reales de los trabajadores y los pasivos. Eso no está pasando ahora, es al revés", declaró a El Observador. 

Astori sostuvo que en los tres gobiernos de izquierda "se instauraron una cantidad de estímulos" que a su juicio "deben estar en vigencia", aunque eso no quiere decir que no se deba analizar. Eliminarlos, sin embargo, sería "un error". 

El exjerarca afirmó que los "tres elementos fundamentales" para una política de inversiones deben ser la "modernización", los "estímulos" y "cuidar los equilibrios macroeconómicos", al tiempo que la nueva coyuntura lleva a pensar un "análisis para mejorar el sistema tributario" de su gestión, que a su entender "fue un progreso enorme". "En ese momento por ejemplo no era necesario, pero ahora focalizar el funcionamiento del IVA introduciría mucho más justicia que lo que tenía hace algunos años".

Su número dos en la cartera, Pablo Ferreri, se pronunció en la misma línea y con ciertos matices con los que ya esbozan otros sectores del FA. 

"Para un país pequeño como Uruguay, con escasa capacidad de ahorro nacional –y por lo tanto de generar inversiones nacionales– la promoción de inversiones es muy importante, y en particular de la extranjera. Ahora bien, esos regímenes deben ser permanentemente revisados, para evaluar si cumplen su cometido. En particular en el momento actual, este sistema mediante exoneraciones de impuestos se ve amenazado por los cambios tributarios globales, que por ejemplo plantean un impuesto a la renta corporativa mínima del 15%", dijo a El Observador. 

"En el largo plazo –y me refiero no a 2025 sino a la próximas décadas– eso hará que posiblemente Uruguay deba repensar varios regímenes que utilizó durante décadas convirtiéndose en política de Estado y que han sido muy positivos para el país", afirmó el exsubsecretario de Economía y extitular de la DGI.

Ferreri, que hoy es una de las principales voces del FA en la materia, añadió que deberá evaluarse si "las exoneraciones otorgadas incentivan inversiones que de otro modo no se harían o si en algún caso son redundantes", indicando que "con el tiempo pueden variar las prioridades", como ser más beneficios para rubros que colaboren en la reducción de la emisiones de carbono que respecto a otras actividades. 

El dirigente añadió que "si bien el gasto tributario (por exoneraciones) está en el orden del 6% del PBI, allí se computa por ejemplo que medicamentos o transporte no estén gravados por el IVA del 22%". "Por lo tanto, no es posible pensar en una reducción de todo eso, es un número que hay que tomar con mucho cuidado", concluyó.