La campaña electoral empezó a enfrentar temprano a los políticos

Los partidos políticos coinciden en que se tienen que poner límites y regular sus finanzas, pero aún no llegaron a un acuerdo en los mecanismos para hacerlo. Por eso, el Senado aprobó este miércoles de forma general el proyecto de ley de financiamiento de los partidos, pero postergó para la próxima semana la votación de cinco artículos (de un total de 29) que dividen a los parlamentarios.

A lo largo de las casi siete horas que duró la sesión extraordinaria en la Cámara Alta, los legisladores valoraron el consenso alcanzado en muchos de los puntos del proyecto, pero también exhibieron diferencias insalvables en temas centrales como la prohibición a las donaciones de empresas y el reparto de minutos televisivos para la publicidad electoral.

Dos discrepancias

Si bien ambos puntos ya habían generado discrepancias en la comisión especial de partidos políticos, encargada de redactar y discutir el texto, durante el debate en el plenario del Senado el Frente Amplio expresó cierto desconcierto por el tenor de los cuestionamientos que realizó la oposición. "El trabajo en la comisión no tuvo el tono y la distancia aparente de visiones respecto a los contenidos de este proyecto. Tuve la presunción de que estábamos de acuerdo en el 99% de los temas, pero hoy el tono fue otro", manifestó el senador oficialista Marcos Otheguy.

Minutos antes, el senador colorado Pedro Bordaberry había hecho un fuerte alegato en contra del artículo 13°, al que no solo calificó de inconstitucional, sino también "violatorio de los derechos humanos". Según Bordaberry, la distribución de minutos para publicidad gratuita "beneficia al Frente Amplio en la próxima elección" y, además, ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia contra una norma similar que estaba incluida en la ley de medios.

El artículo 13° establece un espacio gratuito para publicidad electoral –en época de campaña– entre la hora 18 y las 23. En esa franja, la ley dispone 10 minutos de publicidad electoral durante cada hora en los canales de televisión abierta. La distribución de ese espacio está prevista de la siguiente manera: 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección, y el 5% restante para los nuevos partidos.

Los opositores presentaron dos reparos a esa norma. Por un lado, sostuvieron que los canales de televisión podrían emprender un juicio civil por "daño económico", ya que se les quitan cinco minutos de publicidad paga por hora a los 15 que tienen habilitados actualmente. Por otra parte, señalan que el reparto proporcional viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución y perjudica a los partidos menores.

La frenteamplista Constanza Moreira respondió que "se confunde libertad de expresión con libertad de empresa" y que ello constituye una "confusión conceptual muy peligrosa". La senadora argumentó que la distribución del espacio publicitario se hizo en base a los principios de igualdad y de proporcionalidad y dijo que "está muy engañada la Suprema Corte de Justicia" si entiende que la atribución de minutos en proporción a los votos es inconstitucional. "A mí las amenazas de inconstitucionalidad no me impiden legislar", continuó.

A su turno, el senador del MPP Charles Carrera acusó a la oposición de no querer votar ese artículo para no perder el "privilegio" que, dijo, ostenta en los medios de comunicación. "Hay ciertos partidos que quieren mantener la situación actual, donde el acceso se determina por la capacidad económica y acuerdos individuales", aseguró.

En el proyecto original, presentado por el FA, se pretendía prohibir toda publicidad electoral en la televisión.

Diferencias y consensos

El otro punto que no cuenta con el apoyo de la oposición es el que prohíbe los aportes a los partidos por parte de las empresas privadas. Tanto el Partido Nacional, como el Partido Colorado y el Partido Independiente, entienden que la norma podría tener un efecto contrario al deseado y "oscurecer" aún más las finanzas.

Sin embargo, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, se encargó de respaldar "la esencia" del proyecto que, a su juicio, sí tiene el respaldo de todos los partidos. Por ejemplo, destacó que se acordó prohibir las donaciones anónimas, establecer topes a las autodonaciones, extender el régimen de declaraciones juradas a todos los precandidatos presidenciales y prohibir la publicidad estatal durante la campaña electoral, así como las donaciones en efectivo. "Es una gran cosa, un mensaje que el sistema político le da a la ciudadanía", opinó Mieres.