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La canibalización de la política peruana

De continuar en este esquema demencial, Perú, que siempre fue un país de grandes hombres de derecho, convertirá su democracia en la ley de la selva. Y seguirán desfilando presidentes camino de la cárcel

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09 de diciembre de 2022 a las 05:00

¿Quién vigila a los vigilantes? («Quiscustodietipsoscustodes?»), se preguntaba Juvenal hace dos mil años, en una incógnita que no había logrado despejar ni Platón en La República, y que aun hoy estamos por resolver en nuestras democracias modernas.

Lo que ha sucedido en Perú con el ascenso y caída del ahora expresidente Pedro Castillo obedece a múltiples factores que atraviesan de modo muy singular a la sociedad peruana; pero que al menos en lo que hace a lo estrictamente político, el interrogante de Juvenal resulta esclarecedor.

Más allá de las diferencias abismales que acá ya hemos reseñado entre el Perú andino, selvático e indígena del sur; y el urbano, próspero y culto de Lima y las ciudades costeras;más allá incluso del hecho que también anotamos en su momento de que Castillo no estaba preparado para gobernar, que es un hombre de escasa instrucción, hay también dentro de ese Perú más urbano una polarización izquierda-derecha con subdivisiones y pugnas de poder absolutamente brutales. De un modo como no se ve en ninguna otra democracia de la región.

El intento fallido de Castillo por disolver el Congreso fue una salida desesperada -tal vez tratando de movilizar a esos sectores indígenas del sur que lo habían llevado al poder- antes de que el parlamento votara una moción para destituirlo, la tercera en un año y medio de gobierno, todo un récord. Lo cual tampoco exime a Castillo de su responsabilidad en el intento de autogolpe.

Pero la verdad es que tenía enfrente a un Congreso que desde que asumió no buscaba otra cosa que su destitución. Algo que en Perú se conoce como la “vacancia” presidencial, un mecanismo fast-track demasiado sencillo mediante el cual el Parlamento puede destituir al presidente por varias razones, entre ellas, la “incapacidad moral permanente”, un cajón de sastre en el que puede entrar virtualmente lo que a los legisladores les parezca.

En ningún otro país es tan barato el impeachment como en Perú. En los últimos seis años, el país ha tenido seis presidentes (contando a la recientemente investida Dina Boluarte)y se han iniciado al menos seis procesos de “vacancia”. Un disparate.

El Congreso ha sido por muchos años el feudo de la derecha: el fujimorismo por un lado, y ahora también una derecha ultramontana, pseudoreligiosa, que ha surgido de la mano del empresario Rafael López Aliaga, el popular ‘Porky’, hoy alcalde electo de Lima que también fuera candidato presidencial en las últimas elecciones. Se trata de una poderosa bancada parlamentaria de derecha que es la que ha promovido todas estas mociones de destitución presidencial.

El Poder Judicial y el electoral, en cambio, están copados por sectores de izquierda y centro-izquierda-lo que en Perú se conoce como la “izquierda caviar”-, lo mismo que otras instituciones del Estado. Y no son los sectores de izquierda radical que llevaron a Castillo en la fórmula de Perú Libre que triunfó en las elecciones.

La existencia de estas parcelas de poder como si fueran cotos de caza es lo que ha conducido a la degradación de la política peruana, donde todo el mundo se extralimita en su poder:el Congreso, el presidente, los magistrados, los medios de comunicación…

Esa es la principal razón de toda la inestabilidad política, este verdadero estropicio en que el país vive desde hace al menos seis años: una gran canibalización de la política.

Porque si el Congreso se dedica a destituir presidentes, los presidentes cuando pueden también disuelven el Congreso. Fue el caso de Martín Vizcarra en julio de 2019. En aquel momento casi nadie habló de golpe y la prensa peruana lo arropó, en el entendido de que era mejor que el Fujimorismo, y valiéndose además de la enorme impopularidad del Congreso entre los peruanos. Pero también fue un quiebre institucional; no hay discusión. El problema fue precisamente no haberlo condenado en su momento.

¿Cómo Castillo no iba a intentar entonces su propia disolución del Parlamento si a Vizcarra le había ido tan bien con la suya? Son cosas que no se deben admitir en ningún caso. La disolución de un Legislativo por parte de un presidente debe ser condenada siempre como un golpe de Estado, no solo cuando nos conviene.

Por otro lado, la autoridad electoral también hace de las suyas, eliminando candidaturas a su antojo por meros tecnicismos y con la mayor discrecionalidad,los famosos “taches” que en cualquier momento pueden sacar de carrera a un candidato, o a partidos enteros como fue el caso del APRA en la última elección.

Y capítulo aparte merece el Poder Judicial, donde se da una brutal politización de la Justicia:superfiscales, como Domingo Pérez que persiguió a Alan García hasta el suicidio. OLa Fiscalía Nacional, que investiga al presidente en ejercicio, manda a allanar su casa, imputa a sus familiares y lo investiga por media docena de cargos penales en pleno ejercicio de la Presidencia.

Es es un país donde las corporaciones están fuera de control. No es como piensan algunos que eso denota la fortaleza de las instituciones (yo también lo creí en un momento). Lo que denota es la existencia de grupos de poder que operan como mafias, con vendettas judiciales, ajustes de cuenta y pases de factura.

De continuar en este esquema demencial, el Perú, que siempre fue un país de grandes hombres y mujeres del derecho, convertirá su democracia en la ley de la selva. Y seguirán desfilando presidentes camino de la cárcel.

Vuelvo a lo de Juvenal: ¿quién vigila a los vigilantes? Se supone que los Poderes Legislativo y Judicial están para ejercer una función de contrapeso al Ejecutivo, para acotar el poder del presidente. Pero si estos están fuera de control, entonces todo se vuelve una gran lucha de vale todo en el barro. No hay democracia posible en el fango inagotable de las miserias humanas.

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