La Constitución uruguaya: gorda, tonta y fea

La proliferación de recursos populares es fruto de varios fenómenos. El primero y más obvio: una parte de la ciudadanía está insatisfecha con ciertas leyes, o con ciertas situaciones, como la inseguridad. En segundo lugar, el ciclo del Frente Amplio en el gobierno, que lleva casi tres lustros, denota algunos fracasos y agotamientos (lo que no significa, necesariamente, que la izquierda vaya a perder las próximas elecciones).

Fue precisamente la izquierda la que llevó grandes ofensivas entre 1989 y 2004 basadas en plebiscitos y referéndums, con oportunismo político y a veces con éxito. Ahora le toca defender su ciudadela, que muestra rajaduras notorias.

El líder blanco Jorge Larrañaga propone crear una guardia nacional de 2.000 soldados para reforzar la seguridad pública; permitir los allanamientos nocturnos en hogares con orden de juez; obligar a que los condenados por casos muy graves cumplan toda la pena; e introducir la prisión perpetua revisable para esa clase de delitos.

Esas propuestas son tan admisibles como discutibles. Los allanamientos nocturnos bajo supervisión judicial son comunes en muchas democracias, por ejemplo, así como la prisión perpetua revisable para crímenes particularmente horrendos y sistemáticos. Pero desentona la falta de sistema de la reforma con el resto del conjunto judicial y penal, y rechina la creación de un nuevo cuerpo paramilitar.

El Frente Amplio, como antes los otros partidos, fracasó rotundamente con su política de seguridad. Se denunciaron 763 rapiñas en 1984, 1.578 en 1985, 7.000 en 2004 y 27.798 en 2018. Ese desastre es una propiedad colectiva. Pero la represión y la cárcel, siendo un mal necesario, son el último dique de contención. Antes han fracasado otras barreras: el decaimiento de la convivencia, la falta de voluntad de los gobernantes para hacer cumplir leyes y reglamentos, la pobre prevención, la alta deserción de la enseñanza secundaria, la languidez del mercado laboral, el desastre carcelario, las inconsistencias del aparato judicial. De nada de eso se ocupa la reforma propuesta.

Por razones que solo los políticos comprenden, pronto se hallarán discutiendo si una eventual guardia nacional deberá armarse con cachiporras o fusiles de asalto Steyr Aug, y cosas así, para mayor desolación.

Uruguay ya tuvo una Guardia Nacional a partir de 1835. A veces sirvió de contrapeso al Ejército, de amplio predominio colorado, y muchas otras le sirvió de complemento, como en la guerra civil de 1904; aunque también cumplió tareas policiales. Ahora la Policía tiene su Guardia

Republicana, un cuerpo de élite con visos militares: por su entrenamiento, su sistema jerárquico y su equipo, que incluye blindados y las armas portátiles más modernas.

Por último, y no menos importante, se corre el riesgo de desfigurar aun más una Constitución ya de por sí muy larga y bastante grotesca, tan violada como una tumba egipcia.

Las constituciones uruguayas del último siglo han tratado de limitar el poder personal, lo que está bien. Pero también han incorporado una verborragia letal y experimentos endemoniados, como el Poder Ejecutivo “bicéfalo” de 1918, el Senado “de medio y medio” de 1934 o el Poder Ejecutivo colegiado de 1952.

Lo que es más grave: las constituciones uruguayas se han metido en asuntos que no les competen. Tratan temas que son más propios de la ley que de las constituciones; incorporan nuevas adiposidades cada pocos años por la vía de plebiscitos; y expresan un voluntarismo infantil, más de carta-intención que de ley magna.

Así, por ejemplo, la Constitución vigente, que es mejor que otras, propone reglamentar la “distribución imparcial y equitativa del trabajo”, o asegurar la “vivienda higiénica” y “decorosa”, u “orientar” el comercio exterior, y tantas cosas por el estilo, que no dependen de la voluntad del legislador sino de la evolución socioeconómica y de la marcha del mundo. Con esos textos, la Constitución uruguaya es violada cada día, porque promete lo que no puede cumplir.

Uno de los tantos vicios latinoamericanos son los caudillos mesiánicos y refundadores que, naturalmente, crean sus propias constituciones, cada una más absurda que la anterior. Uruguay ha estado un poco a salvo de eso, aunque no del todo.

Los países no se hacen mejores a fuerza de novelerías en su Constitución, que es el contrato básico de convivencia, venerado y perdurable, sino por tener una breve, buena y cumplida: una unión entre lo bello y lo eficaz.