La “diezmada” policía canaria tendrá brigada especial antinarcóticos

A pocos metros, Nelson se resguarda de la lluvia en su tienda de venta de ropa de segunda mano. El hombre señala hacia la vereda de enfrente y dice que a una de las casas entraron a robar con una persona adentro, y que en la vivienda del vidriero -a la vuelta-, pasó lo mismo.

Aunque los vecinos reconocen que aumentó el patrullaje desde que en mayo de 2018 el expresidente Tabaré Vázquez se reunió con ellos, los hurtos a viviendas siguen ocupando las conversaciones en los espacios que los habitantes de todo el año del balneario comparten. En la punta de sus reclamos, todavía piden por la instalación de una comisaría para no depender de la que está en Cuchilla Alta a nueve kilómetros.

Al igual que en San Luis, en otras zonas de Canelones los ciudadanos reclamaron respuestas a las autoridades  a raíz del aumento de la delincuencia en los últimos años. Al ser un departamento tan extenso, con zonas céntricas, rurales, pequeños poblados, balnearios y ciudades en crecimiento, los problemas en cada lugar son diferentes. 

En Sauce, por ejemplo, se cometen robos a viviendas y comercios durante la noche. En Progreso hay rapiñas al igual que en San Luis y otras zonas de la costa. En Los Cerrillos y en Las Piedras se repiten los copamientos y el abigeato es protagonista en la zona rural.

El jefe de Policía del departamento, Víctor Trezza, afirmó que el 1° de marzo recibió una “jefatura diezmada” por falta de infraestructura, logística y personal, lo que llevó a organizar el patrullaje con los recursos con que tenían. 

Trezza señaló que en el interior de Canelones hay comisarías cerradas y esas zonas se cubrieron con operativos especiales.

Según dijo, en todo el departamento hay operativos 1.500 policías. Aparte, hay 300 certificados por enfermedad y otros 400 en pase a comisión en otras dependencias. De todas formas, si se reintegran esos 700 efectivos, se requerirán 300 policías nuevos para abarcar todo Canelones, comentó Trezza.

La falta de personal no es el único problema que el jefe departamental elevó a las autoridades del Ministerio del Interior en un informe presentado luego de asumir. “Muchas comisarías están destruidas, algunas con riesgo de derrumbe como la de Empalme Olmos”, dijo. Además, el 50% de los patrulleros no funcionan y, de 250 motos, 50 ya no sirven y otras tantas fueron reacondicionadas.

La situación se mantendrá por lo menos hasta que se vote la ley de Presupuesto.

“Encontramos una jefatura diezmada de infraestructura, logística y personal”. Víctor Trezza, jefe de Policía de Canelones

En cuanto a las cifras de delitos, en Canelones hubo dos homicidios más entre marzo y junio de 2020 que en igual período del año anterior (15 en relación a los 13 de esos cuatro meses en 2019) y 31 denuncias más de abigeato. En tanto, los índices de los otros delitos disminuyeron. Según los últimos datos, entre marzo y junio bajaron las rapiñas casi 23% respecto al mismo período del año pasado y los hurtos un 27%, los arrebatos 51%.

Delitos más fuertes

A pesar de estos últimos datos, desde hace varios años la delincuencia comenzó a instalarse en Canelones y algunos delitos violentos que solo ocurrían en las grandes ciudades empezaron a preocupar a los habitantes de todo el departamento.

Así es que la policía comenzó a trabajar ciertos casos como los copamientos con la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional y la Jefatura de Montevideo cuando se trata de bandas que operan en varias zonas y tienen nexos con la capital.

Para el caso del narcotráfico, Trezza anunció que se creará una Brigada Departamental Antinarcóticos porque “es un asunto que importa”, expresó. Hasta ahora, los casos están a cargo de Investigaciones de la jefatura. 

Los fiscales de Canelones y Atlántida han tenido que investigar delitos con notoriedad pública, especialmente homicidios que todavía están sin resolución.

La rotación del personal de las comisarías también es una punto criticado por los canarios. En Sauce, Marcelo Tamborini, comerciante y concejal de la zona, contó que en una reunión con las nuevas autoridades los vecinos solicitaron que se mantengan “comisarios conocidos” y dejaran de rotar anualmente. “Cuando empezaban a conocer a los vecinos, los comercios y las calles, se iban”, explicó.

Tranquilidad quebrada

La farmacia Arrechea en la calle general Artigas en Progreso tiene puerta de vidrio y delante de ella una reja que divide el sector desde donde atiende el personal con el de los clientes. Este comercio fue robado varias veces, algunas durante la noche y otras al momento de abrir mientras la dueña entraba al local. 

Las rejas no impidieron las rapiñas, ya que luego de instalarlas volvieron a asaltar el comercio. Una de las empleadas dijo que los delincuentes son conocidos de la zona, y que han robado en varios negocios. 

Lo mismo opinó otro comerciante -que prefirió no identificarse- quien fue víctima de un robo armado hace algunos años. Progreso “era un lugar tranquilo”, dijo, hasta que algunos habitantes de otras ciudades e incluso locatarios comenzaron a delinquir con violencia a pesar de la mayor presencia policial.

En Sauce pasa algo similar pero con otros delitos. Allí predominan los hurtos en viviendas y comercios en la zona más céntrica, y abigeatos en el área rural. Tamborini y otros vecinos crearon en 2016 un grupo de WhatsApp de vecinos en alerta y comenzaron a movilizarse a raíz de una seguidilla de robos. Esa ciudad  fue víctima del asalto a la sucursal del Banco República (Brou) en octubre de 2017 en manos de la banda del “Pato Feo”. Al año siguiente, fue atacada por la banda que se dedicaba a explotar cajeros en Montevideo y otras ciudades. 

Aunque ese tipo de delitos no se repitió, los vecinos de Sauce creen que uno de los problemas actuales es la cantidad de personas de otros departamentos que se instalaron en la ciudad. Según Tamborini, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) “funciona”, aunque solicitaron a las nuevas autoridades que el patrullaje se realice por “diferentes calles” para ser más afectivo.

Al tener que optimizar los recursos, Trezza explicó que las recorridas pasaron a ser “preventivas y disuasivas” ya que en el mismo momento en que se patrulla se identifican personas y se controlan vehículos.

Ante las consultas de El Observador, en San Luis los vecinos insisten con la instalación de una comisaría. Alejandro Risotto, vecino de la zona, dijo que si se tiene en cuenta la densidad demográfica, hay cerca de 5.000 habitantes. “Ya no es más un balneario, ahora es casi una ciudad porque tenemos todos los servicios”, afirmó.  

El jefe de policía dijo que esa es una decisión que debe analizarse. “Quizás lo más conveniente hubiera sido crearla en San Luis, pero se hizo en Cuchilla Alta (en 2018) y no vamos a cerrar esa comisaría”, concluyó.