La Justicia condenó al Estado a pagar US$ 150 mil por no proteger a la víctima de un femicidio

La pareja de Batista tenía una orden de alejamiento con la víctima por violencia doméstica, pero el 5 de marzo de 2019 el hombre fue a la casa de la policía y la asesinó a disparos en el pecho, antes de suicidarse. Tenían dos hijos, uno de 8 y otro de 10 años.

Para el juez a cargo del caso, tanto el Poder Judicial como el Ministerio del Interior fueron omisos en el asesinato, debido a que fallaron en la protección a la víctima, indicó França.

El Ministerio fue juzgado por "desatender una orden judicial y tratar con indiferencia el caso" de violencia que había denunciado Batista. Esto se debe a que la policía no actuó en las reiteradas ocasiones en que el hombre fue a buscar a la seccional en Artigas a la pareja, momento en el que las autoridades deberían haber actuado contra el victimario por romper la orden de alejamiento.

Por el lado del Poder Judicial, se acusó a las autoridades que juzgaron el caso de no realizar una audiencia en las 72 horas posteriores a la primera denuncia de la víctima, no entregar los informes técnicos pertinentes y los antecedentes del hombre "en tiempo y forma", y no tomar las medidas "idóneas" para el caso.

La sentencia puede ser apelable, pero en una primer instancia instó a pagar a los organismos alrededor de US$ 150 mil, una parte líquido, y otra parte todavía sin definir por un proceso de liquidación pendiente.