La legalización de una mala costumbre

La Cámara de Diputados estableció nueve días de licencia médica pagos por año no acumulables para cada trabajador público. Una vez utilizados esos días de licencia paga, el funcionario recibiría el 75% de su salario por el resto de los días de certificación médica. La Cámara Alta realizará algunos ajustes al proyecto, pero sin modificar los aspectos esenciales, según informó El Observador.

Sin duda que es mejor eso que la liberalidad actual –sin descuento alguno–, aunque es más beneficiosa que la propuesta original del Poder Ejecutivo de menos días de pago y que establecía desde el cuarto día el subsidio de 75%. 

Hace tiempo que el gobierno de Luis Lacalle Pou quiere regular el régimen vigente ante una realidad bochornosa como significa que, el año pasado, según la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), en la administración pública (Administración Central, organismos del artículo 220 de la Constitución y organismos comprendidos en el artículo siguiente) el total de funcionarios que al menos estuvo certificado una vez durante el año 2021 representó el 45,79% con respecto al total de vínculos. 

Según las cifras oficiales, el promedio de días totales de certificación de quienes lo hicieron fue de 34,7 días, mientras que la mediana fue de 12 días. El promedio de días de certificación médica sobre el total de vínculos fue de 15,9.

La gestión de las bajas por enfermedad, según la ONSC, es relevante porque “afecta la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía” y aumenta la carga de trabajo del resto del personal. Es un indicador que habla de “niveles bajos de compromiso y productividad” por parte de los empleados.

En ningún caso se trata de desatender los eventuales problemas de salud de los empleados públicos, pero sí sancionar a quienes realicen un mal uso de las licencias médicas, algo que parece desprenderse de la enorme cantidad de bajas anuales por supuesta enfermedad. 

Una buena operatividad pasa por ejercer más controles en los servicios médicos que extienden las certificaciones en la administración pública; más exigencia a los mandos medios en la gestión del ausentismo por enfermedad y a los departamentos de recursos humanos, de acuerdo con lo que recogen estudios.

El país se pierde una gran oportunidad de saldar la enorme injusticia ante la cobertura de enfermedad de los trabajadores privados, quienes no reciben ningún pago los primeros tres días, salvo algunos sectores concretos, y un 75% a partir del cuarto día que abona el BPS.

En 2004, el columnista Tomás Linn acuño la frase “los nabos de siempre” para ilustrar los vicios del Estado que ofenden al ciudadano común: el costo del Estado, los “ñoquis”, la corrupción en organismos públicos, la “desconsideración” a los contribuyentes, los pases en comisión…
Sin duda, que el régimen de licencia por enfermedad de los funcionarios públicos debería incluirse en esa lista “interminable” de problemas de un Estado “maltrecho y mal concebido”.